La obligación de contribuir a las acciones de mantenimiento de la paz decididas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no es una idea nueva. Está prevista en los artículos del capítulo VII de la carta constitutiva de esa organización. Allí se establece, entre otros, el compromiso de “poner a disposición del consejo de seguridad… las fuerzas armadas, la ayuda y facilidades necesarias… para el propósito de mantener la paz” (art 43). Se establece, también, que dichas fuerzas quedarán bajo el comando de un Comité de Estado Mayor integrado por los jefes de Estado Mayor de los miembros permanentes del Consejo.
Las condiciones prevalecientes en el mundo durante los años que siguieron hicieron imposible que esos compromisos se cumplieran. El Consejo de Estado Mayor nunca se integró, el compromiso de poner a disposición fuerzas armadas para el mantenimiento de la paz nunca se hizo efectivo. Se optó entonces por una figura mucho menos ambiciosa. Aparecieron las primeras operaciones de mantenimiento de la paz (OMP’s), los llamados “cascos azules” cuya responsabilidad era puramente disuasiva. Sus funciones se limitaban a asegurar, por ejemplo, que no se reanudarían hostilidades cuando se había decidido una tregua colocándose sobre una línea que no debía traspasarse.
Durante varios años el papel de las OMP’s tuvo muy escasas repercusiones en los problemas de paz y seguridad internacionales. Fueron una expresión del escaso margen de maniobra que tenía un Consejo de Seguridad paralizado por el veto proveniente de dos de sus miembros permanentes con posturas irreconciliables: Estados Unidos y la URSS.
Con el fin de la Guerra Fría, las circunstancias cambiaron. En el decenio de los noventas el Consejo de Seguridad promovió y logró acuerdos para poner fin a numerosos conflictos en África, Asia y Centroamérica. Entre ellos se pueden recordar los casos de Camboya, Angola o El Salvador. La implementación de dichos acuerdos estuvo a cargo de una nueva generación de OMP’s cuyas responsabilidades fueron mucho más amplias que en el pasado. Un caso ilustrativo del nuevo papel asignado a las mismas fueron las funciones llevadas a cabo en El Salvador, donde la operación conocida como Onusal se hizo cargo, entre otros, de supervisar el cumplimiento de acuerdos de paz, contribuir a la elaboración de una nueva constitución, organizar elecciones, organizar los nuevos cuerpos de policía, supervisar la desmovilización y desarme de antiguos combatientes. En otras palabras, Onusal fue el instrumento que aseguró la efectiva reconstrucción de un país que salía de largos años de lucha. México participó en esa operación.
Los alcances y límites de las nuevas OMP’s han sido muy variados. En ocasiones, como ocurrió en los Balcanes, su contribución al restablecimiento de la paz ha sido puesto en duda; en otros, ha sido un factor central para detener el deterioro, para impedir que un conflicto se desborde hacia otros países, para paliar efectos devastadores de desastres naturales o para construir un nuevo Estado.
La mayoría de OMP´s se encuentran actualmente en África, donde problemas ancestrales asociados con diferencias tribales han hecho muy difícil lograr condiciones de estabilidad que permitan el desarrollo económico y la vida democrática. Los casos de Sudán o el Congo se encuentran entre los que han requerido más atención y no ofrecen resultados palpables.
Lo cierto es que las OMP’s son un botón de muestra de la fragilidad del llamado orden internacional en que vivimos y la insuficiencia de los recursos con que cuentan las Naciones Unidas para cumplir con las responsabilidades que se le han atribuido. Aún así, las OMP’s son valoradas como el único instrumento tangible con que se cuenta para ayudar al restablecimiento de la paz en algunas de las regiones más desfavorecidas del mundo. Por ello ocupan gran parte de las labores del Consejo de Seguridad. Hay largas sesiones destinadas a discutir la creación, ampliación, mandato, terminación o problemas financieros de las OMP’s. Participar en las mismas es visto como un hecho que permite medir el grado de compromiso que un país asume en tareas de mantenimiento y restablecimiento de la paz.
Cuando el Consejo de Seguridad creó una OMP para Haití, la responsabilidad de los países de América Latina fue muy notoria. Brasil encabezó sus labores y la participación de Chile, Uruguay y Argentina se ha hecho sentir a lo largo de su existencia. El Secretario General de la ONU y los líderes de Chile y Brasil insistieron ante el gobierno mexicano para que participara en ella, una manera de proyectar una América Latina solidaria. La negativa fue sorpresiva; colocó a México en un lugar especial cuyas razones no eran plenamente comprensibles. Cabe señalar que dentro de los países del G20 México es el único que no participaba en ellas.
Son varios los motivos que explican esa renuencia que duró veinte años: por una parte la opinión negativa de la Secretaría de Defensa, inspirada por una vieja actitud defensiva ante el exterior; de la otra, la confusión existente entre líderes políticos y opinión pública sobre cuál es el procedimiento que pone andar a una OMP y las condiciones y alcances de participar en ella. A pesar de su denominación genérica, una OMP sólo es decidida por el Consejo de Seguridad; no puede provenir de un país o grupo de países actuando fuera de ese órgano. La participación en ellas es voluntaria; a partir de los requerimientos que tiene cada operación, el Secretario General de la ONU invita a participar y cada Estado decide cuántos civiles o militares se integran a ella. Es previsible que México no envíe más de una decena de personas. Eso sugiere el tono cauteloso con que Peña Nieto anunció la decisión de volver a participar en ellas. Ahora bien, se trata de un paso esperado, positivo y congruente. Desde que México firmó la Carta de la ONU, la solidaridad con actividades para la paz decididas por el Consejo de Seguridad estaba establecida.
