El derrame de petróleo crudo sobre el río San Juan, en Cadereyta, Nuevo León, es una de las tragedias ecológicas más graves ocurridas en el país y fue ocultado por las autoridades federales y estatales durante varios días. Y cuando los medios comenzaron a informar sobre el ecocidio, Pemex, Semarnat, Conagua, Profepa, el propio gobernador Rodrigo Medina, el alcalde Emeterio Arizpe Téllez… todos cayeron en contradicciones. Hoy, las poblaciones aledañas ven fenecer el entorno y dicen que el agua de la llave huele a gas.
MONTERREY, NL.- El miércoles 20 los medios de comunicación de la localidad encontraron una mancha oscura de 5 kilómetros en el río San Juan, municipio de Cadereyta Jiménez.
Centenares de hombres enfundados en trajes anaranjados hacían trabajos de limpieza en las márgenes del cauce del afluente que conduce agua a la presa El Cuchillo, en China, uno de los tres grandes vasos almacenadores que alimentan la zona metropolitana de Nuevo León y parte de Tamaulipas.
Hasta ese día nadie sabía de la magnitud del desastre ecológico. Horas más tarde cundió la alarma. Pemex aseguró que difundió dos boletines –uno de ellos fechado el domingo 17– en los que explicó que el sábado 16 un grupo de desconocidos intentó “ordeñar” el oleoducto Madero-San Juan, en Cadereyta Jiménez.
Como consecuencia, añadía, hubo un derrame de entre 3 mil y 4 mil barriles de hidrocarburo “que ya había sido controlado”. Lo extraño es que ese día ningún medio local sabía del incidente.
En la oficina de prensa de Pemex en Nuevo León, “se sorprendieron” de que la prensa regiomontana no informara sobre el asunto. Lo cierto es que ninguno de los comunicados llegó a las redacciones de El Norte ni a Multimedios ni a Televisa Monterrey. Sólo un periódico –el ABC, con poca presencia en la entidad–, según Pemex, tomó la información.
Cuando el desastre ecológico se difundió, el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en la entidad, Víctor Jaime Cabrera Medrano, declaró que el lunes 18 la dependencia a su cargo emitió un boletín para alertar a toda la comunidad.
Sin embargo, los encargados de prensa de la procuraduría explicaron que en realidad canalizaron la información al ayuntamiento de Cadereyta para que éste difundiera la noticia. Nadie sabe a quién le llegó el boletín de la Profepa.
El delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Óscar Gutiérrez Santana, prefirió guardar silencio; lo mismo hicieron el delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Guillermo Cueva Sada; el secretario de Desarrollo Sustentable de Nuevo León, Fernando Gutiérrez Moreno, y el subsecretario del medio Ambiente y Recursos Naturales, Plácido González.
El propio gobernador, el priista Rodrigo Medina de la Cruz, se encogió de hombros y dijo que el problema era competencia del gobierno federal.
En los tres comunicados que emitió Pemex la primera semana ocultó que el derrame llegó a las aguas del río San Juan. Sólo nueve días después de declarada la contingencia reaccionaron las autoridades. Juan José Guerra Abud, titular de la Semarnat, visitó la zona e informó que se habían derramado 4 mil barriles de crudo en las aguas del río San Juan.
Medina de la Cruz declaró que el derrame estaba controlado. Los mantos freáticos de la zona, dijo, no resultaron dañados. Los residentes de Cadereyta aseguran que el agua que consumen es aceitosa.
Ruido y desinformación
El equipo de reporteros de Multimedios, que sobrevuela en un helicóptero todos los días, fue el primero en percatarse del derrame. En el Telediario del miércoles 20, el periodista Joel Sampayo entró en vivo en ese espacio noticioso nocturno. Dijo que en el afluente del río San Juan, a 15 kilómetros de la refinería Pemex Cadereyta, había una mancha negra, alrededor de la cual trabajaban decenas de hombres con casco.
Héctor Benavides, el conductor de Telediario, clamaba porque alguna autoridad se comunicara con él y explicara lo que estaba pasando. El alcalde de Cadereyta, Emeterio Arizpe Téllez, respondió al llamado. Comentó que el derrame se había extendido en una franja de 18 kilómetros hasta alcanzar el río San Juan, que recorre la entidad de poniente a oriente.
También dijo que el domingo 17 el ayuntamiento emitió un comunicado para advertir a la población sobre el incidente.
“Nosotros no recibimos nada; ni de ustedes ni de Pemex”, le reclamó Benavides al alcalde.
El miércoles 20, cuando la noticia detonó, Érick Treviño, vocero de Pemex en la entidad, aseguró que el domingo 17 habían difundido un boletín sobre el derrame en el que consignaba: a las 11:00 horas hubo un derrame provocado por una toma clandestina en el oleoducto Madero-Cadereyta en el poblado San Juan.
“Como medida preventiva y para el control del derrame –añadía–, se procedió a cortar el flujo de hidrocarburo. Trabajadores del sector Ductos Victoria de Pemex realizan los trabajos para eliminar los artefactos colocados ilícitamente y reparar el ducto afectado, así como realizar los trabajos de limpieza y recuperación del producto derramado.”
El área jurídica ya había presentado una denuncia penal ante el Ministerio Público por daño a la propiedad federal, concluía la paraestatal. Hasta el cierre de edición se desconocía quién es el responsable del ilícito.
En otra “nota informativa”, fechada el martes 19, Pemex señaló que 20 trabajadores hacían labores de contención y limpieza e intentaban colocar barreras marinas y cordones oleofílicos.
Al día siguiente la dependencia emitió otro comunicado alrededor de la medianoche para informar sobre un incendio en pastizales que se inició a las 21:00 horas en el área de la “ordeña”. Los técnicos y dos unidades contra incendio trabajaban para evitar que las llamas llegaran al punto de la fuga, señalaba el texto.
El derrame, insistía, ya estaba controlado y aclaraba que había ocurrido fuera de la refinería, que estaba operando con normalidad.
El jueves 21, el alcalde Arizpe Téllez se convirtió en el vocero del equipo de remediación. Informó que había 300 personas ocupadas en contener el derrame y precisó que el líquido contaminante era petróleo crudo. También aprovechó para decir que el domingo 17 él recorrió la zona siniestrada para “alertar” a los pobladores de las márgenes del río.
A su vez, Cabrera Medrano, delegado de la Profepa, reconoció que el daño al medio ambiente era grave, aunque descartó que el agua contaminada pudiera llegar a la presa El Cuchillo.
Y aportó sus propias cifras: “la ordeña”, dijo, afectó 6.5 kilómetros del río San Juan y otros 11.5 kilómetros de acequia, y que hay seis equipos de extracción trabajando en la zona.
Sólo entonces pidió a la población no beber el agua tóxica. “Tengo entendido que la acequia lleva agua tratada para algunos cultivos y, obviamente, no se va a poder usar en estos momentos. La afectación se dio también en el tramo del río que, afortunadamente, no fue mayor por la rápida reacción de petróleos mexicanos.
“Esa área va a ser impactada, se va a trabajar en la remediación y se va a hacer una evaluación final. Para evaluar el daño podemos hablar de unas dos o tres semanas”, explicó Cabrera Medrano.
También intentó responder a las acusaciones por la pasividad de las autoridades federales ante el ecocidio. Comentó que el lunes 18 el alcalde Arizpe Téllez y él lanzaron una alerta a los pobladores de Cadereyta. “Toda la población está perfectamente consciente de la situación y está colaborando”, expuso el jueves 21.
Incluso se comprometió a entregar el supuesto boletín de la alerta general que, insistió, se envió a todos los medios del municipio. Según el texto –escrito en una hoja sin membrete ni fecha–, la fuga ya había sido controlada y sólo afectó la acequia usada por los ejidos San Juan, Mexiquito, Santa Isabel, Dolores y Soledad Herreras, así como “parte del río San Juan”. La fuga, añadía, salió al río a la altura del ejido Soledad, donde, según el alcalde Arizpe Téllez, habitan 4 mil personas.
Cabrera Medrano reiteró que en el boletín se explicó que el área afectada era de 23 kilómetros. Profepa y el ayuntamiento de Cadereyta anunciaron que apoyarán a afectados con agua potable y agua purificada en botellas mientras duraran las faenas de contención y limpieza.
Reacción tardía
Seis días después del incidente, la Conagua difundió lo que parece ser la alerta más seria del desastre. Su delegado, Óscar Gutiérrez, advirtió el jueves 21 que el derrame puede salirse de control si hay lluvias copiosas. El crudo podría llegar a El Cuchillo, reconoció.
Según sus cálculos, la remediación del derrame puede demorar hasta tres meses y la época de lluvia en la entidad apenas inicia en septiembre. El cauce puede crecer en esa época y el líquido contaminado podría llegar hasta el embalse.
Gutiérrez aclaró que las otras dos presas de la entidad –La Boca, ubicada en Santiago, y Cerro Prieto, en Linares– tienen suficiente volumen para abastecer Nuevo León. De presentarse una eventualidad podría suspenderse el flujo de El Cuchillo a la zona metropolitana de Nuevo León sin afectar a la población.
E insistió: el derrame fue originado por un intento de robo de hidrocarburo, por lo que el daño no es imputable a Pemex. En un boletín del viernes 22, la dependencia informó que estaba contenido 100% del carburante:
“Dentro de las acciones, destacan la instalación de barreras oleofílicas y marinas que absorben y detienen el avance del petróleo, la succión del hidrocarburo que está en el río y el canal de San Juan, así como el retiro de maleza contaminada.”
El sábado 23 –una semana después del ecocidio–, el titular de Desarrollo Sustentable en el estado reconoció que había en Cadereyta un desastre ecológico. A partir de entonces todos los funcionarios le entraron al asunto.
El lunes 25, los titulares de la Semarnat y de la Conagua, Juan José Guerra Abud y David Korenfeld, respectivamente, recorrieron la zona dañada. El gobernador Medina de la Cruz también hizo declaraciones en una reunión con funcionarios estatales, federales y municipales:
“Hasta este momento, repito, no tenemos reportada contaminación en los mantos freáticos; no tenemos riesgo. Y quiero subrayarlo: hasta el día de hoy no tenemos ningún riesgo de contaminación a la presa El Cuchillo, que es algo que es muy importante, y conforme a la experiencia que se ha tenido en ocasiones anteriores pensamos que no lo vaya a haber.”
Medina de la Cruz adelantó que Pemex pagará indemnizaciones a los afectados a través de un fondo federal, pero no especificó cómo, cuándo ni los montos.
La señora Josefina Rodríguez, del ejido Santa Isabel, declaró que el agua para consumo humano extraída de los pozos tenía sabor aceitoso. El agua de la llave sabe a gas, le dijo al reportero Abraham Vázquez, por eso “estamos tomando del garrafón”.
Finalmente, Pemex difundió un boletín el jueves 28 en el que señala que ya ha sido retirado 90% del líquido derramado y que en el sitio aún trabajaban unos 500 trabajadores.
En un recorrido por la acequia por donde se canalizó el crudo, el agua es chocolatosa. El campamento de Pemex y la empresa Basa, contratada para contener el derrame, se instaló a orillas del río San Juan, a un lado del panteón de Dolores, un punto denominado hacienda Molino Viejo.
En el punto donde la acequia hace contacto con el San Juan se observa una superficie oscura que brilla con el sol. De acuerdo con Pemex, 15 mil toneladas de maleza quedaron impregnadas por el crudo derramado y, según estiman las autoridades, los trabajos de remediación durarán 10 semanas.
El mismo jueves 28, el vocero de seguridad en Nuevo León, Jorge Domene Zambrano, le declaró al reportero Juan Carlos Rodríguez que la ordeña de ductos de Pemex es una práctica cotidiana de delincuentes que trabajan para una organización criminal.
“Estamos encontrando gente relacionada con el Cártel del Golfo. La constante es que pertenecen a ese cártel. Sabemos que hay una mafia detrás de todo el proceso.”
