El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) mantiene aterrorizados a cientos de tapatíos por el desproporcionado cobro de las tarifas. Proceso Jalisco entrevistó a dos de los afectados: Eduardo Stettner Terrazas y Rosalba Tostado Saldaña, dos senectos que exponen el desasosiego que viven cada mes, cuando reciben el recibo de la dependencia. “Traen un desmadre –dice Stettner–. Tienen un general, un estratega de escritorio que está encerrado en el Siapa; no sabe nada y por eso hace esas burradas.”
Eduardo Stettner Terrazas, propietario de varias fincas en Guadalajara, es uno de los cientos de ciudadanos tapatíos que se quejan por los cobros excesivos del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa).
La dependencia carece de criterio para aplicar esas tarifas, dice desconcertado, al tiempo que muestra a la reportera varios recibos de la dependencia que carga en una carpeta beige, acompañados de recortes periodísticos sobre los “abusos” de los que, insiste, ha sido objeto en los últimos años.
Y cita ejemplos. Uno de ellos es el de una de sus propiedades, la de la calle Juan Manuel 367, ubicada entre avenida Alcalde y Liceo, en la colonia Centro: “Lleva casi 30 años derruida y a pesar de esto se le aplican cargos por el consumo del agua”, expone a la reportera.
El inmueble está deshabitado desde el 5 de abril de 1985, cuando un helicóptero Bell Ranger matrícula XC-GIV número económico dos, propiedad del gobierno del estado, se desplomó en la azotea y la redujo a un montón de escombros.
Stettner busca en su carpeta el recorte de una nota del diario El Informador que consigna el accidente titulada En una azotea, en la calle de Juan Manuel, cayó helicóptero, y se la muestra a la reportera.
El aparato era tripulado, según el texto, “por el capitán José Luis Saavedra Miranda y viajaban en el mismo el reportero de una cadena de televisión Héctor Carrillo Herrera, el productor Rubén San José Martínez y los camarógrafos José Francisco Segura Méndez y Adrián Rivera Aguilar”.
También menciona que Juan Manuel García, uno de los ocupantes de la antigua vivienda de dos pisos, “se encontraba en su recámara cuando escuchó un gran estruendo y se dio cuenta de que empezaba a caer escombro del techo. Notó que la bóveda estaba vencida y grande fue su sorpresa al subir a investigar, junto con José Alberto Jáuregui, que sobre la misma había caído un helicóptero”.
Stettner, un hombre de la tercera edad, lleva lustros en espera de que el gobierno estatal lo indemnice por la pérdida de su finca. Le molesta la indolencia y las presiones de las autoridades, y estalla: “El colmo es que el Siapa me cobra el consumo del agua. Y pregunto: ¿Si la finca es inhabitable y está deshabitada, de dónde sacan los consumos?
“En vida, mi padre anduvo haciendo su lucha, y nunca logró un cinco para que le indemnizaran, pero ellos (los del gobierno del estado) sí cobraron el seguro del helicóptero.”
Cada dos o tres años, continúa, “las autoridades se acuerdan de la vivienda y me dicen: ‘Oiga tiene usted una finca en el abandono’. Les respondo que así es. Incluso les muestro la nota que le enseñé. Y les digo: ‘Miren, el origen de este desgarriate fue esto (el helicopterazo). Díganle a sus patrones que se hagan responsables del daño; que me indemnicen para así tener dinero para arreglarla… Entonces se desaparecen unos dos o tres años”.
La fachada de la finca –ubicada en una zona comercial, a dos calles de la catedral y a una de la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres– está grafiteada y sin techo; en el primer piso se observa un par de puertas de metal azules, dos ventanales de madera que permanecen abiertos, lo que permite ver los fragmentos de las vigas y la montaña de tierra, basura y bichos.
Estrategas de escritorio
Stettner muestra uno de los recibos del Siapa de la finca derruida, a la cual se le asignó el número de contrato10051088, que corresponde al periodo que va del 21 de diciembre de 2013 al 11 de enero de 2014.
El documento detalla los pagos por el consumo de agua correspondientes a 2013: 105 pesos en marzo, 112 en abril, 102 en mayo, 203 pesos en julio, 90 en agosto, mientras que en septiembre, octubre y noviembre fue menor a 107, y en diciembre se redujo a 89.
Para enero de este año, la facturación fue de 130 pesos. El “consumo de agua” en la vivienda, según el recibo expedido por el Siapa, fue de 12 a 25 metros cúbicos por mes.
“Pago la cantidad que me indica –dice el entrevistado– para que no estén jorobando. Pero vuelvo a lo mismo: de dónde sacan ese consumo. Es la pregunta que les hago cada año a los del Siapa, traen un desmadre. Tienen un general, un estratega de escritorio que está encerrado en el Siapa; no sabe nada y por eso hace esas burradas.”
Y pese a que ha acudido innumerables ocasiones a la dependencia para pedir explicaciones sobre los cobros indebidos, nadie le ayuda. Considera que la única forma de resolver el problema es derrumbar la finca, pero hasta ahora no le han otorgado el permiso porque, le dicen, “está ubicada en el Centro Histórico”.
El Siapa, expone Stettner, también comenzó a cobrarle tarifas elevadas en otra de sus propiedades, la de calle Maestranza 79B, entre avenida Juárez y Pedro Moreno. Los abusos comenzaron luego de que la dependencia confundió el medidor de esa propiedad con el de un restaurante instalado en el número 79A.
Cuando abrió ese negocio, la dependencia le asignó el medidor número 7340520. Los problemas se iniciaron en noviembre de 2011, cuando el de su propiedad, el 7340519 –que abastece a seis oficinas, tres de las cuales están vacías–, presuntamente tuvo un disparo en el consumo y la tarifa pasó de 500 pesos a casi 5 mil.
En 2012, asegura el entrevistado, el organismo del agua hizo cargos por 22 mil 195 pesos a su propiedad de Maestranza 79B, mientras en 2011 él recuerda haber pagado sólo 7 mil. Stettner presentó una queja.
El Siapa envió al personal de la unidad 526 del turno matutino a realizar una inspección. En su reporte, los empleados expusieron: “El medidor Cicasa 7340519 lect. 2719 m3 abastece a seis oficinas (tres de ellas deshabitadas), el medidor Cicasa 7340520 lect. 7854 m3 abastece al restaurante”.
Y aun cuando los propios trabajadores del Siapa precisaron que en el inmueble de Maestranza 79B no existía ningún restaurante, el organismo siguió con los mismos cargos en 2013 y lo que va de este año, por lo que hoy Stettner le adeuda 45 mil pesos.
El 11 de julio último, Stettner ocasión por enésima vez a las oficinas del Siapa para aclarar el error. La ejecutiva que lo atendió, Verónica Valeriano, le repitió que debía 45 mil 45 pesos, y le comentó que podía hacerle un descuento de 75% en concepto de recargos, por lo que tendría que pagar sólo 35 mil 275 pesos.
Y le expuso un plan para liquidar esa suma: podía empezar, le dijo, con un pago inicial de 17 mil 637 pesos y luego abonar tres mensualidades de 5 mil 879 pesos cada una más IVA. Stettner no aceptó, por lo que lo enviaron a las oficinas de González Gallo para que se entrevistara con la jefa de sección de Servicios al Cliente, Cecilia Tamez Ortiz.
La funcionaria le repitió que su única opción era pagar. Stettner volvió a negarse y solicitó hablar con un superior. Lo mandaron con Xóchitl Servín, de la Subdirección Jurídica del Siapa, el presunto deudor tampoco aceptó. Lo canalizaron con José Manuel Guzmán Padilla a la Subdirección de la Contraloría del organismo, donde le dijeron lo mismo.
Tarifas irregulares
Eduardo Stettner analizó una decena de recibos del Siapa de la finca de la calle Maestranza 79B –los que van de abril de 2012 a enero de 2013– y detectó que cada mes el precio por metro cúbico varía de 19 a 30 pesos, y apelando a la Ley de Transparencia, solicitó a la dependencia le informara cuál es “el precio por metro cúbico de agua de un inmueble particular que se encuentra en el centro de la ciudad y que alberga oficinas diversas” (expediente S.I.018/2013).
El 13 febrero de 2013, la coordinadora comercial del Siapa, Yolanda Santiago, envió a la titular de la Unidad de Transparencia del Organismo del Agua, Gladys Martínez Fombona, la respuesta a la solicitud de Stettner.
En el documento se menciona que, de acuerdo con el Consejo Tarifario del Siapa, la cuota de administración para 2013 fue de 146.26 pesos; si se consume de 1 a 60 metros cúbicos (m3), la tarifa es de 11.57 pesos; de 61 a 250 m3 se incrementa 2.8%, más IVA y es “aplicable para servicio medido”.
Sin embargo, dice Stettner, en enero de 2013 a él le cobraron el metro cúbico de agua en 20 pesos, cuando el precio autorizado era de 13 pesos con 42 centavos. “Por eso le digo que tienen un desmadre”, insiste el entrevistado.
Asimismo, la funcionaria precisa que en los predios en los que se instaló un medidor se pagarán las cuotas según sus características: comercial, industrial o público. Si se trata de oficinas o locales, se tasa en 246.84 pesos el metro cúbico; y se cobra un adicional de 510 pesos por cocineta y uso de sanitarios comunes.
Rosalba Tostado Saldaña, una mujer de la tercera edad que habita en una modesta vivienda de una sola planta en la calle de José María Vigil, en la colonia Santa Teresita –casi enfrente del panteón de Mezquitán–, es otra víctima del Siapa.
En el pequeño patio, doña Rosalba construyó un baño que en lugar de puerta tiene una cortina de plástico y el techo es de lámina. Carece de regadera y en el reducido espacio apenas cabe el retrete. Detrás de la pared del improvisado baño, instaló su cocina.
Ella vive con su marido, Ramón Patiño Gómez, su hija y tres nietas, todas ellas estudiantes de secundaria. “Casi ninguna está en la casa”, apunta.
Los seis inquilinos se bañan a jicarazos y toman el agua de un pequeño balde al que le caben aproximadamente 10 litros. “A veces nos sobra agua”
Además, dice a la reportera, “reciclamos el agua de la lavadora, usamos Suavitel de libre enjuague. Esa agua la usamos para el baño o para lavar el patio; aún así me han llegado recibos de 11 mil pesos y mi esposo hace convenios, pero le piden un anticipo de 2 mil pesos para hacerlo válido”.
Ramón Patiño, su esposo, recuerda que pese al convenio, tenía que pagar alrededor de mil pesos al mes. Descarta que la tubería de la vivienda tenga fuga, pues le pidió a un fontanero que revisara.
“Vino un señor de aquí a la vuelta y vio el regulador y todo, y no hay fuga. Me dijo que los del Siapa van a seguir cobrando alto porque ya les pagué ese monto una vez. Creo que tiene razón.”
