En medio siglo de guerra interna en Colombia la cifra de muertos supera los 200 mil, más de 80% de los cuales eran civiles inocentes. A ello hay que añadir los secuestros, violaciones, desplazamientos forzados. Los autores de esos crímenes de lesa humanidad: las fuerzas armadas, los grupos paramilitares y la guerrilla. Esos hechos lesionaron severamente a la sociedad colombiana y han dejado una cauda de resentimiento, odio y ánimo de venganza que será muy difícil erradicar. Ahora el país sudamericano debe enfocar sus esfuerzos en el perdón y en la garantía de no repetición.
BOGOTÁ.- Mientras avanzan los diálogos de paz entre el gobierno y las guerrilleras FARC en la capital cubana, Colombia comienza a cobrar conciencia del gran desafío –más allá del fin del conflicto armado– que significa la reconciliación nacional. Los 50 años de guerra interna han dejado herido el tejido social y una polarización política que llama a la venganza y al exterminio del adversario.
“Los odios se han transmitido varias generaciones, se maman en la leche materna, y ningún desafío en este país va a ser mayor que la reconciliación”, dice a Proceso el coordinador del sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Colombia, Fabrizio Hochschild, quien junto con un equipo de la Universidad Nacional ha servido de puente entre la mesa de negociaciones en La Habana y la sociedad colombiana.
El funcionario de la ONU está convencido de que el primer paso para transitar hacia la reconciliación en Colombia “es reconocer que las víctimas son las personas que más han pagado el costo del conflicto armado y eso les da una legitimidad para opinar qué tipo de paz debe haber. Ellas tienen la autoridad, por su sufrimiento, de liderar los procesos de reconciliación”.
Según cifras oficiales la guerra interna ha dejado 6 millones 657 mil 985 víctimas, 14% de la población del país, en su mayoría por desplazamiento forzado.
El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) establece como victimarios a los grupos paramilitares, la Fuerza Pública (Ejército, policía y organismos de seguridad del Estado), a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a grupos armados “no identificados”.
Según el estudio ¡Basta ya!, del CNMH, el conflicto armado ha dejado 218 mil muertos, 81% de ellos civiles. Los paramilitares, los agentes del Estado y grupos sin identificar son responsables de las dos terceras partes de los 23 mil 161 asesinatos selectivos ocurridos durante la guerra interna y de ocho de cada 10 matanzas de civiles, mientras que la guerrilla perpetró la mayoría (90%) de los 27 mil secuestros registrados en el informe.
Las ejecuciones extrajudiciales ascienden a 25 mil, entre las cuales se encuentran los mil 726 “falsos positivos” atribuidos por la justicia a miembros del Ejército que asesinaron a civiles –en su mayoría durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010)– para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate.
Sólo en 2013 la fundación jesuita Centro de Investigación y Educación Popular documentó mil 382 infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario perpetradas en la guerra interna, 83% de ellas atribuidas a grupos paramilitares e integrantes de organismos estatales y 11% a las FARC y al ELN.
“En este conflicto hay crímenes de guerra y de lesa humanidad por parte de todos los grupos armados y ellos deben empezar por reconocerlo”, dice Hochschild.
Víctimas
En un hecho sin precedente en un proceso de paz en el mundo, los negociadores aceptaron escuchar a las víctimas de ambos bandos y de los grupos paramilitares que actuaron al amparo de altos mandos de las fuerzas armadas. El primer grupo de 12 afectados por la guerra viajó a La Habana el viernes 15 y un día después habló con los representantes de la guerrilla y del Estado. Sus exigencias centrales fueron verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
“La mayor demanda de las víctimas es que tanto el Estado como las FARC les digan la verdad sobre los desaparecidos, sobre los homicidios, sobre los secuestros, que se les reconozca como víctimas y que ninguno de los responsables de su dolor trate de invisibilizarlas”, sostiene el coordinador del Centro de Pensamiento del Proceso de Paz de la Universidad Nacional (UN) de Colombia, Alejo Vargas, quien junto con la oficina local de la ONU y la Conferencia Episcopal de Colombia tiene la compleja tarea de elegir a los representantes de las víctimas que asisten a La Habana.
Voceros de la derecha colombiana han acusado a Hochschild y a Vargas de ser “cómplices de las FARC” por procurar que las víctimas que han viajado y viajarán a La Habana representen al universo de colombianos que han sufrido en forma directa los efectos del conflicto, sin importar que sus victimarios sean agentes del Estado, paramilitares o las FARC, o que hayan padecido secuestro, atentados, violencia sexual o la desaparición u homicidio de algún familiar.
El ultraconservador procurador colombiano Alejandro Ordóñez, quien se opone al proceso de paz por considerar que dejará en la impunidad los crímenes de las FARC, planteó que a La Habana sólo deben ir víctimas de esa guerrilla y no de los paramilitares y de la fuerza pública.
Según Hochschild, “lo que hay en La Habana es una conversación para poner fin al conflicto con las FARC, pero este conflicto generó muchas víctimas y aquí hubo muchos victimarios, no sólo las FARC. Todos los grupos armados han hecho cosas terribles y todas las víctimas deben estar representadas”.
El primer grupo de 12 víctimas que se reunió con los delegados del gobierno y de las FARC el sábado 16 incluyó a seis afectados por esa guerrilla, tres por la fuerza pública y tres por paramilitares.
Más allá de cuál fue su victimario, todas las víctimas coinciden en su ánimo reconciliatorio, en perdonar a quienes asesinaron a sus familiares y en exigir verdad y garantía de no repetición. Estos dos últimos puntos son, desde la perspectiva de las víctimas, no negociables.
Otros cuatro grupos de 12 víctimas cada uno viajarán a La Habana en el transcurso de los próximos meses.
Las FARC han expresado que asumirán su responsabilidad frente a los colombianos que afectaron, pero exigen a “los múltiples actores responsables de este conflicto” hacer lo mismo.
El senador Iván Cepeda, cuyo padre, Manuel Cepeda, fue asesinado por paramilitares en complicidad con agentes del Estado en 1994, sostiene que “este histórico encuentro entre víctimas y victimarios es un paso fundamental para Colombia y lo importante es que este esfuerzo inédito que se está haciendo rinda frutos en función de la paz y la reconciliación del país”.
Señala que “aquí hay víctimas de los paramilitares, del Estado y de las guerrillas, y todas deben ser escuchadas y todas están mostrando mucha solidaridad con el dolor de los otros, sin importar quién sea el victimario, pero hay sectores que las quieren dividir”.
Polarización
La mayoría de los afectados por la guerra respalda el proceso de paz, pero existe mucha controversia entre ellos y en el país sobre el tipo de justicia que debe aplicarse a los jefes de las FARC en caso de que se logre un acuerdo de paz.
Los comandantes guerrilleros rechazan ir a prisión por los crímenes de lesa humanidad que hayan cometido durante la guerra. Para la derecha política que encabeza el expresidente y hoy senador Uribe Vélez, cualquier pena alternativa que exima de la cárcel a los insurgentes que se desmovilicen constituiría una “claudicación” del Estado.
El senador Cepeda considera que Colombia “es un país polarizado y dividido por 50 años de guerra y la guerra siempre es una acción de resultados mucho más inmediatos que la paciente construcción democrática de la paz y la civilidad”.
Sostiene que por ello “la reconciliación va mucho más allá de la firma de la paz; no es algo que el país va a construir en semanas, es un proceso lento, pero estamos en una etapa inicial que tiene mucha fuerza”.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, es una víctima del conflicto armado interno. El 8 de agosto pasado se cumplieron 17 años del asesinato de su padre, Jorge Cristo Sahium, a manos del ELN.
Hace tres años, como senador, Cristo fue autor de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, con la cual el Estado colombiano reconoció por primera vez a los afectados por la guerra y su derecho a la verdad y a la reparación.
“Antes –dice a este semanario el ministro de las filas del Partido Liberal– en Colombia las víctimas no eran ciudadanos de segunda o de tercera categoría, sino de quinta. Hoy eso cambió y las víctimas están jugando un papel protagónico en el proceso de paz.”
Añade: “La tarea y el desafío fundamental que tenemos todas las víctimas de este país y el compromiso con las futuras generaciones es hacer lo posible por evitar más víctimas y consolidar la paz y la reconciliación sobre la base del perdón. Pensar en tener y construir una paz duradera sin reconciliación es imposible, de ahí que el gobierno debe hacer un muy grande esfuerzo de pedagogía de la reconciliación, sobre todo en las regiones, que es donde esa polarización del país no sólo es política, sino armada. Este es un país polarizado y con muchas heridas de guerra”.
Cristo trata de ser consecuente con la idea de la reconciliación. El lunes 18, durante la presentación de un libro sobre el asesinato de su padre y tres políticos más, fue sorprendido por Carlos Velandia, un excomandante del ELN, quien le pidió perdón por el homicidio de su progenitor. El exsenador, quien fue receptivo al gesto, considera que las víctimas de Colombia “lo que quieren es el perdón, la paz y la reconciliación, porque no hay un ánimo de venganza”.
Para Velandia –cuyo sobrenombre guerrillero era Felipe Torre y pasó 10 años en la cárcel–, Colombia “vive un momento crucial de su historia, en el que estamos en tránsito de una guerra de 50 años a la paz.
“Esta es la gran oportunidad de superar el conflicto interno más prolongado del hemisferio occidental. Pero para esto todos los actores de esta guerra debemos hacer nuestra parte, empezando por el Estado –que se tardó demasiado en reconocer a las víctimas–, por la guerrilla y por los sectores más intransigentes”, indica el excomandante del ELN, grupo que también dialoga con el gobierno con miras a un proceso de paz.
Odios
Las expresiones de intransigencia son comunes en un país polarizado como Colombia. El martes 19 la congresista María Fernanda Cabal, del partido de Uribe Vélez, el Centro Democrático, fustigó en Twitter a una de las víctimas que viajó a La Habana, Ángela María Giraldo, por saludar de mano a uno de los delegados guerrilleros.
“Esta víctima saluda a las FARC muy contenta… ¿Síndrome de Estocolmo?”, escribió Cabal. La legisladora es la misma que el 17 de abril pasado, horas después de la muerte del escritor Gabriel García Márquez, publicó en Twitter una foto del Premio Nobel de Literatura junto con el líder cubano Fidel Castro, acompañada de la frase: “Pronto estarán juntos en el infierno”.
Sin mencionar a Cabal, el presidente colombiano Juan Manuel Santos llamó a las personas “que siguen tratando de alimentar el odio” a que permitan a la inmensa mayoría del país que sí quiere reconciliarse que logre ese objetivo. El mandatario calificó de “trascendental” el encuentro de las víctimas con representantes del Estado y de las FARC, y dijo: “Si nosotros logramos reconciliarlos y perdonar, podremos, finalmente, vivir en esa paz que tanto merecemos y que ha sido tan esquiva”.
Giraldo, cuyo hermano Francisco fue uno de los 11 diputados locales del departamento del Valle muerto en 2007 en un enfrentamiento mientras estaba secuestrado por las FARC, denunció a Cabal en la Fiscalía por injuria y dejó constancia de varias amenazas que ha recibido. El gobierno le proporcionó un automóvil blindado y escoltas.
El relator especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición, Pablo de Greiff –reconocido experto internacional en programas de reparación a víctimas–, señala que el tema de la reconciliación es nuevo en Colombia y el hecho de que comience a ser abordado constituye un progreso muy importante.
“Para reconciliarse, un país debe asegurarse de que el presente y el futuro no se construyan a expensas de las víctimas del pasado, mediante un borrón y cuenta nueva. La reconciliación es reconocer responsabilidades por parte de todos los actores de un conflicto, es construir instituciones fiables, reforzar el estado de derecho y atender las demandas de las víctimas.
“En ese sentido, el Estado y la sociedad tienen la obligación de garantizar las condiciones mínimas bajo las cuales los ciudadanos pueden confiar unos en otros y sobre todo en las instituciones. Ese es el sentido de la reconciliación.”
Los delegados del gobierno y de las FARC abordan en estos momentos el tema de víctimas, quinto punto de la agenda de negociaciones. Las partes ya tienen acuerdos sobre desarrollo agrario, participación política y drogas ilícitas, y el viernes 15 instalaron una subcomisión –en la cual participan oficiales de las fuerzas armadas y comandantes guerrilleros– que comenzó a discutir dos asuntos cruciales: el cese bilateral del fuego y la deposición de las armas.
