En un caso plagado de irregularidades, 31 jaliscienses llevan más de un año en una cárcel de Querétaro, acusados de un crimen que no pudieron haber cometido todos, con un arma que nadie ha presentado y sin que el padre de la víctima los señale como culpables. No les hacen justicia ni el presidente ni el gobernador de aquel estado ni los jueces. Entre tanto, nadie investiga a la empresa que contrató a los detenidos sin capacitarlos ni decirles que harían labores de seguridad.
En Querétaro los conocen como “los presos de Guadalajara”. Son 31 trabajadores oriundos de Jalisco que cumplieron ya más de 13 meses en una cárcel de aquel estado.
Los acusan de matar a un joven cuando iniciaban su primer día de trabajo como guardias de seguridad privada, contratados por la empresa Primero Protección, propiedad de Sergio González-Guerra Gómez.
Familiares de los reos señalan que esta firma tapatía prometió pagarles a ellos el sueldo mensual de 6 mil pesos mientras los empleados estuvieran presos, pero no les depositó nada.
Recuerdan que la mañana del 11 de junio de 2013, los guardias arribaron al predio La Laborcilla y fueron recibidos por ejidatarios con piedras y palos; ellos respondieron al embate y en el zafarrancho alguien, cuya identidad se desconoce, asesinó con un arma de fuego a Heriberto Salinas Galván, de 19 años, e hirió a su hermano. Son hijos del líder de los ejidatarios, Trinidad Salinas Muñoz.
Aunque ese es el crimen del que se acusa a los guardias, Trinidad Salinas ha exigido ante los medios queretanos que se haga justicia y se castigue a los verdaderos culpables.
Los familiares de los trabajadores denuncian que la empresa se especializa en blindaje de carros, no en servicios de vigilancia, y que obtuvo los permisos para ofrecer estos últimos servicios en agosto de 2013, dos meses después del zafarrancho en Querétaro.
Según su testimonio, Primero Protección contrató a 32 trabajadores para vigilar un predio de 119 hectáreas de la familia Leaño Álvarez del Castillo –los propietarios de la Universidad Autónoma de Guadalajara–, de los cuales el ejido La Laborcilla reclama 226 hectáreas, motivo del conflicto agrario.
En La Laborcilla se construyó, a últimas fechas, el desarrollo urbano El Campanario, uno de los más exclusivos fraccionamientos del municipio El Marquez, en el límite con la ciudad de Querétaro (Proceso Jalisco 491).
Agregan que entre los detenidos por la policía de Querétaro están un ciudadano guatemalteco, un menor de edad al que liberaron casi de inmediato, y un hombre afectado de sus facultades mentales, quien no ha recibido ayuda de ningún tipo.
Además se tiene conocimiento de que Édgar Ventura García y otro hombre al que sólo conocen como Agapito también se fueron a Querétaro el 10 de junio de 2013 como personal de Primero Protección, pero no saben nada de ellos.
Asimismo han tratado de avanzar por la vía jurídica, sin resultados.
En su desesperación por conseguir la libertad de sus presos, los familiares de éstos entregaron una carta al presidente Enrique Peña Nieto el pasado 1 de julio, cuando visitó la Expo Guadalajara.
Desamparo legal
Roxana Manso Chavarría, una madre de familia enferma de la cadera, relata que ese día esperaron tres horas para ver a Peña Nieto, le gritaron que 31 familias necesitaban su ayuda y le entregaron la petición por escrito.
“Nos atendió el señor Emilio Domínguez, jefe de la oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia. Dijo que resultaba ilógico que 31 personas estén todas encarceladas por asesinar a una sola persona, con una sola arma; reconoce que eso es ilógico”, cuenta Manso.
Aquel 11 de junio fueron encarcelados tres hijos de la señora. Al menor “también lo tenían detenido pero lo dejaron libre debido a que se pudo demostrar que era menor de edad, de lo contrario él sería el preso número 32 y mis tres muchachos estarían presos”.
De por sí, su situación es difícil: “Cada que voy a Querétaro procuro dejarles a ellos 150 o 200 pesos, pero yo ya no tengo dinero para darles y se nos acabaron los recursos”. A pesar de todo, está dispuesta a viajar a la Ciudad de México para dar a conocer más el caso y convencer a las autoridades federales de la inocencia del grupo.
Para ella es más que evidente: “Los acusan de haber asesinado a un joven el 11 de junio de 2013, pero ¿cómo es posible que a 31 personas las acusen del mismo homicidio, del uso de la misma pistola y de haber disparado la misma bala, cuando se comprobó que el joven que murió sólo recibió un impacto? Por cierto, nadie pudo identificar al asesino material y, en el colmo de las irregularidades, el arma utilizada para ese homicidio nunca se pudo encontrar”.
El suegro de uno de los detenidos, quien solicita no publicar su nombre, recuerda que menos de 36 horas antes de la gresca, el 11 de junio, Primero Protección estuvo reclutando a personas sin capacitación para enviarlas a Querétaro.
“Contrataron gente sin papeles, en forma improvisada. Algunos de ellos ni siquiera saben leer ni escribir, pero a la firma nada más le importaba cumplir con un compromiso. La gente tenía necesidad del trabajo y por eso no lo pensó; ofrecieron sueldos de hasta 6 mil pesos, Seguro Social y prestaciones de ley, pero no les dijeron de qué se trataba, y todo era pura mentira”, dice.
Denuncia que la empresa no cumplió la oferta de pagar el sueldo íntegro a los familiares:
“No nos quieren atender, el dueño no toma las llamadas y tenemos que andar investigando con otros familiares qué pasa con nuestros presos. No entiendo por qué no investigan a la empresa. A mi yerno, igual que casi a todos, los detienen el primer día que iban a trabajar. Todo el apoyo que recibimos es de la Procuraduría Social, que nos asesora y nos dice que todo va bien y que tengamos paciencia.”
También él señala que Ramón Contreras padece de sus facultades mentales. “De eso estamos seguros muchos de los parientes de los presos, él debe ser sometido a un estudio psicológico y en cuanto eso ocurra se van a dar cuenta del atropello y la ingratitud que se comete contra Ramón”.
Según el señor, Primero Protección trató de juntar a 100 personas: “Pusieron un anuncio de esa empresa… Ellos no se dedicaban al servicio de seguridad privada, yo le reparaba motores y se dedicaban al blindaje de carros. Al menos en dos ocasiones yo esperé al patrón para que me diera dinero para refacciones y me di cuenta de que había ido a Querétaro en una o dos ocasiones y ya sabía de ese problema que se avecinaba, ya sabía a qué se iban a enfrentar las personas contratadas, y a pesar de todo ello tuvo el ‘valor’ de mandar a los jóvenes”.
La angustia de estas familias contrasta con la despreocupación de los dueños de Primero Protección. Mientras a los presos se les acusa de asesinato, según la averiguación previa 1/598/2014 del estado de Querétaro, otro de los dueños, a quien los familiares de los reos sólo conocen como Heriberto, sube a la red social Facebook las fotos que se tomó cuando esquiaba en Estados Unidos.
El pasado 18 de julio los familiares de los presos fueron a las oficinas del gobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa, y solicitaron que se deje en libertad a sus presos y se investigue a los dueños de El Campanario por el asesinato del hijo de Trinidad Salinas, pero hasta la fecha la autoridad los ha ignorado.
Antes de presentarse habían enviado una carta a Calzada Rovirosa para explicarle que los detenidos no eran sicarios, como se les quiere hacer ver, sino empleados de una empresa que de manera irresponsable contrató para labores de seguridad a gente que laboraba como albañil o que no sabía leer ni escribir.
Los detenidos promovieron un segundo amparo ante la justicia federal, pero el pasado jueves 21 fue desechado, tal como ocurrió con el primero en noviembre de 2013.
