Varias secretarías de Estado, un órgano desconcentrado, un ente fiscalizador y la oficina de la Presidencia, además de los senadores priistas, se movilizaron para proteger al empresario Roberto Alcántara de la tormenta de protestas que generó en agosto pasado su estreno como operador del telepeaje electrónico en las autopistas. Nada importaron las afectaciones a los automovilistas, las denuncias de que una empresa de Alcántara tiene deudas con Hacienda ni la falta de rendición de cuentas: el paisano y compadre del presidente Peña Nieto cayó suavemente en una red de funcionarios, familiares y amigos…
Compadrazgos, socios, nepotismo, amiguismo… De todo hubo detrás de la concesión del telepeaje a Roberto Alcántara Rojas. La Secretaría de la Función Pública (SPF), la de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la de Comunicaciones y Transportes (SCT), igual que Banobras, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y Caminos y Puentes Federales y Servicios Conexos (Capufe) dejaron al empresario hacer cuanto quiso.
Las instancias de gobierno involucradas en la licitación pública internacional se hicieron de la vista gorda con tal de que el empresario del transporte y amigo del presidente Enrique Peña Nieto se quedara con la operación del cobro electrónico en casi la mitad de la red pública de autopistas de cuota del país.
El director de Capufe, Benito Neme Sastré, doble compadre del presidente, se encargó de que el organismo descentralizado de la SCT le otorgara a un consorcio encabezado por Alcántara tres contratos por 4 mil 39 millones de pesos para los próximos cuatro años; es decir, de aquí a que acabe el sexenio (Proceso 1974).
Con presencia en 24 de las 32 entidades del país con sus empresas de autotransporte, Alcántara es, a partir del 14 de mayo de este año y hasta el 31 de julio de 2018, el responsable de operar el cobro electrónico en 3 mil 800 kilómetros de autopistas de cuota y puentes de pago que opera Capufe, que representan 45% de la red federal de autopistas de cuota.
A pesar de que la licitación quedó marcada por irregularidades que se conocieron en mayo pasado, cuando se firmaron los contratos, no fue sino hasta el desastre en la operación de las casetas en agosto pasado, cuando entró en operación la firma Telepeaje Dinámico, que se empezó a revisar la manera en que Capufe asignó el cobro electrónico en la red carretera del Fondo Nacional de Infraestructura y en las carreteras concesionadas del Golfo y el centro del país.
La SFP, que desde el inicio del sexenio opera con un encargado de despacho en espera de que se concrete la Comisión Nacional Anticorrupción propuesta por Peña Nieto, apoyó en todo momento a Capufe para declarar como ganador de la licitación al empresario de Atlacomulco, sede de la camarilla política a la que también pertenece Peña Nieto.
Julián Olivas Ugalde, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas –el encargado del despacho de la SFP–, no quiso estorbar en ningún momento la adjudicación y pasó por alto las observaciones de la testigo social de la licitación, Mónica Barrera Rivera.
Concuño del vocero presidencial, David López, y aspirante a encabezar la Comisión Anticorrupción de Peña Nieto, Olivas Ugalde es ahora el encargado de desahogar la queja que el director de Capufe interpuso ante la SFP, en junio pasado, en contra de la testigo social por supuestas violaciones e incumplimientos en la vigilancia de la licitación.
Interesado en mantenerse en el primer círculo de Peña Nieto, Olivas hizo que la SFP fuera mancuerna de Capufe en la controvertida licitación. Después de pasar por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la SHCP y la ASF, el funcionario va por el llamado organismo anticorrupción propuesto por el presidente.
Su principal aliado es el director de Comunicación Social de la Presidencia de la República, David López, quien está casado con Leticia Cárdenas Valenzuela, hermana de Celina Emilia, esposa de Julián Olivas. Una tercera hermana es Liliana, actual presidenta municipal de Salvador Alvarado, Sinaloa, estado que David López pretende gobernar.
La licitación internacional LA-009JOU0 01-T5-2014 fue asignada el 30 de abril pasado al consorcio integrado por las empresas Impulsora de Servicios Terrestres –propiedad en 98% de Inversionistas en Autotransportes Mexicanos (IAMSA), de Roberto Alcántara–, Cointer Concesiones, Azvi Cointer de México e Integra Ingeniería.
El grupo fue declarado ganador pese a que carece de experiencia, presentó el respaldo técnico de una empresa ajena a la licitación y concursó con adeudos fiscales, entre otras irregularidades que se conocieron antes de la firma de los contratos.
Capufe y la SFP estuvieron enterados en todo momento de los señalamientos de Mónica Barrera. Según los informes de la testigo social difundidos en internet desde mayo pasado, Benito Neme y Julián Olivas conocieron desde el principio las observaciones a través del titular del Órgano Interno de Control de Capufe, Raúl Meléndez Sánchez, y el titular de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la SFP, Antonio Cárdenas Arroyo.
Aunque por parte de Capufe el fallo de la licitación lleva la firma de Ezequiel Aparicio Cobreros, subdirector de Sistemas Electrónicos de Peaje, y Gregorio Lecea Villarreal, director de Operación, uno de los principales operadores del concurso internacional fue el ingeniero industrial y de sistemas Carlos Mauricio Cid Ortiz, gerente de Mantenimiento e Instalaciones, que después de hacerse cargo de la evaluación de las propuestas para declarar ganador a Alcántara fue ascendido a subdirector de Sistemas Electrónicos de Peaje, en lugar de Aparicio Cabreros.
Otro de los operadores fue Jorge Martín Jiménez Zárate, director jurídico de Capufe. Las acciones de ambos fueron avaladas por Cárdenas Arroyo, quien durante el proceso de la licitación era el titular de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la SFP. Apenas el pasado 1 de septiembre, Olivas Ugalde lo removió a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la FP, área destinada a desaparecer cuando se concrete la Comisión Anticorrupción.
En lo que va del sexenio, Olivas ha cambiado en cuatro ocasiones al titular de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas, pero fue Cárdenas Arroyo quien se hizo cargo de validar la licitación al consorcio que encabeza Alcántara.
Cárdenas Arroyo, de la SFP, y Jiménez Zárate, de Capufe, son socios con licencia del despacho Gómez Gordillo y Cárdenas, cuyo director general es Ismael Gómez Gordillo, exprocurador fiscal de la federación en el gobierno de Ernesto Zedillo y uno de los autores del rescate bancario a través del Fobaproa, que rescató a Bancrecer, de Roberto Alcántara. Cuando Gómez Gordillo fue designado procurador fiscal de la federación, en 1995, Jiménez Zárate fue su secretario particular.
En familia
Las relaciones políticas y de negocios en el caso del telepeaje no empiezan ahí. Iniciaron desde que Peña Nieto designó a su doble compadre, Benito Neme Sastré, al frente del organismo descentralizado de la SCT, en diciembre de 2012.
Hijo de Salvador Neme Castillo, quien en 1992 fue defenestrado del gobierno de Tabasco, Benito Neme ha estado junto con su hermano Salvador cerca de Peña Nieto.
El ahora director de Capufe fue su coordinador jurídico durante la campaña presidencial, luego de participar en litigios electorales del PRI, donde ha sido miembro del Consejo Político Nacional. Su hermano Salvador fue diputado local del Partido Verde durante el gobierno de Peña en el Estado de México.
El retorno de los Neme a la vida pública ocurrió de la mano de Peña. El 10 de mayo de 2010, el entonces gobernador mexiquense fue a Tabasco a develar una estatua de Neme Castillo, a quien el presidente Carlos Salinas decidió sacar del gobierno ante la presión del opositor Andrés Manuel López Obrador.
Dos años antes, en septiembre de 2008, Peña Nieto ya había hecho público su acercamiento a Benito Neme, cuando se informó que fue el padrino del hijo del ahora director de Capufe. Fue también cuando el entonces viudo gobernador se presentó públicamente con Angélica Rivera, la actriz de Televisa que ahora es su esposa.
En octubre de 2012, el entonces presidente electo se convirtió de nueva cuenta en compadre de Benito Neme, al bautizar a una de sus gemelas; el de la otra fue Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación.
La relación del Estado de México con Tabasco es histórica para el PRI. Comenzó cuando El Profesor Carlos Hank González, integrante del grupo Atlacomulco, fue delegado del PRI en ese estado del sureste. A ese grupo pertenece Roberto Alcántara, a quien en 2006 el entonces candidato presidencial del PRI, el tabasqueño Roberto Madrazo, lo designó como encargado de finanzas de su campaña.
Benito Neme tuvo todo el apoyo presidencial para defender la licitación del telepeaje. El 6 de agosto, en plena inconformidad de miles de usuarios por la falta de operación del nuevo sistema de cobro electrónico, el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, tuvo que salir a dar una conferencia de prensa para calmar los ánimos.
La preocupación en Los Pinos era que la protesta creciera, pues los afectados eran cientos de miles. De acuerdo con las estimaciones del sector del transporte, hasta antes del nuevo operador ya había alrededor de 600 mil tarjetas IAVE. De ellas, 360 mil son de las cámaras de transporte –a las que pertenece Alcántara–, 150 mil de particulares y 90 mil de pequeñas flotillas y “hombre camión”, traileros o choferes dueños de sus unidades.
En la conferencia convocada por Los Pinos, además de Neme también estuvo el subsecretario de Infraestructura de la SCT, Raúl Murrieta, quien anunció un programa para que a partir de noviembre ya esté en pleno funcionamiento el cobro electrónico a cargo de Telepeaje Dinámico, la empresa del consorcio ganador.
El gobierno federal le dio tres meses más de gracia al nuevo operador, adicionales a los tres previstos en la licitación entre el anuncio del fallo y el 1 de agosto, cuando debían comenzar los servicios de cobro, contratación de nuevos usuarios, suministro y comercialización de las tarjetas IAVE, y las nuevas antenas multiprotocolo para cobrar a los usuarios de las viejas tarjetas.
Pero no fue la única manera en que Peña Nieto arropó al director de Capufe. Ese mismo día, los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado acudieron a Los Pinos. De acuerdo con uno de los asistentes, la petición a los legisladores fue que no cuestionaran de más al director de Capufe cuando compareciera al día siguiente.
Así fue. A excepción del PRD y del senador del PAN y presidente de la comisión, Javier Lozano, quien salió en defensa de la testigo social, los senadores priistas evitaron cuestionar a Neme.
Con una comparecencia a modo, el director de Capufe defendió su licitación y arremetió contra la testigo social. La acusó de haber presentado “un par de observaciones” y “cinco días después” de que se emitió el fallo. Dijo que ninguno de los participantes se inconformó y negó que alguna de las empresas del consorcio ganador le debiera al fisco, como lo advirtió Mónica Barrera.
Ninguno de los participantes, en efecto, se inconformó formalmente. Aunque al momento en que se dio a conocer el fallo, todos hicieron observaciones por las modificaciones de última hora en las evaluaciones de las propuestas y porque no se presentaron las minutas de los protocolos de prueba para demostrar la experiencia del consorcio ganador.
A los pocos días del fallo, dos de los concursantes, ICA y la española OHL, obtuvieron las concesiones para construir dos de los tramos del tren que correrá de México a Toluca, uno de los proyectos ferroviarios del gobierno federal.
En la comparecencia, Javier Lozano aseguró que aun cuando la testigo social haya presentado su informe después del fallo, todavía no se firmaba el contrato, que rebasó en mil millones de pesos lo que inicialmente ofreció la empresa Telepeaje Dinámico como cobro máximo. El propio Neme admitió que los tres contratos se firmaron antes de que el Órgano Interno de Control de Capufe se pronunciara sobre el primer informe previo emitido por la testigo social el 6 de mayo, en el que se refirió a 14 irregularidades.
Deuda bajo la alfombra
El 30 de abril se dio a conocer el dictamen que dio como ganador al consorcio encabezado por Alcántara. Según reporta Compranet, los contratos se firmaron dos semanas después, el 14 de mayo. En ese ínter la testigo social emitió sus informes previos a la SFP y a Capufe, el 6 y 16 de mayo, pero también a la ASF, a la SCT, Banobras y la SHCP.
Como instancia de la que saldrán los recursos para los tres contratos, Banobras está en condiciones de pedir cuentas a Capufe, según lo establece la cláusula sexta de la licitación. Esa facultad también está señalada en el artículo 2569 del Código Civil Federal, donde se estipula que el “mandatario” (Capufe) está obligado a dar al “mandante” (Banobras) cuentas exactas de la administración de los recursos.
Pero hasta ahora el director de Banobras, Alfredo del Mazo Maza, no se ha pronunciado ante las alegadas irregularidades. Del Mazo Maza es hijo del también integrante del grupo Atlacomulco y exgobernador del estado de México, Alfredo del Mazo González.
De los 4 mil 39 millones 898 mil 765 pesos que suman los tres contratos, la empresa Impulsora de Servicios Terrestres, de Roberto Alcántara, recibirá 92%, más de 3 mil 700 millones de pesos. El resto, casi 333 millones, será para la empresa Integra Ingeniería.
Según documentó la testigo social en su segundo informe previo, al momento de presentarse a concursar Integra Ingeniería tenía un adeudo de 101 millones y medio de pesos con la SHCP. Éste quedó acreditado con un oficio que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le envió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para “realizar el congelamiento o inmovilización de fondos”.
El oficio tiene fecha del 28 de abril de este año –dos días antes de que se conociera el fallo– y fue emitido por el SAT con el propósito de asegurar el pago de 101 millones 426 mil 508 pesos, correspondientes a diferentes créditos fiscales por parte de Integra Ingeniería, empresa que en su historial también tiene embargos mercantiles por otros adeudos.
El adeudo lo dio a conocer el periódico Reforma el 25 de mayo; al día siguiente Capufe salió en defensa de la empresa. En una carta enviada al diario, aseguró que el propio SAT amparaba que al 14 de mayo –el día de la firma del contrato– no había ningún adeudo de Integra Ingeniería. Sin embargo, Reforma verificó que hasta el 15 de mayo la empresa aparecía en la Relación de Contribuyentes Incumplidos del SAT.
Integra Ingeniería, además, estaba demandada por la SEP por la falta de cumplimiento de contrato para la entrega de 240 mil computadoras para los niños de quinto y sexto años de las primarias de Colima, Tabasco y Sonora. Pero apenas el 11 de agosto, en respuesta a una solicitud de información, la SFP dio a conocer “la inexistencia” de datos sobre sanciones a Integra Ingeniería por la falta de cumplimiento de ese contrato, otorgado durante la actual administración.
Las irregularidades también fueron conocidas por la ASF, pero ésta se hizo a un lado con el argumento del “principio de posterioridad”, que la faculta, por lo que no podía revisar el actual ejercicio fiscal.
El auditor superior, Juan Manuel Portal –cercano a Julián Olivas Ugalde, con quien coincidió en la anterior gestión de Arturo González de Aragón en la ASF–, dijo que ni siquiera podía elaborar una Revisión de Situación Excepcional, toda vez que en la licitación no se acreditó daño patrimonial a la hacienda pública, posibles actos de corrupción, desvío flagrante de recursos o la afectación de áreas estratégicas o prioritarias de la economía, según consta en un oficio fechado el 11 de julio pasado que se le entregó al diputado federal perredista José Luis Muñoz Soria, presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF.
