Señor director:
El 13 de agosto de 2013, Fernando Antonio Noriega Ureña, coordinador del Posgrado en Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), quien se ostenta como economista sin serlo pues carece de cédula profesional, impidió de manera arbitraria, discriminatoria y violatoria del Reglamento de Estudios Superiores de la UAM (artículo 3, numeral 3.2) la reinscripción al trimestre 13-Otoño a varios alumnos de dicho posgrado, bajo el falso argumento de que no podíamos re-cursar las materias reprobadas en el primer trimestre, no obstante que aprobamos todas las materias del segundo trimestre.
Adicionalmente, mintió al informarnos que automáticamente habíamos sido dados de baja del posgrado y que debíamos tramitar personalmente nuestra baja definitiva de la UAM. Pero con fundamento en el reglamento aludido me negué a renunciar a mi calidad de alumno, que hasta la fecha conservo según consta en el oficio del abogado general.
Lo anterior sucedió debido al silencio cómplice de los miembros de la Comisión de Posgrado: Ricardo Solís Rosales, José de Jesús Lechuga Montenegro, Arturo Ángel Lara Rivero, María Guzmán Plata e Ignacio Llamas Huitrón, quienes no tuvieron el valor de desmentir al referido Noriega a pesar de saber que violaba la normatividad universitaria.
Todas estas irregularidades las hice del conocimiento de las autoridades, desde el rector general (doctor Salvador Vega y León) hasta los jefes divisionales, sin que hasta el momento hayan ejercido acción alguna. Asimismo, di vista al Ministerio Público (acta: FMH/MH-H13/0080/14-01) por el probable delito de usurpación de profesiones, puesto que de toda la Comisión de Posgrado sólo una persona cuenta con cédula profesional de doctorado, aunque todos se ostentan como doctores en economía. Pues bien, al igual que las autoridades universitarias, el Ministerio Público no ha actuado aun cuando obra en su poder una fe notarial que corrobora mi dicho.
A un año de los hechos, mi denuncia se encuentra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos esperando que “las cargas de trabajo” o la reelección del titular les permitan intervenir y cumplir con sus obligaciones.
¿Qué hacer cuando las autoridades universitarias, judiciales y de derechos humanos se niegan a impartir justicia? ¿Quién va a resarcirme de los daños económicos, laborales y profesionales? En pocas palabras, estoy en la indefensión absoluta, como muchos otros ciudadanos de a pie, porque las instituciones no ofrecen garantías y están plagadas de simuladores.
En consecuencia, aprovecho este espacio para advertir sobre el clima de impunidad que prevalece en la UAM.
Atentamente
David Alonso Magdaleno
Estudiante del Posgrado en Ciencias
Económicas de la UAM
(Cédula profesional 7626924)
