Señor director:
Le agradeceré publicar las siguientes denuncias.
El discurso oficial respecto a la modernización educativa es incisivo en los presuntos beneficios esperados y severo con los antagonistas, especialmente si son maestros. Pero como siempre ocurre en este país de simulación, corrupción e impunidad institucionalizadas, la retórica generalmente va en sentido opuesto a la realidad. Es el caso de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco, la cual, de conformidad con la auditoría que se le practicó a fines del año pasado, y por documentos que circulan a trasmano, simple y llanamente exhibe con crudeza la falaz retórica oficial.
Sucede que para la designación de la actual directora, María del Carmen Gabriela Flores Talavera, la normatividad y la ética fueron olímpicamente ignoradas. En la relación de “Resultados de la evaluación psicométrica para aspirantes a la titularidad del puesto de director en instituciones de educación normal o de posgrado en el estado de Jalisco”, la señalada obtuvo una evaluación de 69.75, contra los 85.38 puntos de Ismael Vargas Ibarra –quien también contendía por la dirección de la Benemérita–, la más alta calificación obtenida por todos los concursantes a todos los cargos y niveles.
Dicho resultado la calificó como no viable, de conformidad con lo dispuesto en los “Lineamientos para la selección de director de institución pública de educación superior en el estado de Jalisco”, por acuerdo administrativo del secretario de Educación de la entidad, es decir, no era apta para el puesto, según lo mandata el artículo 25, que a la letra dice: “En el caso de que el resultado del examen psicométrico sea de no apto, se anulará la participación del aspirante y éste no podrá continuar en el proceso”.
Y no sólo no se anuló la participación de la mencionada, sino que ella encabezó la terna propuesta al secretario de Educación por el Comité Evaluador Estatal, según consta en el oficio C.E.E. 01/13. Y quien sabe de los entresijos de la burocracia entiende que el que encabeza la terna es el elegible, pues los dos restantes son de relleno.
Más aún, refrendó su incompetencia en los resultados del examen de conocimientos celebrado el 3 de octubre del 2013, en el que obtuvo 37 aciertos y 23 desaciertos, con una calificación de 61.67.
En la auditoría practicada a la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco se registra un sinnúmero de desvíos de recursos, pendientes de solventar.
En la observación 21, quinto parágrafo, se lee: “Independientemente del reintegro, será la Dirección General de Asuntos Jurídicos la que determine si el hecho de comprobar el objetivo del gasto (impartición de talleres) con listas de asistencia en las que las firmas de los participantes no coinciden con la que registra su identificación oficial, existiendo además declaración de los participantes de no haber asistido a los cursos impartidos, son causales para incoar procedimiento de responsabilidad administrativa a los servidores públicos involucrados en la justificación del gasto”.
Tan sólo por la administración de los recursos propios, mereció una serie de observaciones: notas de remisión que carecen del nombre del proveedor que las expide, así como de folios preimpresos; pedidos, órdenes de trabajo, recibos elaborados en hojas simples, sin anexar ningún documento que identifique al beneficiario; préstamos personales, pago de combustible en exceso para equipo de jardinería; se añadió un recibo de honorarios pagado estando en blanco, sin contener datos; se efectuaron compras a un solo proveedor sin incluir otras cotizaciones cuando las compras fueron superiores a los 20 mil pesos; se pagaron cursos sin anexar la evidencia de los mismos ni el currículum del expositor; se cubrieron gastos de años anteriores, por ejemplo en 2013 se anexan otros del 2010, 2011 y 2012. Además, se reintegraron a la Federación 14 millones 779 mil 501.11 pesos de recursos no ejercidos por los ejercicios fiscales 2005-2012.
Por todo lo anterior y lo no señalado por falta de espacio, ¿tendrá la Secretaría de Educación calidad moral y autoridad para evaluar el desempeño docente y administrativo, y exigir calidad y eficiencia en el desempeño de sus actividades? Lo grave es que estas miserables decisiones tienen un efecto perverso en el desempeño de las instituciones educativas, lo que a su vez redunda en deficiencias en la calidad de los servicios educativos en todos los ámbitos y niveles.
Y si es verdad lo que afirman detractores de la aludida, que sus credenciales académicas se limitan a la protección que le brindan Francisco Ayón y un asesor (no se señala nombre) de Aristóteles, pues no me queda más que deplorar: pobre estado, ¿qué bandidos están al timón?
Atentamente
Gustavo Monterrubio Alfaro
