La violencia en México está de nuevo bajo el escrutinio internacional. Con mayor insistencia que en épocas pasadas, los acontecimientos de Tlatlaya e Iguala han ocupado espacios importantes en los medios de comunicación internacionales y en los pronunciamientos de gobiernos, parlamentos y organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales. Los parlamentarios de la Unión Europea han llegado, incluso, a solicitar que se paralicen los trabajos para la modernización del Acuerdo Global con México en tanto no se reconstruyan la confianza en la aplicación efectiva de los derechos humanos y el estado de derecho en nuestro país.
Es notable el contraste entre la imagen de México como el país soñado para la inversión extranjera y el turismo, que con tanto entusiasmo promueve el gobierno de Peña Nieto, y la realidad de una nación donde el horror se ha amparado de sus instituciones políticas y la violencia se manifiesta bajo sus peores formas. Esa visión contradictoria ha roto, quizá definitivamente, con el encanto que se pretendía construir sobre las promesas de las llamadas reformas estructurales.
Los hechos han reiterado que el problema de la violencia y la inseguridad en México tiene raíces más profundas de lo que el actual gobierno quería reconocer. No basta un cambio en la narrativa para poner fin a un largo proceso de descomposición social y política cuyos elementos más inquietantes son la profunda debilidad institucional –en particular en los niveles estatales y municipales–, la recurrente impunidad y el desprestigio y corrupción de los partidos políticos. Esto último deja sin canales de expresión a la ciudadanía y abre las puertas a las formas más desordenadas y peligrosas de manifestación del descontento.
Entre las instituciones internacionales que de manera rigurosa están dando seguimiento al problema de la violencia en México se encuentra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato es promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la mencionada organización en la materia.
En uno de sus últimos comunicados a la prensa (08/10), la CIDH llama la atención sobre el hecho de que, ya en 2011, después de una visita de trabajo a nuestro país, hizo hincapié en que el Estado mexicano enfrentaba importantes desafíos relacionados con el aumento del poder de las organizaciones del crimen organizado, observando que estos grupos poseen armas altamente destructivas y tendrían influencia en algunos ámbitos a nivel local y federal. Además, indicó que muchos actos criminales perpetrados por tales bandas “habrían contado con la participación de elementos corruptos pertenecientes a la policía y órganos del Estado, lo que les habría facilitado la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, propiciándose la impunidad”. Tres años después, el diagnóstico anterior y las preguntas sobre qué se ha hecho para remediarlo cobran mayor vigencia.
A su vez, la documentación sobre los serios problemas que se venían gestando, en particular para el caso de las desapariciones forzadas, ha sido elaborada cuidadosamente por Human Rights Watch (HRW), la que desde hace tiempo se viene ocupando del tema, convirtiéndose en referencia obligada para proporcionar datos, elaborar metodologías dirigidas a encontrar a las personas ausentes, dar asistencia a víctimas y hacer recomendaciones en prevención del delito.
Como lo pone en evidencia el terrible descubrimiento de fosas clandestinas cerca de Iguala, los acontecimientos de Ayotzinapa no son excepcionales. El recurso a desapariciones forzadas por parte del Ejército, la policía y las organizaciones criminales ha sido frecuente. Sin embargo, HRW señala en carta enviada al secretario de Gobernación sobre desapariciones (08/10/2014) la incertidumbre que prevalece al respecto desde el sexenio de Calderón y lo poco que se avanza en la prevención de ese delito en el gobierno actual. Como ejemplo, manifiesta: “El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, adoptado por el gobierno y publicado en abril de 2014 con el propósito de definir de manera general sus estrategias y objetivos en materia de prevención del delito y seguridad ciudadana para los próximos cuatro años, no hace siquiera mención del problema de las desapariciones.
“En la reunión con HRW, el subsecretario Campa manifestó interés en entablar contacto con organizaciones de la sociedad civil que trabajen ese tema. El 26 de agosto, HRW proporcionó datos de contacto de algunas de las principales organizaciones. A la fecha de la redacción de esta carta, las organizaciones no han sido contactadas.”
Semejante omisión es signo elocuente del escaso interés otorgado por el gobierno federal a un enfoque de seguridad pública que responda a la gravedad de los problemas que se enfrentan. Existe, sin embargo, un elemento novedoso en el cuadro actual, que es el conocimiento acumulado por instituciones de la sociedad civil nacional e internacional, el cual fortalece sus posibilidades para alertar a la opinión pública. Aunque todavía incipiente, surge, pues, un contrapeso a la simulación y el triunfalismo falso que proviene de las élites políticas.
Sin duda se harán esfuerzos para un golpe de timón que permita superar la coyuntura y mala imagen que prevalece. Se cuenta para ello con los poderosos intereses económicos y políticos que prefieren mantener la imagen de una tierra promisoria. Ahora bien, eso no se sostiene en el largo plazo. Sin mover al país en su conjunto hacia un estado de derecho apoyado en una sociedad menos polarizada, más igualitaria y mejor informada, la dualidad del México imaginario y el del horror seguirá presente.
