WASHINGTON/BRUSELAS/BERLÍN (Proceso).- Ante la imagen negativa que México proyecta en el exterior por los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa, el gobierno de Enrique Peña Nieto aplicó una estrategia de control de daños: Las embajadas mexicanas envían cartas y comunicados a gobiernos y parlamentos de las naciones ante las cuales están acreditadas, los jefes de misión convocan a periodistas para “retransmitirles” el mensaje que el mandatario leyó el lunes 6 o hacen “visitas de cortesía” a medios locales para ofrecer la versión de lo que “realmente” ocurre en el país.
El objetivo: Crear la percepción de que el gobierno mexicano tiene el control de la situación en varios estados –donde en realidad la violencia está desbordada– y cumple sus compromisos internacionales en materia de seguridad, justicia y derechos humanos.
Y es que la matanza de Tlatlaya, la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa y el descubrimientos de las fosas clandestinas en Iguala –hechos ampliamente difundidos por la prensa internacional–, empiezan a tener efectos concretos en materia de política exterior: la Organización de las Naciones Unidas, la de Estados Americanos (OEA) y el Departamento de Estado de Estados Unidos condenaron los acontecimientos y exigieron una investigación completa y transparente para esclarecer esos crímenes y llevar a ante la justicia a los responsables.
Más aún: 16 diputados del Parlamento Europeo solicitaron que el proceso de modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea (UE), que negocian actualmente ambas partes, se suspenda hasta “reconstruir la confianza” con las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1980, ya en circulación)
