Partidero

La desarticulación, la semana pasada, de una banda de presuntos ladrones de hidrocarburos que operaba en Guanajuato, San Luis Potosí y Jalisco podría conducir, si la investigación va a fondo, a la develación de nombres de involucrados en la ordeña de ductos y comercialización de gasolina en los distintos niveles de gobierno, desde simples policías y algunos de sus jefes, hasta posibles funcionarios que estarían operando aún desde adentro de Pemex. De descubrirse esa red, al menos un alcalde de la zona metropolitana, en donde más robo de combustible ha habido, podría resultar perjudicado, y no porque esté involucrado, sino por el descuido o negligencia de no saber o no querer saber quién o quiénes de entre su gente de seguridad andan en malos pasos y estarían recibiendo una periódica percepción por hacerse de la vista gorda. Así, el problema de la ordeña de ductos podría tener un efecto devastador, siempre y cuando, claro está, haya una acción a fondo que bien puede tener un triple efecto y perjudicar y pegar, tipo carambola, a más de un precandidato bien colocado para un puesto de elección popular.

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Por otro lado, la red de distribuidores de gasolina robada –ya lo hemos anotado aquí– está tan extendida que prácticamente en cualquier población menor se encuentra, al menos, un expendio clandestino y no a mucho mejor precio por litro que en las gasolineras. Pero este problema es tan vasto e involucra a tanta gente que tiene algún poder, que me temo que la autoridad mejor decida dejar las cosas como están.

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Motivos más que suficientes deberán tener el PRI y sus gobernantes para preocuparse por su futuro inmediato, en particular por las elecciones del próximo año, pues sólo uno de los cuatro presidentes municipales de la zona metropolitana que tiene ese partido –Héctor Robles Peiro– pasó de panzazo, con sólo 61% de aprobación. Los otros tres priistas resultaron reprobados: Ramiro Hernández, de Guadalajara, 51%; Alfredo Barba Mariscal, de Tlaquepaque, 56%. El peor calificado, con apenas 44%, fue Jorge Arana, de Tonalá, de acuerdo con una evaluación realizada por el periódico Mural. Y para mal de males del partido tricolor, el mejor evaluado fue Ismael del Toro, de Tlajomulco, con 69%. Si ya de por sí los tricolores –del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval hacia abajo– andan preocupados y nerviosos porque el partido a vencer será el MC, entonces las cosas en Jalisco para el PRI no pintan nada bien para los comicios de julio de 2015. Tal encuesta confirma lo publicado en esta revista la semana pasada en el sentido de que para este partido hay focos rojos en la entidad por una serie de desaciertos provocados por la inseguridad, el activismo del padre del Ejecutivo estatal, Leonel Sandoval, quien a través de su organización Más por Jalisco pretende encumbrar al hijo y abocarlo a la precandidatura presidencial. A esto se le suma una campaña –de bajo perfil todavía, pero efectiva– de Enrique Alfaro Ramírez, el duro contendiente al que apenas pudo vencer con una diferencia de tan sólo cuatro puntos porcentuales (Proceso Jalisco 500 y 509).

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Ahora bien, si como se perfila, el candidato para Guadalajara es el dirigente moral de MC en el estado y excandidato a gobernador, Enrique Alfaro, éste ganaría de todas todas la elección frente a cualquiera de sus contrincantes, con el doble o más de los votos, aun sobre su más cercano opositor, sea el del PRI –el mejor posicionado es el diputado Miguel Castro, quien tiene 25% de la intención, o sea el del PAN, Alfonso Petersen, para quien la máxima intención del voto es de 23%, y eso que ya fue alcalde–, de acuerdo con una segunda encuesta publicada en el mismo diario el 30 de septiembre.

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Contra toda disposición oficial y sin importar si los padres pueden o no pagar las cuotas “voluntarias” a fuerza en los planteles escolares, algunas familias se han quejado a esta columna porque en la secundaria 10 Mixta “Fernando Hernández Alcalá” –colonia Jardines del Sur, mismo plantel en donde ya se han denunciado otras irregularidades (Proceso Jalisco 505)– les exigen a los alumnos el pago de 700 pesos de inscripción, 150 pesos por el pago de credencial y los obligan a comprar libros que cuestan hasta 175 pesos, como el de Artes visuales, que tienen poco uso y se utilizan, en gran parte, como cuadernillos para hacer tareas.

fcobian@proceso.com.mx