La salida de Ángel Aguirre, lejos de terminar con las movilizaciones en Guerrero y otras ciudades del país, sume a la entidad en una crisis de gobernabilidad. La semana pasada la temperatura política se elevó y tras los disturbios e incendios a varias instituciones los normalistas y sus padres dicen que la partida del mandatario no resuelve el problema de fondo, e insisten: lo importante es localizar a los 43 desaparecidos. Mientras tanto, el Congreso local intenta definir quién será el gobernador interino.
CHILPANCINGO, GRO.– El proceso electoral en la entidad para renovar la gubernatura, alcaldías y el Congreso local comenzó hace dos semanas y la clase política permanece escondida frente a la crisis de gobernabilidad generada por la masacre y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa hace un mes en Iguala.
El caso exhibió la descomposición de la clase política de la entidad, provocó la intervención directa del gobierno federal y marcó la caída del gobernador, Ángel Aguirre, quien ante la escalada de protestas que reflejan la indignación de las víctimas de la narcopolítica y el vacío de autoridad que prevalece en el estado anunció su separación del cargo la tarde del jueves 23.
Alcaldes y diputados locales del PRD y del partido Movimiento Ciudadano, que en su mayoría son señalados por sus presuntos nexos con el narco, al principio cerraron filas y manifestaron su apoyo a Aguirre.
El respaldo fue encabezado por el presidente del Congreso estatal, Bernardo Ortega Jiménez, del PRD, así como por el dirigente estatal de este partido, Carlos Reyes Torres, y los alcaldes perredistas de la Zona Norte y la Tierra Caliente.
Ahí, la Policía Federal (PF) tomó el control en 13 municipios porque determinó que la delincuencia controla esos territorios, como el caso de General Canuto A. Neri (Acapetlahuaya), donde el alcalde Eleuterio Aranda Salgado, El Solitario del Sur, sólo es conocido por interpretar narcocorridos que exaltan a los líderes del grupo delictivo La Familia.
La delgada cuerda que sostenía a Aguirre se reventó el jueves 23, un día después de que integrantes de la Asamblea Popular Nacional (APN), que aglutina a normalistas, miembros del magisterio disidente, padres de familia de los desaparecidos e integrantes de organizaciones sociales –algunas de ellas vinculadas por el gobierno federal con la guerrilla– marcharon en Iguala, el epicentro de la tragedia, donde destrozaron e incendiaron la sede del ayuntamiento.
Esas acciones desataron la ira acumulada de la población igualteca marginada, que saqueó las oficinas del ayuntamiento y locales del centro comercial Plaza Tamarindos, propiedad de José Luis Abarca Velázquez, el exalcalde, quien se encuentra prófugo.
La caída del gobernador Aguirre, a quien le quedaba casi un año en el gobierno, refleja el desgajamiento de la clase política y afecta de manera directa a los líderes de las principales corrientes del PRD en la entidad que son señalados de aliarse con la delincuencia y defender a ultranza al expriista que hace tres años postularon a la gubernatura y ahora deja la administración al igual que Rubén Figueroa Alcocer en 1996: por una masacre que se pudo evitar.
Tensión legislativa
Los diputados locales convocaron a sesionar durante la noche del viernes 24 y la madrugada del sábado 25, en la sede del Congreso, donde se pretende autorizar por vía rápida la licencia del gobernador, luego de que la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, que encabeza el perredista Ángel Aguirre Herrera, hijo del mandatario, presentó el dictamen ante el pleno.
Se espera que el martes 28 los diputados locales definan quién será el gobernador interino. Por el momento el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, funge como encargado de despacho de la administración aguirrista.
Entre los posibles sucesores de Aguirre se perfilan la actual secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Mojica Morga, respaldada por la corriente Nueva Izquierda, el mismo grupo político que impulsó la candidatura de Abarca Velázquez.
Los panistas promueven al exembajador de México en Colombia Florencio Salazar Adame, mientras que el PRI impulsa al rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña, indicaron fuentes oficiales.
El viernes 24 la dirigencia estudiantil de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos y los padres de familia de los 43 estudiantes desparecidos señalaron que la salida de Aguirre no resuelve el conflicto social que se vive en la entidad y advirtieron que las protestas van a continuar.
“El plan de lucha se mantiene y estamos decididos a todo. Si es necesario perder la vida por buscar a nuestros hijos, no importa. Ya basta de burlas del gobierno”, expresó Mario César González, padre de César Manuel González, uno de los 43 desaparecidos.
En conferencia realizada en la sede de la Normal de Ayotzinapa, los estudiantes reprocharon el hecho de que el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, impulse una línea de investigación relacionada con la disputa de las bandas delincuenciales por la plaza de Iguala, en la que presuntamente los estudiantes habrían sido utilizados por el grupo delictivo Los Rojos para “calentar” el bastión de Guerreros Unidos.
El miércoles 22, el funcionario indicó que el sábado 18 la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría capturó a Sidronio Casarrubias Salgado, cabecilla de Guerreros Unidos, quien aportó información sobre la agresión del 26 de septiembre en Iguala.
Él dio información acerca de que la orden de enfrentar a las personas les llegó a los policías municipales vía radio desde la Central, de parte del A5, clave con que identificaban al alcalde de Iguala.
Casarrubias señaló a la esposa de Abarca Velázquez, María de los Ángeles Pineda Villa, de ser la principal operadora de actividades delictivas desde la presidencia municipal, en complicidad con él y con el secretario de Seguridad, Felipe Flores Velázquez.
Indicó que cuando inició el episodio con los estudiantes, el líder de Guerreros Unidos fue contactado por su lugarteniente –conocido como El Gil–, quien en un mensaje por celular reportó los conflictos que se estaban suscitando en Iguala, atribuyéndolos a un grupo delictivo contrario.
Ante ello, Casarrubias avaló las acciones para “la defensa de su territorio” de influencia en Iguala. Además, dijo que Pineda Villa es pariente en grado directo de dos operadores financieros del grupo que dirigía Arturo Beltrán Leyva.
Guerreros Unidos, dijo, recibía del alcalde de 2 a 3 millones de pesos al mes, de los cuales cuando menos 600 mil eran destinados al control de la policía local. Además, el grupo delincuencial decidía los ingresos de los nuevos policías municipales.
La procuraduría también acreditó que el subjefe de la policía de Cocula, César Nava, estaba a las órdenes de Guerreros Unidos.
Jornadas de violencia
“La Normal de Ayotzinapa rechaza categóricamente estas líneas de investigación y solicita a la Procuraduría General de la República el redireccionamiento de la misma, para lo cual estamos dispuestos a colaborar”, señala el comunicado que los estudiantes de la normal presentaron ante medios de comunicación el viernes 24.
“Con el correr de los años, y a medida que el modelo económico capitalista se profundiza y afianza, han aumentado exponencialmente las agresiones contra nuestra casa de estudios”, denunciaron los estudiantes en conferencia de prensa.
Y agregaron: “El Estado nos descalifica, denuesta, persigue y nos mata, mientras que al crimen organizado lo cubre con el manto y uniforme que brinda el poder público y se confabula con ellos para matarnos, en un intento de acallar las voces de libertad y justicia que surgen con estridencia desde Ayotzinapa.”
Asimismo, algunos padres de familia comentaron que la salida del gobernador Aguirre Rivero es intrascendente, pues no resuelve el fondo del problema. Para ellos, lo fundamental es encontrar con vida a los 43 desaparecidos y castigar a los políticos que, por omisión o corrupción, actuaron en contubernio con sicarios para aniquilar a estudiantes.
A pesar de que desde el lunes 20 el gobierno federal asumió el control de 13 municipios del estado por considerar que sus cuerpos policiacos están al servicio de la delincuencia, el vacío de autoridad se hizo evidente durante las protestas y disturbios ocurridos el miércoles 23 en Iguala, en las cuales los agentes de la PF se quedaron en los hoteles y dejaron el lugar sin presencia policiaca.
Durante más de cinco horas la ciudad tamarindera fue escenario del caos y el desorden en este lugar controlado por la delincuencia, donde hace dos semanas la Gendarmería adoptó las funciones de seguridad y que este día simplemente no se notaron.
Miembros del magisterio disidente irrumpieron en la sede del ayuntamiento, destrozaron el inmueble y lo quemaron. Enseguida, decenas de jóvenes provenientes de colonias marginales de la ciudad desataron su furia perpetrando actos de rapiña; decenas de adolescentes, mujeres y hombres saquearon la sede del ayuntamiento, se llevaron ventiladores, computadoras, mesas y sillas.
Cinco horas después de los disturbios, la PF intervino sólo para dar protección al centro comercial y capturó a 10 personas que presuntamente se llevaban pantallas y teléfonos celulares.
A las 11:50 horas, un multitudinario contingente marchó sobre el bulevar Iguala-Taxco, para luego dirigirse al centro de la ciudad. En su paso, el “núcleo duro” de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) detuvo a un agente de la PF, el suboficial Agustín Dorantes Pineda, así como a un presunto informante de los delincuentes, debido a que ambos seguían de cerca la movilización tomando fotos con sus teléfonos móviles.
A la una de la tarde, los cetegistas arremetieron contra el edificio del ayuntamiento de Iguala, que previamente había sido desalojado; destrozaron una parte del inmueble y se retiraron del lugar luego de incendiar una parte del edificio, ubicado en las calles Vicente Guerrero y Bandera Nacional.
Fue hasta las 18:30 cuando bomberos y brigadistas pudieron ingresar para sofocar el incendio en el ayuntamiento frente a la mirada de los igualtecos, quienes debieron cerrar los establecimientos comerciales del centro de la ciudad.
Por la madrugada del martes 22, integrantes de la guardia comunitaria que opera en Tixtla, portando armas largas y encapuchados, bloquearon las carreteras que conectan la región Centro con la Montaña, lo que trastornó el sistema de transporte público y la actividad económica y comercial de esta importante franja de la entidad.
De manera paralela, normalistas de Ayotzinapa, padres de familia de los desaparecidos, miembros del magisterio disidente y ciudadanos marcharon por las principales calles de Tixtla y tomaron la sede del ayuntamiento, con el que suman 13 los inmuebles cerrados de los 81 municipios que conforman la entidad.
Por la tarde se registró la acción más violenta del día, cuando miembros de la CETEG marcharon por las calles de Chilpancingo y se encaminaron a la sede estatal del PRD, sobre la calle Miguel Alemán, a cuatro cuadras del zócalo capitalino. Enseguida, cargaron contra el inmueble, destrozaron oficinas, equipo de cómputo y un auto que estaba estacionado adentro del edificio.
Luego, prendieron fuego al lugar y se retiraron en medio de consignas en contra de los principales líderes del PRD en la entidad, quienes han sido señalados por autoridades federales por sus presuntos nexos con el narco, entre ellos el dirigente estatal Carlos Reyes; el presidente del Congreso local, Bernardo Ortega, y Abarca Velázquez, el alcalde igualteco defenestrado.
Pese a la salida de Aguirre, las manifestaciones no cesan y se tornan más radicales aún. (Con información de Patricia Dávila.)
