El caso de Oceanografía dio un vuelco el 24 de septiembre, cuando el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, compareció en San Lázaro y dijo que Banamex, y no la empresa de Amado Yáñez Osuna, es la responsable del fraude contra Pemex. Así, la culpabilidad recae en un sobrino del exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz: Martín Díaz Álvarez, accionista minoritario de la compañía naviera vinculado a Banamex. Ahora es la institución crediticia la que está bajo sospecha.
En un giro de 180 grados en el caso Oceanografía, Banamex-Citigroup puede pasar de acreedor a deudor en esta trama, que asemeja los mecanismos de fraude interno del Fobabroa en la institución bancaria más grande del país.
La razón: el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, señaló como principal responsable del fraude a Martín Díaz Álvarez, accionista minoritario de Oceanografía vinculado a Banamex, y no a Amado Yáñez Osuna, director de aquella empresa.
Documentos obtenidos por este semanario en relación con los contratos entre Banamex y la compañía naviera, la declaración del concurso mercantil de Oceanografía y avances de la investigación ministerial del caso, que lleva siete meses, revelan que no hubo tal “falsificación de facturas”, como señaló la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en su opinión del delito (Proceso 1977), sino estimaciones de cuentas por cobrar elaboradas por personal de Banamex.
El documento del 18 de diciembre de 2013 titulado Fideicomiso de Administración No. 16579-2, por ejemplo, enlista 36 presuntas “facturas” que en realidad son estimaciones por cobrar hasta el 17 de marzo de 2014. Todas fueron firmadas y elaboradas por Eunice Barrera Montañez, quien aparece como “delegada fiduciaria” de Banamex.
La institución alertó desde el 28 de febrero de 2014 a la Bolsa Mexicana de Valores sobre un “fraude recientemente descubierto” que ascendía a 585 millones de dólares (7 mil 600 millones de pesos) en relación con créditos otorgados a la empresa naviera de Amado Yáñez. Empero, no ha logrado acreditar todas esas deudas y éstas han ido disminuyendo a menos de 150 millones (mil 900 millones de pesos).
Originalmente, Banamex estimó que podía “comprobar la validez” de aproximadamente 185 millones de los 585 millones de dólares de cuentas por cobrar, desglosadas de la siguiente manera: 75 millones “comprobados en documentación en los registros de Pemex” y 110 millones en trabajo documentado y realizado “que aún estaba en proceso de aprobación de Pemex”.
El 3 de septiembre se venció el plazo para que Banamex-Citigroup presentara ante el juez concursal Felipe Consuelo Soto los contratos que acreditaran la multimillonaria deuda de 585 millones de dólares. En la lista provisional, el conciliador José Antonio de Anda Turati la redujo a 150 millones de dólares.
De acuerdo con los papeles presentados por Oceanografía S.A. (OSA) ante el tribunal, Banamex no ha podido demostrar ante el juez qué hizo con la retención de más de 2 mil millones de pesos del cobro de IVA a los contratos de Oceanografía, además de los intereses retenidos por cerca de 4 mil millones de pesos que le cobraron a la empresa, lo que sirvió para exentar impuestos ante la Secretaría de Hacienda.
En su comparecencia ante la Cámara de Diputados el 24 de septiembre, el procurador Murillo Karam culpó a Díaz Álvarez, sobrino del exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, de ser el principal responsable y planificador del fraude que se realizó en las entrañas de Banamex.
Murillo aclaró a los diputados que “no hubo fraude a Banamex porque el banco estaba de acuerdo con Oceanografía” y “los delitos graves no los cometió Yáñez, sino su socio”, el accionista minoritario Martín Díaz Álvarez, quien se incorporó para aportar sus “contactos” con la institución bancaria.
“Lo que hay es un movimiento delictivo en el que se usa el dinero de un crédito para otra cosa, que eso es exactamente lo que se hacía. Eso está tipificado en el artículo con el que se consignó a Amado Yáñez y no es grave”, afirmó Murillo Karam ante las reiteradas críticas por su trato preferencial al principal accionista de Oceanografía.
“Pero en el caso del socio Díaz Álvarez –quien planificó y envolvió otro tipo de acciones en razón de otras empresas mucho más delicadas, como la Caja Libertad–, el delito es grave porque implica ya un daño posible a una mayor cantidad de gente y entra en otra fracción del mismo artículo”, abundó el procurador.
Desde principios de septiembre, la PGR solicitó la captura y extradición de Díaz Álvarez, quien presuntamente vive en Miami. Sin embargo, hasta la fecha ni su rancho de 300 hectáreas en Tepeji ni su residencia en Lomas de Chapultepec ni su empresa tequilera han sido incautadas, informó el periódico Reforma el 26 del mes pasado.
Díaz Álvarez y la empresa GGM Energy se incorporaron como accionistas de Amado Yáñez por la falta de liquidez de la empresa, según admitió el propio Yáñez ante el notario público interino 102, Sergio Fernández Martínez.
En ese documento, Yáñez afirma que carece de liquidez “para cubrir en numerario la cantidad generada” y decide “cubrir el importe de tales servicios mediante la transferencia a GGM Energy”.
Administradores de lujo
Lo más paradójico de la situación de Oceanografía, intervenida por el SAE, es que se trata de una empresa que, con pasivos por más de 14 mil millones de pesos (10 mil millones de éstos, vencidos), sólo tiene 51 millones de activos fijos, y ahora ofrece sueldos de hasta 619 mil pesos mensuales a su actual administrador general, Luis Alfonso Maza Urueta, y de 200 mil pesos mensuales a los interventores Alfonso Salvador Compeán Gallardo y Gustavo Enrique Bazúa Witte, los mismos que estuvieron involucrados en la “quiebra” de Luz y Fuerza del Centro.
Proceso obtuvo las copias de los pagos de honorarios de mayo y abril de 2014 de estos funcionarios –que cobran más que el presidente de la República. Durante la comparecencia del director del SAE, Héctor Orozco Fernández, ante la comisión investigadora del caso Oceanografía, tuvo que decir que “se redujeron esos salarios”.
La senadora del PRD Dolores Padierna le preguntó a Orozco Fernández: “¿Cómo explica usted esos salarios de lujo en una empresa quebrada? ¿A costa de quién se dan estos ingresos fuera de toda proporción?”.
Maza Urueta, actual administrador de Oceanografía, no es un personaje cualquiera. Padierna reveló que es cuñado del exgobernador del Estado de México Alfredo del Mazo González, tío de Enrique Peña Nieto, perteneciente al “círculo de poder” de Atlacomulco.
Además, Maza Urueta “es muy cercano al abogado general de Pemex, Marco Antonio de la Peña Sánchez, con quien trabajó en Banobras, y luego estuvo bajo las órdenes de Tomás Ruiz González en la Lotería Nacional”, abundó Padierna en la comparecencia.
Maza Urueta fue director de Promoción y luego de Finanzas y Administración de Banobras entre 2000 y 2003, las mismas fechas del polémico “autopréstamo” de Felipe Calderón Hinojosa, entonces director de ese banco. El director fiduciario de Banobras es el mismo abogado general actual de Pemex: Marco Antonio de la Peña Sánchez.
De la Peña Sánchez y Maza Urueta volvieron a coincidir en la Lotería Nacional. Mientras el actual abogado general de Pemex era el subdirector jurídico de Lotenal, Maza Urueta era subdirector general de Finanzas y Sistemas.
Por su parte, Bazúa Witte es muy cercano a Francisco Gil Díaz, el tío de Martín Díaz Álvarez, y pariente de Juan José Suárez Coppel, director de Pemex en tiempos de Fox y uno de los primeros en iniciar una persecución contra Oceanografía.
Bazúa Witte fue titular de la Tesorería de la Federación en el sexenio de Fox, a propuesta de Gil Díaz, entonces secretario de Hacienda. Luego se desempeñó como director Corporativo de Comercialización y Mercadotecnia en el SAE, cargo en el que permaneció hasta el 30 de abril pasado, cuando fue designado interventor de Oceanografía.
En la comparecencia del miércoles 24, la senadora Padierna también destacó que el juez Consuelo Soto fue “el mismo encargado de alargar tramposamente la agonía de Mexicana de Aviación”. En el caso de Oceanografía “ha actuado diametralmente opuesto al caso de Mexicana, y sus decisiones parecen encaminadas a beneficiar al mismo grupo económico en ambos casos: la familia de Miguel Alemán”, abundó la legisladora del PRD.
En su respuesta, Héctor Orozco Fernández afirmó que existe una lista provisional de adeudos que, justo por ser provisional, proporciona una oportunidad a los acreedores para presentar su información.
“De lograrse un acuerdo con los acreedores, la empresa podría mantenerse en marcha, pero de no ser así, se buscará el pago ordenado a los diferentes acreedores”, dijo el director del SAE.
Negó que existiera “conflicto de interés” en la contratación de los directivos de Oceanografía y admitió que existen altos salarios porque el SAE no puede tomar decisiones “fuera de mercado”, ya que quienes trabajan para la empresa deben tener sueldos “acorde con el mercado y con su responsabilidad”.
Actualmente, Oceanografía tiene en operación 10 barcos y una plantilla que ronda los 4 mil empleados. Además, el SAE gestionó la liberación de recursos de esta empresa, que depende en 90% de sus contratos con Pemex, para pagar al menos 80% de sus obligaciones vencidas.
Pistas perdidas
La investigación de la PGR y de la CNBV acreditó a 11 funcionarios de Banamex como responsables de un presunto fraude interno por 455 millones 281 mil pesos, inicialmente; los dos primeros mencionados en la lista son Emilio Granja Gout (director de Banca Corporativa) y Alfonso Ortega Brehm (jefe de la Unidad de Servicios de Transacción Global de Banamex). Ambos firmaron el contrato regulador entre la institución bancaria y Oceanografía, según se lee en la copia obtenida por Proceso.
Granja Gout reveló en su declaración ministerial que él conocía a Martín Díaz Álvarez porque habían sido compañeros en la universidad.
En la lista de funcionarios implicados de Banamex no aparece Eunice Barrera Montañez, quien firmó el 18 de diciembre de 2013 las presuntas “facturas falsas” de Oceanografía, que en realidad son estimaciones o adelantos de pagos futuros, procesados en el tema donde Banamex maneja conflictos de interés al ser cliente como fiduciario y acreedor al mismo tiempo.
El caso más singular es el de Érik Cervantes Murillo, identificado como “analista de negocios”, detenido la madrugada del 20 de febrero último cuando intentó sustraer documentos que evidenciaban el fraude millonario de una sucursal de Banamex en Villahermosa.
La averiguación previa 547/2014 de la Procuraduría General de Justicia de Tabasco estableció que, a las tres de la madrugada con 51 minutos de ese día, Cervantes Murillo se presentó en la sucursal y fue videograbado cuando sustraía documentos. Él se encargaba de todos los fideicomisos relacionados con OSA.
Su detención aceleró la intervención de la PGR, pero también del equipo jurídico de Banamex. El apoderado legal del banco, Héctor Aragón López, no aportó pruebas para documentar las acusaciones contra Cervantes Murillo, por lo que éste fue liberado por la juez sexto de lo penal de Villahermosa, Guadalupe Vázquez, porque, a fin de cuentas, “eran sólo papeles”, según los abogados de Banamex.
Al parecer, Cervantes recibió órdenes de un alto ejecutivo de Banamex. Actualmente, el joven que presumió ser “el número uno en ventas en toda el área de trade (comercio internacional) en banca corporativa” de dicha institución se encuentra desaparecido.
