La reciente ola de violencia que se desató en el estado de Guerrero ya provocó el asesinato del sacerdote José Ascensión Acuña Osorio, integrante de la diócesis de Ciudad Altamirano, así como la desaparición del religioso ugandés John Ssenyado, quien estaba trabajando en la de Chilpancigo-Chilapa, sin contar las múltiples amenazas de muerte, secuestros y extorsiones que padece el clero de la región.
Los obispos de las cuatro diócesis de Guerrero, a través de comunicados de prensa, ya han externado su alarma al advertir que sus párrocos –por el hecho de acompañar “de cerca” a sus comunidades– “corren los mismos riesgos que el resto de la población y están expuestos a las amenazas de cualquier ciudadano que esté en esas circunstancias”.
Los prelados también reprueban la “acción violenta” de la policía de Iguala contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y los futbolistas que fueron masacrados. Estos “hechos violentos” –dicen– ya provocaron “una grave situación social y pueden desencadenar una crisis política”.
El sacerdote José Ascensión Acuña Osorio, de 37 años y párroco del templo de San Miguel Totolapan, fue levantado el pasado 21 de septiembre antes de oficiar su misa dominical. Dos días después se encontró su cadáver flotando en el río Balsas, cerca de la pequeña comunidad de Santa Cruz de las Tinajas.
El hallazgo se realizó gracias a una llamada anónima realizada a la línea de emergencias 066. Personal del Ministerio Público y agentes de la Policía Ministerial se trasladaron al río y procedieron al levantamiento. Llevaron el cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense de Iguala, donde se le hizo la necropsia de ley y se determinó que la causal de muerte fue ahogamiento. El cuerpo también presentaba signos de tortura.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, por medio de un boletín de prensa, informó que inició la averiguación previa por homicidio y que “se desconoce el móvil del asesinato”.
El padre Acuña era originario del Estado de México, pero realizó sus estudios eclesiásticos en la diócesis de Ciudad Altamirano, donde después se quedó a ejercer el sacerdocio. Aparte de ser párroco, impartía clases en el seminario mayor, era el coordinador diocesano de movimientos y vicario de pastoral de la diócesis.
Por lo que respecta al misionero africano John Ssenyado, fue levantado la tarde del pasado 30 de abril, luego de oficiar una misa en la comunidad indígena de Santa Cruz. Viajaba en una camioneta de regreso a su parroquia de Nejapa, municipio de Chilapa, cuando un comando armado lo interceptó en el camino y se lo llevó a la fuerza. Desde entonces no se ha vuelto a saber nada de él.
Un año y medio antes Ssenyodo ya había sido víctima de la delincuencia. En esa ocasión sus agresores lo atacaron en su misma parroquia de Nejapa: lo amarraron, le robaron su auto, dinero en efectivo y enseres domésticos. Según las autoridades federales, en esa zona opera un grupo de la célula de Los Rojos, posibles captores del religioso.
De 56 años y originario de Masaka, Uganda, Ssenyado pertenece a la orden de los Misioneros Combonianos. Llevaba seis años trabajando en la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, donde solía dar apoyo a las comunidades campesinas para que defendieran sus tierras y sus cosechas.
Alerta sacerdotal
Los dos casos referidos fueron incluidos en el más reciente reporte del Centro Católico Multimedial (CCM), dado a conocer la semana pasada y en el cual se señala que, por sexto año consecutivo, México continúa ocupando el primer lugar en asesinatos y desapariciones de religiosos en América Latina.
De acuerdo con el reporte, los asesinatos y agresiones contra sacerdotes se incrementaron 80% durante los dos primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto, en comparación con el mismo periodo de la administración de Felipe Calderón. Durante el actual gobierno ya se han reportado seis sacerdotes asesinados y tres desaparecidos.
Y es precisamente Guerrero la entidad donde actualmente resulta más peligroso ejercer el ministerio sacerdotal, aún más que en los violentos estados de Michoacán y Tamaulipas, según el informe del CCM, organismo de la Iglesia católica que realiza las estadísticas sobre las agresiones a sacerdotes.
Por su parte, el padre Bulmaro Hernández, quien está a cargo del Observatorio Eclesiástico de la Arquidiócesis de Acapulco, adelanta a Proceso:
“En los próximos días, en el Observatorio daremos a conocer un informe pormenorizado sobre los asesinatos, desapariciones, secuestros, amenazas de muerte y extorsiones que están sufriendo los sacerdotes y agentes de pastoral de las cuatro diócesis de Guerrero.”
–¿A qué se deben tantas agresiones contra la Iglesia de Guerrero?
–Principalmente a que los sacerdotes y agentes de pastoral estamos apoyando directamente a las víctimas de la violencia, a través de cada parroquia. Nuestra prioridad es promover la paz desde la base social. De manera que esto nos hace muy vulnerables a los ataques de la delincuencia organizada.
“El asesinato del padre Acuña y la desaparición del religioso Ssenyado se dan en este contexto. Y son sólo los casos más recientes, pues desde tiempo atrás hemos sido víctimas de la violencia en el estado; ahí está como ejemplo el asesinato del padre Habacuc, que sigue sin esclarecerse.”
En efecto, el 13 de junio de 2009, en un solitario y caluroso paraje de Arcelia, Guerrero, fue asesinado el sacerdote Habacuc Hernández Benítez, junto con dos jóvenes seminaristas que lo acompañaban: Eduardo Oregón y Silvestre González. Los tres viajaban en una camioneta pick up. Un grupo de matones los acribillaron con armas de alto poder.
Este multihomicidio provocó consternación incluso en El Vaticano, al grado de que la agencia televisiva italiana Rome Reports –especializada en asuntos de Iglesia y de la Santa Sede– lo puso como caso ilustrativo en un reportaje sobre violencia contra sacerdotes. Ahí se dijo que el Papa Benedicto XVI estaba “cada vez más preocupado” por lo peligroso que resulta ejercer el ministerio sacerdotal en México (Proceso 1713).
Ahora, en un comunicado de prensa titulado “Dolor en la Iglesia católica por sacerdotes sacrificados”, dado a conocer por el episcopado mexicano el pasado miércoles 1, el arzobispo de Acapulco, monseñor Carlos Garfias, se duele por los casos de Acuña, Ssenyondo y Hernández Benítez:
“Estas historias se suman a otras muchas historias más de hombres y mujeres guerrerenses que han sido alcanzados por alguna de las formas de violencia generada por el crimen organizado. Estoy consciente de que si los sacerdotes acompañan de cerca a las comunidades guerrerenses, corren los mismos riesgos que el resto de la población y están expuestos a las amenazas de cualquier ciudadano que esté en esas circunstancias”.
Agrega el arzobispo:
“Seguimos con nuestra misión a pesar de los riesgos que ello signifique. Nuestra tarea es evangelizar, anunciar el Evangelio de la paz y organizar esfuerzos de reconciliación, que incluye el perdón, el reconocimiento de la verdad y la acción de la justicia.”
Al día siguiente, el jueves 2, Garfias y los otros tres obispos de las diócesis de Guerrero emitieron un comunicado conjunto en el que –aparte de lamentar el asesinato de Acuña– condenan sobre todo la “acción violenta” de las “fuerzas policiacas del municipio de Iguala” en la que “resultaron muertos tres estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y otros tres más como resultado de una agresión a un autobús que transportaba a un equipo de futbol”.
Estos “hechos violentos” –aseguran– ya “manifiestan una grave situación social y pueden desencadenar una crisis política”.
Piden por último que se “aclaren cabalmente los hechos dolorosos de Iguala”, y también que se encuentre a los “estudiantes desaparecidos, cuyas familias sufren la incertidumbre sobre su paradero y la sociedad reclama. Esta acción debe ser prioritaria”.
Firman los titulares de las cuatro diócesis de Guerrero: Carlos Garfias, arzobispo de Acapulco; Alejo Zavala, obispo de Chilpancingo-Chilapa; Maximino Martínez, obispo de Ciudad Altamirano, y Dagoberto Sosa, obispo de Tlapa.
