Los altos índices de abusos policiacos y tortura en México, particularmente en Jalisco, motivaron que la organización humanitaria Amnistía Internacional decidiera abrir una oficina en Guadalajara. Pese a ello, los encargados de la seguridad pública siguen disfrutando de una escandalosa impunidad.
Ante el aumento de las denuncias por actos de tortura en contra de personas detenidas por las autoridades jaliscienses, la organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) anunció que abrirá una oficina en Guadalajara para dar servicio a la región centro-occidente de México.
Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de AI en el país, dijo que en el periodo de 2003 a 2014 se registró un incremento de más de 600% de casos denunciados de tortura en el territorio nacional.
Sin embargo, añadió que en Jalisco se detectaron graves problemas específicos, como las fallas en la documentación de los abusos policiacos y la deficiente labor de organismos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), con el resultado de que en esta entidad no se ha procesado a nadie por ese delito a pesar de que abundan los casos de abuso policiaco y personas insistentemente señaladas por cometerlos.
Aquí la tortura sigue utilizándose como método de investigación, afirma Rendón Quiroz, y se aplica mediante toques eléctricos en los genitales, asfixia con bolsas de plástico, golpes en partes sensibles y el abuso sexual, todo con el fin de someter a la víctima y arrancarle confesiones que luego son usadas por el Ministerio Publico como prueba de culpabilidad.
La percepción de los representantes de AI es compatible con los datos recabados por organizaciones civiles mexicanas, que indican una tendencia ascendente de los abusos de agentes de seguridad contra presuntos delincuentes y personas detenidas ilegalmente.
Una de esas organizaciones es el Centro para la Paz, la Justicia y el Desarrollo (Cepad), encabezado por Francisco Macías, quien puntualiza que además de las quejas por el aumento de la tortura, en la entidad existen más de 2 mil 300 personas desaparecidas, cifra no reconocida por las autoridades. El activista aclara que por cada caso denunciado hay al menos otros tres que se mantienen ocultos.
Sobre el aumento de las agresiones policiacas contra los detenidos, las autoridades estatales optan por negar esa realidad y minimizar el registro de ese fenómeno, ante el silencio de la CEDHJ.
El presidente de dicha comisión, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, ha señalado que la tortura no está fuera de control en el estado, que se trabaja para prevenirla y que a los casos denunciados se les da seguimiento. También califica de inexacto que no se haya sancionado a los responsables de los casos de tortura, e incluso señala que están en curso seis quejas por ese delito.
Horas después del anuncio de que AI abrirá su oficina de enlace en Guadalajara, el fiscal general del estado, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, declaró a la prensa que en ninguno de los cuatro casos de abusos policiacos denunciados por la CEDHJ se ha podido acreditar el delito.
De igual forma, desde el pasado 27 de agosto el comisionado de Seguridad Pública, Francisco Alejandro Solorio Aréchiga, aprovechó la presentación de un informe de resultados parciales de la Fuerza Única Regional (FUR) para rechazar que la policía estatal emplee la tortura como método de investigación.
Solorio Aréchiga respondió con evasivas a los reporteros cuando lo cuestionaron a propósito de actos de tortura de la policía estatal y de elementos de la Fiscalía General: “No tengo información en ese sentido, de que toda la corporación se dedique a la tortura. Una vez que sean analizados los señalamientos daremos a conocer nuestra postura”.
En febrero pasado, en la glosa del informe de actividades del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, el fiscal Nájera Gutiérrez reconoció que la tortura aún se practica en el estado como método de investigación, ante los cuestionamientos de la expresidenta de la CEDHJ Guadalupe Morfín Otero, según publicó el diario La Jornada Jalisco el 5 de febrero de 2014.
La propia comisión reconoció que a pesar de la disminución de quejas por tortura con relación a los años 2012 y 2013, la tortura se mantiene en Jalisco como “método” de investigación.
En esa ocasión, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso local, Clemente Castañeda Hoeflich, indicó que al menos 50% de las personas arraigadas y acusadas de cualquier delito muestran huellas de tortura, mientras que 64% de los mexicanos temen ser agredidos al ser detenidos.
Debilidad
Durante su visita a Guadalajara, Quiroz Rendón declaró ante la prensa que los casos de tortura en el país aumentaron más de 600% de 2003 a 2014, situación que considera sumamente preocupante.
Además, informó que 30% de los mexicanos justifican las acciones de tortura porque opinan que ese trato se les debe dar a los delincuentes, sin importar si los detenidos son inocentes.
Por ejemplo, dijo que en 2013 se reportaron más de 42 mil detenidos infraganti, mientras que sólo 5 mil 500 personas tenían una orden de aprehensión en su contra.
“La tortura es una práctica fuera de control de aspectos judiciales y políticos en México. Nos preocupa mucho lo que está sucediendo en la región y queremos estar presentes en la zona para tener información de primera mano. Creemos que la presencia de un organismo como AI puede ayudar a mejorar la situación de los derechos humanos en el occidente de México, en particular en Jalisco”, indica Quiroz Rendón.
Aclaró que la instalación de la oficina de AI, lejos de tener como objetivo presentar a Jalisco como un “foco rojo” en materia de derechos humanos, pretende consolidar la presencia de la organización en una de las principales ciudades de México y mejorar las condiciones para cumplir su labor humanitaria.
El anuncio del arribo de AI a la entidad se llevó a cabo en la Casa ITESO Clavigero del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, donde el responsable del programa de Derechos Humanos, Carlos Peralta, destacó el dato aportado por el consejero de la Judicatura del estado Alfonso Partida Caballero: que 40% de los presos de Puente Grande dicen haber declarado ante el Ministerio Público después de ser torturados.
“Lo inexplicable es que el fiscal general de Jalisco, Nájera Gutiérrez, en forma inaudita confesó y reconoció que la tortura se vincula a prácticas de investigación por parte de las autoridades en el estado, lo cual nos parece asombroso porque eso es dar cuenta de un delito cotidiano”, expresó Peralta.
Recalcó que desde 1993 Jalisco cuenta con un instrumento jurídico de lucha contra la tortura, pero que es letra muerta porque hasta la fecha no se ha juzgado a nadie por ese tipo de actos. En cuanto a las recomendaciones emitidas por la CEDHJ, añade, ni siquiera se ha detenido o encarcelado a nadie por abuso de autoridad.
“Hay que ver en qué radica la gran debilidad de las comisiones de derechos humanos y la incapacidad de las autoridades para investigar a presuntos delincuentes sin hacer uso de la tortura”, precisa el académico.
Algunos de los casos más celebres de tortura y violaciones a los derechos humanos más escandalosos han ocurrido en los últimos 10 años. La administración de Francisco Ramírez Acuña acumuló en su contra cientos de denuncias por los abusos policiacos cometidos durante la Cumbre Iberoamericana, en mayo de 2004.
Decenas de jóvenes altermundistas fueron arrestados y acusados de agredir a agentes de seguridad que resguardaban la reunión de jefes de Estado en Guadalajara. Al término de ese encuentro, el gobernador “destapó” como precandidato a la presidencia por el PAN a Felipe Calderón Hinojosa y se mostró ante los medios de comunicación como un gobernante implacable con los movimientos sociales, lo que le ganó una reputación de intolerancia.
Gerardo Octavio Solís, entonces procurador del estado, sumó decenas de quejas y señalamientos por abuso policiaco, pero en vez de sanciones o apercibimientos por su conducta durante las administraciones panistas, recibió en 2013 el nombramiento como delegado de la PGR en la entidad, cargo que ya dejó.
Otro mando que participó en ese episodio de represión, el excomandante estatal Filiberto Ortiz, fue nombrado director de Seguridad de Ocotlán por el entonces alcalde Absalón García, cercano colaborador de Ramírez Acuña e igualmente conocido por su mano dura.
En 2007 una señora acusó a Ortiz y a su gente de torturar a su hijo adolescente. Relató que el muchacho de 11 años, a quien los policías tenían con los ojos vendados, alcanzó a ver a una persona con la piel manchada cuando le enterraba agujas entre las uñas de una mano. Filiberto Ortiz, conocido como El Pinto, nunca fue juzgado.
También se acusó a la corporación de Ocotlán de detener a otros menores y obligarlos a desnudarse. En 2011, agentes municipales bajo el mando de Ortiz le dispararon sin motivo a un auto tripulado por dos estudiantes de la Universidad de Guadalajara, matando a Fernando López Alejandre. El Pinto acumuló más de 42 quejas, pero ninguna autoridad lo detuvo.
