El Cuarto de Guerra del gobernador Aristóteles Sandoval no sólo elabora estrategias electoreras para favorecer al PRI; también emite lineamientos para justificar las acciones del gobernador y neutralizar el descontento popular. Ejemplo de ello es el manejo del anuncio de la construcción de la presa El Zapotillo, que implica la destrucción de tres poblaciones históricas de la zona.
La justificación para inundar los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, del municipio de Cañadas de Obregón, en la región alteña de Jalisco, se planeó en la Mesa de Estrategia o Cuarto de Guerra del gobierno del estado desde marzo de este año.
En un documento interno de esa instancia, al que este semanario tuvo acceso, se advierte claramente que la prioridad del gobierno que encabeza el priista Jorge Aristóteles Sandoval, nunca fue salvar a esas poblaciones, como personalmente les prometió a sus habitantes, sino respaldar la construcción de la cortina de la presa El Zapotillo a una altura de 105 metros, como pretende hacerlo la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Una copia de ese documento se envió a Gilberto S. Pantoja, secretario particular adjunto del despacho del gobernador, para su validación.
También fue en esa mesa donde se armó el discurso con el que el mandatario reculó en su promesa de no inundar Temacapulín.
A través de su cuenta de Twitter @AristotelesSD , el 29 de enero de 2013 –un mes antes de asumir la gubernatura– el titular del Ejecutivo escribió un mensaje que avivó las esperanzas de la gente de permanecer en sus lugares de origen: “Lo reitero: Jalisco debe ser el principal beneficiado de las decisiones y no el que las padezca. No vamos a inundar Temacapulín”.
Sin embargo el pasado 11 de abril Sandoval Díaz anunció a los medios de comunicación que la inundación era inevitable. Los argumentos que expuso el gobernador corrieron a cargo de Juan Carlos Magallanes, el exeditor del diario Mural, quien aparece en la nómina del gobierno de Jalisco como director general de Proyectos de Políticas Públicas A, con un sueldo superior a 60 mil pesos mensuales.
Según el documento del Cuarto de Guerra, había que justificar la inundación de Temacapulín a partir de un frente técnico y otro social que suavizaran el mensaje del mandatario. Para ello se recomendó tomar en cuenta los informes del Comité Técnico Operativo de Obras Hidráulicas, grupo interinstitucional que vigila y supervisa la operación y seguridad de las presas, así como la exigencia de la Conagua para que la cortina del embalse se levante a 105 metros.
En el frente técnico se argumenta que el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) ha hecho estudios acerca de la oferta y demanda del vital líquido en la zona metropolitana de Guadalajara con resultados adversos; que existe un inminente riesgo de que Temacapulín se inunde si la cortina de la presa se alza sólo a 80 metros; y que el agua es un asunto de seguridad nacional que compete a la federación, no a los estados.
En el aspecto social, se insistiría en que dejar la cortina de la presa en 105 metros de altura, como pretende la Conagua, alejará la posibilidad de una crisis en el abastecimiento de agua de la zona metropolitana y los Altos de Jalisco. También se haría énfasis en que se pondrá fin a los tandeos que realiza el SIAPA, se salvará el Lago de Chapala (que ha sido la principal fuente de suministro de la zona metropolitana) y se protegerá la vida de los habitantes de las comunidades afectadas.
El Cuarto de Guerra determinó que divulgaran esa información el titular de la Comisión Estatal de Agua (CEA), Felipe Tito Lugo Arias, y el director del SIAPA, Aristeo Mejía Durán, lo que efectivamente sucedió después de que el mandatario se pronunció a favor de la elevación de la cortina.
Al calce de esa recomendación aparecen los nombres de José Elías Chedid Abraham, director del organismo de la Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la Conagua –a quien aparentemente se designó para cerrar el balneario– y Enrique Dau Flores, quien supervisaría el trabajo. Este último es titular de la consejería del gobernador y fue quien propuso en 2005 la colocación de unos diques en el proyecto de la presa a 80 metros de altura a fin de salvar las tres poblaciones afectadas.
Dos días antes de que el gobernador anunciara que dejaba la construcción de la presa en manos de la Conagua, la Mesa de Estrategia dispuso que a fin de apuntalar el discurso de Sandoval Díaz se compartieran las líneas de acción a los presidentes municipales de la región de los Altos y de la zona metropolitana, así como a diputados locales, cámaras empresariales, productores del campo, dueños y operadores de medios de comunicación. De esto último se encargaría el jefe de gabinete, Alberto Lamas Flores.
Como encargados de propagar los argumentos técnicos y sociales se comisionó a los titulares del SIAPA, la CEA, al entonces secretario general de Gobierno Arturo Zamora Jiménez, a los diputados locales y presidentes municipales. Todos debían defender que la cortina de la presa se elevara a 105 metros.
Los dictados del Cuarto de Guerra
Según el documento del Cuarto de Guerra al que se tuvo acceso, Juan Carlos Magallanes elaboró los lineamientos que utilizó el gobernador para justificar la inundación de las poblaciones. Al comparar el texto con el boletín de prensa que emitió ese día –11 de abril– la oficina de Comunicación Social, se comprueba que las recomendaciones del director general de Proyectos de Políticas Públicas A se cumplieron al pie de la letra.
En aquella rueda de prensa, Sandoval Díaz insistió que la Conagua era el organismo competente para decidir la altura de la cortina, lo que consta en la guía que escribió Magallanes. Las palabras del gobernador no difieren mucho de ésta.
El Cuarto de Guerra trató de convertir un hecho lamentable en una noticia positiva, mediante el encabezado optimista del boletín: Llama gobernador a la unidad en defensa del abastecimiento de agua para todos los jaliscienses.
“Sandoval Díaz reitera su compromiso con la salvaguarda de los derechos de los pobladores de Temacapulín y su reubicación conforme a derecho”, se lee en la sinopsis del comunicado, que excluye por completo la promesa que el entonces gobernador electo hizo en Twitter en enero de 2013.
También se resalta que el gobierno de Jalisco presentó el 1 de agosto de 2013 al gobierno de la República 18 alternativas para asegurar el abasto de agua a la región de los Altos y la zona metropolitana, pero ninguna fue aceptada.
La Mesa de Estrategia acordó que, una vez hecho el anuncio de la elevación de la cortina, se formara una comisión para dar acompañamiento a los pueblos afectados. Esta acción la realizó la Procuraduría Social de Jalisco, que encabeza Felícitas Velázquez Serrano.
No obstante, en su primera visita a la región alteña para reunirse en Cañadas de Obregón con funcionarios de otras dependencias estatales y federales, Velázquez Serrano recibió rechiflas y críticas de los pobladores a los que no habían invitado (Milenio Jalisco, 16 de abril de 2014).
En ese encuentro la funcionaria estatal anunció que se instalaría un módulo de atención en Temacapulín, pero varios medios locales han dado cuenta del rechazo de los habitantes a toda clase de apoyo que no implique la permanencia en sus lugares de origen. En la cuenta de Facebook Temaca Pueblo Mágico existen videos de los pobladores al exigirles a burócratas de esa dependencia que se vayan con todo y sus mesas de atención, porque no aceptarán reubicarse.
El pasado 2 de junio, alrededor de 200 habitantes y afectados, miembros de organizaciones sociales y activistas a favor de la salvación de las comunidades se manifestaron afuera del edificio de la Conagua para pedir que se respete la sentencia 93/2012 de la SCJN, que limita la altura de la cortina a 80 metros, y se acaten las dos suspensiones emitidas por un juez que dictan la misma orden.
Los inconformes se desplazaron a Palacio de Gobierno para reiterar sus demandas y enseguida fueron al edificio del Comité Estatal del PRI, donde acusaron a ese partido de impulsar políticas que violentan los derechos humanos.
Los colectivos que luchan por preservar las comunidades no han cesado de exigir la detención de las obras de la presa ni de controvertir las justificaciones gubernamentales para elevar la cortina a 105 metros.
El 25 de julio, el delegado de la Conagua en el estado, José Elías Chedid Abraham, difundió “13 verdades” para responder a las críticas del megaproyecto de abastecimiento de agua para la zona metropolitana y región alteña.
En el marco del precongreso de la Asociación Mexicana de Hidráulica, llevado a cabo en el Colegio de Ingenieros, el funcionario afirmó en su postulado 12 que la cuenca del río Verde se ha estudiado por muchos años y por tanto es la mejor opción geológica, hidrológica, social y financiera para construir la presa. Los pobladores respondieron a las que calificaron como “13 mentiras” el jueves 14, a través de su abogado.
El litigante Espinoza Sauceda señala que nunca se presentaron las razones geológicas por las cuales se descartó la mayoría de alternativas ni los estudios que avalan ese argumento.
Además, el 6 de agosto las organizaciones que apoyan la resistencia de la población realizaron una “lluvia de tuits por Temacapulín” con el hashtag #TemacaVive, dirigido a las cuentas personales del gobernador, del titular de la Conagua, David Korenfeld, del secretario general de gobierno, Roberto López Lara, y de Chedid Abraham, a quienes se les exigió detener la construcción de la cortina cuando llegue a 80 metros. Ninguno de los funcionarios respondió.
El martes 19, el abogado dio a conocer la tercera suspensión definitiva contra la edificación de El Zapotillo dictada por el juez primero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo, Joel Fernando Tinajero Jiménez.
Se trata del juicio de garantías 1045/2014, cuya resolución señala que “para el efecto de que las responsables (la compañía La Peninsular y asociados) se abstengan de construir una cortina que sobrepase la altura originalmente autorizada de 80 metros de la presa El Zapotillo, que se construye en el río Verde en los Altos de Jalisco, hasta en tanto se dicte la sentencia definitiva”.
