“Cada vez que Argentina se ha tornado viable, empiezan los misiles financieros”, dijo en días pasados la presidenta argentina. Se refería a las dificultades que enfrenta Buenos Aires para cumplir sus compromisos, luego de una decisión judicial tomada en Estados Unidos. El dinero para pagar a los acreedores está girado, pero el juez Thomas Griesa lo bloqueó. La única beneficiada con esa medida es la empresa Elliott Management, gestora de fondos buitres y propiedad de Paul Singer, principal donante del Partido Republicano.
BUENOS AIRES.- El impago de la deuda externa, forzado por una decisión judicial en Estados Unidos, deja a Argentina en una situación compleja e incierta.
El juez neoyorquino Thomas Griesa mantiene bloqueado el giro de 539 millones de dólares que Argentina hizo el 26 de junio hacia el Banco de Nueva York. El pago estaba destinado a cancelar un vencimiento del 30 de junio con los tenedores de bonos reestructurados en los canjes realizados por Argentina en 2005 y 2010, con una aceptación de 93% de los acreedores.
El juez había determinado previamente que Argentina no podía seguir pagando a esa mayoría de acreedores hasta en tanto no cumpliera su sentencia de liquidar mil 600 millones de dólares a los gestores de fondos buitres –aquellos que compran deuda a 20% de su valor nominal para luego presionar por el pago del 100%– NML Capital (subsidiaria de Elliott Management) y Aurelius, que poseen 1% de los bonos.
El 30 de julio se venció el plazo para que el giro de 539 millones, congelado por decisión de Griesa, se acreditara en las cuentas de sus destinatarios. Ese día se cerró sin acuerdo la negociación entre los representantes de Argentina y de los fondos buitres en Nueva York.
El gobierno declinó pagar el valor nominal de los bonos en poder de los fondos buitres. Eludió así el reclamo ulterior de 93% de los acreedores que sí ingresaron en los canjes de 2005 y 2010 y cobran desde entonces con una quita de 67%. Sus bonos reestructurados poseen una cláusula, llamada RUFO (right upon future offers o derecho sobre futuras ofertas), que habilita la posibilidad de exigir el mismo trato en caso de que otros bonistas reciban mejores condiciones.
El monto total del consiguiente reclamo –según la estimación más conservadora– ascendería a 120 mil millones de dólares. Argentina posee reservas por 29 mil millones de dólares. No podría afrontar el pago y se vería forzada a declarar la cesación y lanzar un nuevo y gigantesco canje de deuda.
El pasado 2 de julio el Comité de Decisión de la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA) determinó que Argentina había caído en cesación de pagos. La entidad tiene entre sus integrantes a los bancos más importantes del mundo y también a Elliott Management, y habilitó a los titulares de “seguros contra riesgo de impago” de la deuda argentina a cobrar mil millones de dólares.
Entre los beneficiarios de la decisión se encuentra precisamente Elliott Management.
Argentina, por su parte, sostiene que no se trata de una “cesación de pagos” sino de “cesación de cobro”, forzada por Griesa. México y Brasil apoyan esta postura. La embajada mexicana en Buenos Aires, mediante comunicado del sábado 2 firmado por el embajador Fernando Castro Trenti, expresó que “de ninguna manera puede considerarse un proceso de default cuando un país solvente realiza puntualmente los pagos y se bloquea el cobro a sus bonistas”.
Sostuvo que “México rechaza de forma enérgica el accionar de estos fondos, cuyo modelo de negocios obstaculiza el logro de acuerdos definitivos entre deudores y acreedores y condiciona futuras reestructuraciones de deuda y la estabilidad financiera internacional”.
Agrega que “México valora el compromiso de Argentina de continuar honrando sus deudas y manifiesta la necesidad de que se permita el cobro por parte de los bonistas de los pagos actualmente bloqueados por decisiones judiciales”.
Perspectivas
La posición argentina de no ceder frente a los fondos buitres encierra también grandes riesgos. Necesita prolongar la negociación con estos acreedores –tal como ha pedido Griesa– por lo menos hasta el próximo 31 de diciembre, cuando vence la cláusula RUFO. A partir de 2015 Argentina podría pagar a los fondos buitres el valor nominal de los bonos en su poder; tanto a NML (Elliott Management) y Aurelius, que gozan de una sentencia firme, como a otro 6% de tenedores que no la tienen y no aceptaron los canjes con quita.
El 93% de los bonistas que se adhirieron a los canjes de deuda en 2005 y 2010 han cobrado puntualmente desde entonces. Con su fallo, Griesa impide la percepción del último cobro. Todo indica que los pagos se normalizarán en enero de 2015.
Hasta entonces, sin embargo, si algunos tenedores de estos títulos reestructurados reunieran 25% del capital de los bonos, podrían exigir su “aceleración”; es decir, la amortización total en un plazo de 60 días. En tal caso Argentina no tendría divisas suficientes para hacer frente a estos vencimientos. Se vería en la necesidad de declarar la cesación de pagos y lanzar un nuevo y gigantesco canje de deuda. Dentro de este escenario, los tenedores se arriesgan a una larga pausa sin cobro y a una nueva quita.
Una posible vía de solución que aleja estos fantasmas es la compra de la deuda en manos de los buitres a través de un grupo de grandes bancos internacionales, que en 2015, cuando expire la cláusula RUFO, se la venderían a Argentina. Se especula la participación del Citibank, JP Morgan y HSBC.
Argentina se salvaría de este modo de la bancarrota. Presumiblemente debería asegurar a dichos bancos una ganancia que amortice la compra de los bonos a los fondos buitres y el pago que efectúen a dichos fondos por los “seguros contra riesgo de impago”.
El gobierno evalúa también otra propuesta. “La idea de pagar a los fondos buitres con el aporte de China o de Rusia está latente en la política doméstica”, sostuvo el diario La Nación el miércoles 6.
Mencionó también la existencia de “gestiones desde Buenos Aires para recibir ayuda financiera de países amigos de la región. Concretamente se mencionaron los casos de Uruguay, Brasil, Chile o México”.
Comprensión
Esta gama de posibles soluciones se complicaría todavía más si Griesa da por cerrada la negociación y declara a Argentina en desacato. Este magistrado de 83 años recibe por estas horas duras críticas. Y no sólo –previsiblemente– desde Argentina.
“Los fondos buitres –un pequeño número de acreedores que quedaron fuera de la reestructuración de la deuda argentina– no tenían ningún interés en el país o su gente. Recogieron sus bonos en una barata, con la esperanza de que al gastar lo suficiente en litigios legales, finalmente encontrarían un juez comprensivo que no entendiera qué es lo que se estaba debatiendo y fallase a su favor”, escribió el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz en un artículo publicado en The New York Times el viernes 1.
El director de la sección de Finanzas de ese periódico, Floyd Norris, sostuvo el pasado 24 de julio, tras asistir dos días antes a una audiencia judicial entre las partes, que “Griesa no terminó de entender las transacciones de bonos sobre las que decidió durante años”. Acusó al magistrado de “inventar una interpretación legal para obligar al cumplimiento de las sentencias”.
El juez ignoraba –según se desprende de la transcripción de dicha audiencia– que dentro de los bonos cuyo pago había bloqueado hay también otros emitidos bajo la ley argentina. Parte del depósito, además, fue realizado en euros y yenes. Es por eso que durante las últimas semanas el juez permitió pagos de deuda argentina al Citibank, a JP Morgan y a las entidades europeas Euroclear Bank y Clearstream Banking, contradiciendo su sentencia.
Griesa en realidad “no tiene jurisdicción para impedir que se realicen pagos fuera del territorio estadunidense”, explicó el economista Horacio Rovelli a Tiempo Argentino el lunes 4. El magistrado sólo podrá, en el futuro, restringir los depósitos que se realicen en el Banco de Nueva York.
Este banco ocupa ahora el centro de la escena. El martes 5 el gobierno argentino le exigió hacer efectivo el giro de los fondos depositados el 26 de junio a los tenedores de bonos reestructurados. La entidad que gestiona los pagos de los bonos de deuda argentina bajo legislación estadunidense retiene esos fondos amparándose en la orden de Griesa. Argentina podría demandar al banco por incumplimiento de contrato e intentar cambiar la plaza de pago.
Crece al mismo tiempo, además, la posibilidad de que bonistas reestructurados inicien demandas contra el banco para poder cobrar las acreencias giradas por Argentina.
Por lo pronto los bonistas europeos del grupo Euro Bondholders sostienen, en escrito enviado a Griesa, que el Banco de Nueva York “quedará expuesto a responsabilidades en tribunales extranjeros por reclamos surgidos de los bonos en euros”, consignó el miércoles 6 el diario La Nación.
En este frente de batalla múltiple el 7 de agosto el gobierno de Fernández de Kirchner presentó un recurso contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de La Haya por “la violación de su obligación internacional de respetar la soberanía” de Argentina, por parte de la justicia de ese país, lo que genera inconvenientes en el proceso de reestructuración de deuda. Pretende así lograr que un caso que afecta claramente su soberanía sea evaluado en una instancia de justicia internacional.
Inducción a la crisis
En el plano interno el gobierno prepara una batería de medidas económicas para alentar la demanda y el consumo en un periodo que puede presentar turbulencias. La inédita cesación de pagos de un país solvente redundará en presiones devaluatorias y caída de la actividad económica.
Pero la comparación con el impago decretado en 2001 no resiste el menor análisis. “El producto bruto duplica al del periodo de 1998 a 2001, el sector industrial es hoy más del doble, tenemos cuatro veces más exportaciones que en ese periodo”, dijo a la Televisión Pública el economista Arnaldo Bocco, presidente del Banco Central durante el gobierno de Néstor Kirchner.
“A partir de 2005 con el canje de deuda pública el coeficiente ‘deuda externa total/PBI’ se redujo significativamente, pasando de un valor cercano a 90%, a 23% en el cuarto trimestre de 2013”, consignó el pasado 24 de junio el matutino Ámbito Financiero.
Cabe consignar que Argentina realizó pagos de deuda externa por 190 mil millones de dólares desde 2003 hasta la fecha. Privada de financiamiento externo apeló a recursos propios. “Cada vez que Argentina se ha tornado viable, ha adquirido cierto grado de autonomía razonable, es ahí cuando empiezan los misiles financieros”, dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el martes 5.
La mayoría de la población argentina apoya la forma en la cual el gobierno lleva las negociaciones con los fondos buitres, como lo consignan diferentes encuestas.
En una carta al Congreso de Estados Unidos el 31 de julio, 100 economistas, entre quienes está el premio Nobel de Economía, Robert Solow, sostienen que el fallo de Griesa “y especialmente la decisión que bloquea a Argentina en el pago a 93% de los bonistas, podría causar daños innecesarios al sistema financiero internacional, a los intereses de Estados Unidos, a Argentina y a 15 años de la política bipartidista estadunidense de alivio de la deuda”.
“Es necesario un sistema global para la reestructuración de deudas”, sostuvo Stiglitz en el artículo citado. “Estados Unidos está lanzando una bomba en el sistema económico mundial”, alertó. “Evitar un default, al transferir dinero desde Argentina –donde el ingreso per cápita es de cerca de 14 mil 800 dólares– a ciertos multimillonarios, sólo creará más inequidad”, sostuvo.
Y añadió: “Los buitres han invocado el imperio de la ley, pero debemos ser claros: se trata de codicia”.
En tanto el lunes 4 la Comisión Nacional de Valores argentina presentó ante la Securities Exchange Commission, ente regulador de mercados en Estados Unidos, un pedido de informes para “detectar posibles maniobras especulativas con bonos de la deuda argentina en el exterior”.
La investigación pretende vincular la negativa de Elliott Management a alcanzar un acuerdo con Argentina con la decisión del Comité de Decisión de la ISDA, de la cual EM forma parte.
Este comité, al declarar a Argentina en default, habilitó el cobro de “seguros contra riesgo de impago”, que beneficia entre otros a Elliott Management.
La probabilidad de éxito es escasa. El dueño de Elliott Management es primer donante del Partido Republicano de Estados Unidos. “La campaña contra Argentina muestra cuán profunda puede ser la influencia de los fondos buitres por fuera de los mercados a los que apuestan”, resumió Stiglitz en referencia a la correlación de fuerzas en este conflicto.
