Pese a que el presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Francisco Ixcatán, Felipe Larios Avelar, está decidido a depurar el padrón de “comuneros postizos”, entre los que destacan el actual gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y el exdirigente nacional del PRD Jesús Ortega Martínez, no dice para cuándo. Lo cierto es que gente extraña se enquistó en los registros de esa comunidad –certificados por el Tribunal Unitario Agrario desde junio de 2008– y hoy se ostentan como propietarios de decenas de hectáreas, amparados por José Blas Poblano y sus hijas, los verdaderos dueños de la región.
Aun cuando prometieron salirse de la comunidad indígena de San Francisco Ixcatán, el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y el expresidente nacional del PRD Jesús Ortega Martínez todavía aparecen en el censo de comuneros de esa población, situada en el municipio de Zapopan.
El profesor de secundaria José Casillas Martínez, quien fue secretario general del Comisariado de Bienes Comunales en el periodo 2011-2014, comenta al reportero que los nombres de ambos se incluyen en cada asamblea.
En su edición del 22 de marzo de 2009, Proceso publicó la lista de políticos locales y de la Ciudad de México incluidos como comuneros en el Registro Agrario Nacional (RAN) desde el censo de 2008, certificado el 10 de junio de ese año; además destacó que el padrón menciona a la comunidad de Ixcatlán, cuando en realidad se llama Ixcatán.
Después de que Proceso informó sobre ese tema, Ortega Martínez declaró de manera pública que renunciaría a sus tierras; incluso envió una carta a ese semanario en la cual expuso: “Tomé recientemente la decisión de renunciar a mi condición de comunero, pero mantener mi apoyo a la comunidad indígena San Francisco Ixcatlán (sic)” (edición 1691).
Días antes, Sandoval Díaz comentó a un reportero de este semanario que probablemente alguien utilizó su nombre para meterlo al padrón de comuneros: “Voy a exigir una investigación al respecto. No me sorprendería que alguien esté sembrando nombres. Yo jamás firmé nada ni acepté nada, pero voy a mandar las cartas que sean necesarias para deslindarme de ese asunto, porque no tengo nada que ver con esas tierras” (Proceso 1690).
Los socios incómodos
En diciembre de 2011, José Casillas Martínez, dijo a la reportera Gloria Reza que la “renuncia pública” del perredista no tuvo ningún efecto legal. Según él, el Tribunal Unitario Agrario (TUA) no ha emitido ninguna sentencia para darlo de baja (Proceso Jalisco 372). Al parecer en el caso de Sandoval la situación es similar, pues sigue apareciendo en las listas de comuneros.
Casillas refirió que originalmente el asunto se discutía ante el TUA Distrito 15 (expediente 684/2008) a petición de un grupo de comuneros que presentaron una demanda el 8 de febrero de 2008, en la cual argumentaban que las tierras fueron asignadas a gente ajena a la comunidad. Hoy, el caso se dirime en el TUA Distrito 16 (expediente 942/2012).
“La chamba del RAN es registrar (las propiedades) y que las incorporaciones (de sus integrantes) estén apegadas a derecho; que reúnan los requisitos. Pero el registro no quita ni pone comuneros ni ejidatarios”, dice Casillas al reportero.
Incluso aclara que es más fácil hacerse comunero o ejidatario que darse de baja. En relación con los casos de Sandoval Díaz y Ortega Martínez, se violentó el artículo 15 de la Ley Agraria, numeral II, según el cual para ser ejidatario se requiere “ser avecindado del ejido correspondiente, excepto cuando se trate de un heredero”.
Lo cierto es que ninguno de ellos ha vivido en la región de Ixcatán. En sus notas de archivo, los comuneros consignan que Ortega Martínez ingresó al padrón en la asamblea del 25 de noviembre de 2001 a petición de Aydeé Josefina Poblano Ramos, hermana de Adriana Fabiola, quien fue presidenta del Comisariado de Bienes Comunales y presidenta del Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal en el gobierno de Marcelo Ebrard (2006-2012).
En la minuta de ese encuentro se incluye el testimonio de Aydeé Josefina, quien justificó la inclusión de Ortega Martínez y otros políticos en el padrón de comuneros de San Francisco Ixcatán:
“Compañeros –expuso–, en virtud de la buena voluntad, honestidad y trabajo que nos han demostrado, tanto en apoyo político, profesional, económico y moral, yo les propongo que elevemos a comuneros a los CC. Érick Alfredo Guerrero Márquez, Jorge Joaquín Martínez Ramos y Jesús Ortega Martínez, para demostrarles la buena disposición y agradecimiento por lo ya mencionado (sic), comprometiéndolos para que nos sigan apoyando en todas las formas posibles, ya que de aprobarse (su ingreso) serían uno más de nosotros y haríamos un solo frente para lograr el máximo desarrollo de nuestra comunidad” (Proceso Jalisco 372).
Ese día también quedó establecido el porcentaje de tierras que ocuparían los nuevos integrantes de la comunidad, de acuerdo con la Asamblea de Delimitación y Asignación de Tierras Ejidales (ADATE):
Guerrero Márquez, 0.49 hectáreas; Jorge Martínez, un exdiputado federal del PRD, otras 3.75. Ortega Martínez recibió 2.37, mientras que sus hermanos Gerardo, Rosario e Ignacio –también inscritos en el padrón de comuneros– se beneficiaron con una parte de las tierras de la localidad. En total, los tres se quedaron con 4.025 hectáreas.
Los dueños de Ixcatán
Aristóteles Sandoval fue incluido en el padrón de comuneros en 1999, pero no fue sino hasta diciembre de 2008 cuando la ADATE le asignó poco más de 14 hectáreas.
Casillas Martínez refiere que Sandoval no se ha presentado a las asambleas, por lo que la mesa directiva de comuneros –que comenzó a controlar a partir de 2002 José Blas Poblano Vázquez y luego su hija Adriana Fabiola– decidió reducir su porcentaje.
El 30 de septiembre de 2009 el TUA Distrito 15 citó a Sandoval y a Ortega Martínez para que “comparecieran lo que a su interés convenga” dentro del juicio agrario 684/2008, que busca la nulidad de actas y documentos en los que se determinó el ingreso de gente no avecindada en la comunidad de San Francisco Ixcatán.
Casillas menciona que los abogados de Sandoval Díaz –entonces alcalde de Guadalajara– acudieron al TUA, donde expusieron que su cliente no quería esas tierras. No obstante, insiste el comunero, fue una simulación porque el tribunal aún no ha emitido una sentencia, pese a que ya pasaron cinco años.
–¿Y qué espera el tribunal para resolver? –pregunta el reportero.
–No sé qué espere. El caso se tiene que resolver, pues en la demanda están implicadas 101 personas que no son de aquí.
Además de Sandoval Díaz y Ortega Martínez, en la lista de comuneros están el panista Arturo Don Juan Hernández, excoordinador del Departamento de Maquinaria del ayuntamiento de Zapopan; el priista Juan Antonio González Mendoza, quien fue regidor de Zapopan en el trienio 2000-2003, y Martha Lilia Jáuregui Tinoco, exjefa de área del Centro de Desarrollo Rural del RAN en la Delegación Jalisco.
La familia Poblano Ramos es la más señalada, ya que desde principios de la década pasada prácticamente integró al padrón de comuneros a sus parientes y a políticos allegados.
Hoy, José Blas y su familia tienen asignadas casi 400 hectáreas de las tierras de la comunidad; él posee 5.449. Y siguen sus hijos e hijas: Fabiola, 3.375; Aydeé Josefina, 3.485; Blanca Estela, 3.596; Félix Ismael, 3.375; Horacio David, 2.314; María Evelia, 3.149; Martha Catalina, 4.356, y Emma Alicia, 2.834.
Además, Jacobo Poblano Martínez es propietario de 3.044 hectáreas, mientas que Martha Guadalupe Gallo Poblano tiene 1.963.
El nuevo Comisariado de Bienes Comunales que encabeza Felipe Larios Avelar, comenta Casillas Martínez, está decidido a sacar del padrón a las personas ajenas a la comunidad, entre ellas a los hermanos Jorge Joaquín y Mariano Martínez Ramos, así como a María Cristina Chalita Brahms, miembros de prominentes familias empresariales del estado.
Y como ninguno de los “comuneros” ajenos a San Francisco Ixcatán ha renunciado a sus hectáreas de manera voluntaria, la depuración censal se hará en una próxima asamblea, comenta Casillas.
“Nosotros creemos que debe seguirse ese proceso, independientemente de quien esté en el cargo (de comisariado); debe seguir porque (esos “comuneros”) no se presentan. La asamblea tiene todo el derecho de depurarla (la lista).”
Historia de atropellos
La historia de la comunidad indígena de San Francisco Ixcatán data de la época virreinal, cuando el rey Fernando VII entregó a las comunidades naturales el título de propiedad de las 10 mil hectáreas, explicaron los comuneros en una carta publicada en La Jornada el 3 de marzo de 2009.
Luego, expusieron, la extensión se dividió entre pequeños propietarios y ejidatarios. En 1934, por ejemplo, se levantó un censo, que se renovó 40 años después.
En el ínterin, los habitantes de San Francisco Ixcatán se quedaron sólo con mil 103 hectáreas del predio, según quedó asentado el 18 de septiembre de 1968 en el Diario Oficial de la Federación.
Para entonces había 70 personas en el padrón; en 1983 ya eran 118 y en 2002 sumaban 157, aunque en rigor sólo 29 eran originarios de Ixcatán.
José Casillas comenta que en 1976, 1991 y 1996 su padre, Dionisio Casillas, encabezó recuperaciones de tierra que suman cerca de 500 hectáreas, porque veía la lentitud con la que actuaban las autoridades agrarias.
Según él, gente extraña, sobre todo políticos y empresarios, comenzó a llegar al poblado a partir de 1983. Esas personas pretenden construir un conjunto de cabañas en el Cerro de la Campana, según los comuneros.
Esa versión coincide con la carta que envió Ortega Martínez a Proceso a finales de marzo de 2009, en la que también admite que su amiga Adriana Fabiola Poblano lo invitó en 2000 a sumarse a la comunidad indígena para participar en un proyecto productivo que contribuiría a potenciar el desarrollo de la zona.
“Yo acepté esta generosa invitación para ser parte de la comunidad en el ánimo de aportar esfuerzos y contribuir con gestiones para que tal proyecto se materializara”, dijo el político (Proceso 1691).
