En febrero de 2011 Felipe Brizuela fue atrapado en flagrancia cuando asesinó a su cónyuge. Desde el principio fue protegido por José Gabriel Rodríguez, juez mixto de Primera Instancia de San Juan de los Lagos, dicen los padres de la víctima. Él y sus pares de la Décima Sala del Sistema del Supremo Tribunal de Justicia estatal maniobraron para que el detenido fuera remitido al Centro de Atención Integral en Salud Mental Estancia Prolongada, de donde previsiblemente escapó.
Aurelio Romo Gutiérrez y Eliazer María Ruvalcaba Hermosillo, los padres de Rosa Estela Romo Ruvalcaba –quien murió por la golpiza que le propinó su cónyuge Felipe Brizuela Muñoz en febrero de 2011– presentaron una queja en noviembre de 2013 ante el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco contra el juez mixto de Primera Instancia de San Juan de los Lagos, José Gabriel Rodríguez Rodríguez, a quien acusan de favorecer al asesino.
En su querella –que no fue atendida–, el matrimonio asegura que el juez Rodríguez presuntamente recibió varios millones de pesos para favorecer a Brizuela Muñoz desde el principio, dinero del cual habría repartido una cantidad entre los magistrados de la Décima Sala del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), instancia donde finalmente se desahogó el caso.
El 3 de febrero de 2011, Brizuela Muñoz, atrapado en flagrancia por policías municipales cuando a bordo de la camioneta de ambos golpeaba brutalmente a Rosa Estela, fue remitido al Centro de Readaptación Social en Puente Grande, donde se arraigó el caso (Proceso Jalisco 375).
Sin embargo, como en la averiguación previa levantada en esa instancia se definió la nacionalidad del detenido –quien es mexicano, aunque durante su infancia radicó en Chicago–, el juez Rodríguez reinició el procedimiento contra Brizuela Muñoz. Fue entonces que intentó hacerlo pasar como inimputable, aun cuando en la Segunda Sala de lo Penal del STJ jamás se aceptó esa versión. Los padres de Rosa Estela aseguran que es probable que “le llegaran al precio al juez”, pues desde ese momento comenzó a proteger a Brizuela.
Según los demandantes, Rodríguez contó con el apoyo de varios peritos, entre ellos Jorge Armando Hugo Moreno, Andrés Alberto de Anda García y Guillermo Sierra Guzmán, para declarar loco al homicida. Sin embargo, ninguno de ellos era perito oficial. Uno es médico forense, dice la señora Ruvalcaba, mientras otro –Sierra Guzmán– le comentó que él tenía que poner en su dictamen lo que el juez Rodríguez le ordenaba.
Cuando el caso regresó de Puente Grande a San Juan de Los Lagos, el matrimonio Romo Ruvalcaba tramitó un recurso de recusación para que el juez Rodríguez ya no interviniera.
Sin embargo, el 6 de diciembre de 2012 –toca penal 1962/2012– la Décima Sala resolvió en forma colegiada que debido a que los quejosos no ratificaron su escrito de recusación se les tuvo por desistidos.
Los denunciantes se quejan porque, arguyen, “nunca nos dieron día y hora para que ratificáramos y así tenernos como desistidos y no hacer la investigación por oficio y, por ende, proteger a su amigo el juez mixto de primera instancia de San Juan”.
Según ellos, en la segunda instancia –la Décima Sala del STJ– “ya tenían el plan hecho”, pues para ayudar al juez de San Juan de los Lagos y a Brizuela, los abogados de la contraparte le solicitaron al juez de lo penal en Lagos de Moreno “resolver la imputabilidad”.
Así, prosiguen, el juez de Lagos de Moreno –Enrique Espinoza Niño–, al estudiar el expediente, observó que los dictámenes eran discrepantes: uno de los peritos decía que Brizuela era un retrasado mental, otro habló de una afección mental de celotipia, mientras que Luz Mila Páez Yépez, la especialista propuesta por ellos, dijo que el inculpado estaba bien de sus facultades mentales; “sólo simula estar loco”.
Espinoza Niño también comentó: en vista de que Brizuela tenía un patrimonio cuantioso: dos hoteles, una casa de lujo, un rancho de 110 hectáreas con 100 cabezas de ganado, vehículos de lujo y varios predios, era ilógico que estuviera mal de sus facultades, por lo que determinó improcedente la inimputabilidad.
El inculpado apeló esa resolución por escrito, lo que llamó la atención de los abogados contratados por los padres de Rosa Estela. Según ellos, es poco probable que una persona inimputable tenga capacidad para hacer una apelación formal. El caso de Brizuela regresó a la Décima Sala del STJ.
Apelaciones y omisiones
El matrimonio Romo Ruvalcaba buscó revocar la apelación, pero, dicen, “nunca nos notificaron cuándo era la audiencia de vista para la presentación de pruebas o alegatos. En el ínterin se presentaron dos peritajes –uno psicológico y otro psiquiátrico– como pruebas supervinientes. Ambos revelaron que Brizuela estaba sano, por lo que sí era responsable del asesinato de su cónyuge.
Sin embargo, subrayan, para proteger al juez Rodríguez y al inculpado, “los magistrados de la Décima Sala ignoraron ambos dictámenes y sólo consideraron el peritaje del médico forense que, le repito, no es psiquiatra, y, sin ningún estudio clínico especializado que lo comprobara, resolvieron que (Brizuela) era inimputable”.
De inmediato dieron la orden para que el inculpado fuera trasladado al Centro de Atención Integral en Salud Mental Estancia Prolongada (Caisame), también conocido como el Hospital Psiquiátrico El Zapote, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, el 4 de abril pasado.
Tres semanas después, el 28 de abril, los padres de Rosa Estela interpusieron un recurso de apelación de amparo directo en el cual solicitaron a la Décima Sala enviar el expediente original al Tribunal Colegiado de Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Nos preocupa que hasta hoy los magistrados de la Décima Sala de Jalisco han sido omisos, pues hasta ahora no han enviado los documentos originales a la tercera instancia; o los están escondiendo. Tenemos el acuerdo del juzgado de origen donde mencionan que ya fue enviado el expediente original el 16 de junio de 2014, y con esto hacer lento el juicio de amparo y por supuesto ayudan al juez de San Juan de Los Lagos y a Brizuela”, comentan.
Según los quejosos, “al iniciarse el juicio de parricidio (contra Felipe Brizuela), también se iniciaron los juicios de la custodia de los dos niños que el inculpado procreó con Rosa Estela. En ambos juicios civiles el juez sigue siendo José Gabriel Rodríguez Rodríguez, quien incluso nunca considera a Brizuela como un loco”.
Una fuga anunciada
Como el matrimonio no pudo evitar el traslado de Brizuela al Caisame, pidieron a la directora del Hospital Psiquiátrico, Lorena Hernández Muñoz, en tres ocasiones –el 2 y 7 de mayo, así como el 30 de julio– gestionar “ante las autoridades competentes que Felipe Brizuela Muñoz sea trasladado inmediatamente a otro centro de reclusión penitenciario de seguridad o a uno apropiado para delincuentes peligrosos.
“Sabemos que esta institución no cuenta con las instalaciones y el sistema de seguridad adecuados, por lo que es fácil evadirse de ella.”
De igual manera, el 6 de mayo último los padres de Rosa Estela entregaron un escrito al agente del Ministerio Público y al juzgado Penal del Tercer Partido Judicial con sede en Lagos de Moreno en el cual advertían que, al ser recluido en el Caisame, Brizuela podía fugarse y cometer más crímenes.
“Es lo que tratamos de evitar –decía el documento–, no sólo por nuestra familia, sino también en beneficio de la colectividad, de la sociedad y de los enfermos que se encuentran en ese centro de terapia psiquiátrica.”
E insistieron en que Brizuela fuera trasladado al pabellón psiquiátrico del Reclusorio Preventivo del Estado de Jalisco o al Centro Integral de Justicia Regional de Lagos de Moreno. Recordaron incluso que el Juzgado Penal del Tercer Partido, con sede en ese municipio, lo declaró imputable; es decir, “tiene la capacidad de querer y entender, de discernir entre el bien y el mal”.
El juez del Tercer Partido Judicial, César Eduardo González Ramírez, respondió el 21 de mayo a la solicitud de los padres de Rosa Estela:
“No resulta favorable su petición, porque si bien es cierto que este tribunal cuenta con las facultades para ordenar traslados y ejecutar sanciones de acuerdo a la Ley de Ejecución de Penas en el Estado, también lo es que el órgano jurisdiccional, al ordenar el traslado del indiciado Felipe Brizuela Muñoz al interior del Caisame, obedeció al cumplimiento a lo ordenado en la resolución del 2 de abril, pronunciada por los integrantes de la honorable Décima Sala Especializada en Justicia Integral para Adolescentes del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Jalisco.
“No existe causa justificada que amerite dicho traslado, tal como lo peticionan los promoventes, aun y cuando estos refieren que el indiciado Felipe Brizuela Muñoz es considerado de alta peligrosidad, puesto que dicha condición aún no se encuentra reconocida legalmente.”
Según González Ramírez, si el acusado “fue reconocido con una enfermedad mental que le altera su capacidad de discernir el bien del mal, nada mejor que una estancia (como el Caisame) que trata de salud mental, porque tampoco debe perderse de vista que así lo obliga nuestra legislación de la materia y fuero”.
De la decisión del juez fue enterada la agente del Ministerio Público de la adscripción, Griselda González Ramírez.
El 2 de junio de 2014, los señores se inconformaron por la decisión del juez y apelaron. Dos semanas después, el juez de lo Penal del Tercer Partido Judicial en el Estado, Francisco de Jesús Gabriel Meza Fregoso, le dio la razón a su colega González Ramírez.
“No ha lugar a admitírselos, ni se les admite, toda vez que si bien es cierto el recurso se encuentra presentado en tiempo; también lo es que no reúne los supuestos de forma, toda vez que dicho proveído no es de lo que se encuentra previsto en el numeral 32 del enjuiciamiento penal de la entidad, razón por la cual no es factible admitir el recurso planteado por los promoventes”, según el oficio que expidió.
Pese a las advertencias de los afectados, tres meses después, el 12 de septiembre, Brizuela escapó del Caisame. Ese día, el interno pidió autorización para ir a una tienda ubicada al interior del hospital y brincó una barda que da a la calle. Hasta el cierre de edición se desconocía su paradero.
El matrimonio Romo Ruvalcaba insiste en que tanto el juez Rodríguez como los de la Décima Sala del STJ hicieron todo lo posible para que Brizuela se escapara. Les preocupa también la negligencia de las autoridades del Caisame, quienes dejaron pasar más de un mes para reportar ante la Fiscalía General del Estado la fuga del asesino de su hija Rosa Estela.
