La Ley de Justicia y Paz de Colombia tiene entrampado al país. Si por un lado supuestamente permitirá a la nación sudamericana pacificarse tras medio siglo de guerra interna, por el otro es vista por algunos sectores de la sociedad como un pacto de impunidad para beneficio de los paramilitares, autores de miles de delitos atroces. A su vez los líderes de las FARC –en pleno proceso de negociación con el gobierno, y autores, algunos de ellos, de crímenes de lesa humanidad– se niegan a aceptar uno de los requisitos de esa ley: el de cumplir penas mínimas de prisión.
BOGOTÁ.- A partir del viernes 15 el exjefe paramilitar Fredy Rendón Herrera, El Alemán, podrá recobrar la libertad junto con mil 147 de sus excompañeros de armas quienes, según las autoridades colombianas, son autores de delitos tan atroces como el asesinato masivo de civiles, desapariciones, violaciones, tortura, secuestro y reclutamiento de menores.
El Alemán confesó ante las autoridades la autoría de 106 homicidios, aunque la Fiscalía le imputó 888 delitos y 3 mil 278 víctimas durante los años en los que enfrentó a sangre y fuego a la guerrilla y a todo aquel que le pareciera “izquierdista”, desde activistas sociales hasta estudiantes, incluyendo mujeres y niños.
Este mes, luego de ocho años preso, Rendón podrá salir libre pues en 2006 se acogió a la Ley de Justicia y Paz, promovida por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez para propiciar la desmovilización de unos 30 mil integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Investigaciones judiciales atribuyen a esta organización paramilitar 8 mil asesinatos selectivos, mil 186 matanzas y 2 mil 541 secuestros. Unas 40 mil víctimas civiles, 10% de las cuales fueron localizadas en fosas clandestinas a todo lo largo del país.
El Alemán es uno de los casos más emblemáticos dentro de los mil 147 exjefes y mandos medios de las AUC amparados por la Ley de Justicia y Paz. Pero hay varios más, como Raúl Emilio Hasbún, Pedro Bonito, victimario de más de 3 mil personas; Ramón Isaza, acusado de mil asesinatos, desapariciones, secuestros y matanzas; e Iván Roberto Duque, Ernesto Báez, uno de los ideólogos del grupo y a quien la Fiscalía le atribuye 2 mil 914 víctimas. Ellos y sus socios, algunos de los peores criminales y narcotraficantes de Colombia, podrán recobrar la libertad en las próximas semanas tras cumplir ocho años presos.
“Esto fue un pacto de impunidad y hay que ver qué lección debemos sacar de ahí, sobre todo ahora que el tema de la justicia y de la responsabilidad frente a las víctimas que ha producido el conflicto armado en este país está presente en las negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC”, dice a Proceso el abogado, filósofo, historiador y decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, Ricardo Sánchez Ángel.
Señala que la Ley de Justicia y Paz es un referente ineludible para los diálogos entre el gobierno y las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuyos jefes rechazan ir a la cárcel por los crímenes de lesa humanidad que hayan cometido en los 50 años de guerra interna.
“Obviamente la guerrilla y los paramilitares son actores distintos y nacieron en circunstancias diferentes: La guerrilla para tomar el poder con un ideario sociopolítico y los paramilitares, alentados desde el Estado para hacer el trabajo sucio contra la guerrilla. Los dos se desvirtuaron. Los paramilitares se volvieron capos del narcotráfico y criminales de lesa humanidad y la guerrilla incurrió en delitos atroces, como el secuestro, y acabó enredándose con el narcotráfico”, indica el académico.
“La pregunta hoy –considera– es si los jefes guerrilleros deben ir o no a prisión como parte de un acuerdo de paz y a la luz de lo que ocurrió con la Ley de Justicia y Paz que aprobó el Congreso para la desmovilización de los paramilitares. Es un tema que el país debe debatir. Creo que debemos llegar a una solución política del conflicto”.
Verdad y reparación
La Ley de Justicia y Paz, vigente desde 2005, establece penas máximas de entre cinco y ocho años de prisión para los paramilitares desmovilizados que se acogieron a ella, sin importar la gravedad de sus delitos. Los únicos requisitos son que sus beneficiarios confiesen sus crímenes, ofrezcan verdad y reparación a sus víctimas y sus familias y no vuelvan a delinquir.
El 13 de mayo de 2008 el gobierno de Uribe Vélez extraditó a Estados Unidos a 14 jefes paramilitares quienes seguían manejando sus negocios de narcotráfico desde la cárcel. Entre ellos los líderes máximos de las AUC, como Salvatore Mancuso; Rodrigo Tovar, Jorge 40; y Fernando Murillo, Don Berna. Fueron excluidos de la Ley de Justicia y Paz por haber seguido delinquiendo luego de su entrega. Ahora cumplen sentencias de entre 20 y 30 años en prisiones estadunidenses por tráfico de drogas y delitos conexos.
De los mil 147 exparamilitares admitidos en esa legislación, los tribunales creados ex profeso sólo han condenado a 18 –1.5%–, por lo que las mismas autoridades judiciales dan por hecho que la mayoría de los excombatientes recobrarán la libertad aun sin haber recibido sentencia.
“Estamos de acuerdo en que haya medidas de justicia transicional, como la Ley de Justicia y Paz, porque entonces no habría manera de resolver conflictos armados como el que tiene Colombia. El gran drama es que en el caso de los paramilitares no se ha cumplido con dos demandas centrales de las víctimas y de esa Ley: verdad y reparación y por lo tanto aquí no ha habido justicia”, señala Marco Romero, académico de la UN y director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).
El especialista en políticas públicas y conflicto armado dice a Proceso que el sistema colombiano de justicia ha mostrado “su enorme incompetencia para manejar estos procesos, porque aquí no ha habido sentencias (contra los paramilitares desmovilizados), verdad ni reparación para las víctimas, mucho menos justicia”.
Según Romero las principales lecciones de la Ley de Justicia y Paz frente al diálogo con las FARC son que “los derechos de las víctimas deben ser respetados en cualquier caso y que tenemos un sistema de justicia muy ineficiente, incapaces de hacer su tarea en casos como estos por los altísimos niveles de impunidad e incapacidad para investigar”.
El director del Codhes y maestro en estudios europeos considera que la posibilidad de que los jefes de las FARC reciban penas alternativas a la cárcel si firman un acuerdo de paz con el gobierno debe estar abierta.
“Es más importante para la reconciliación del país que se diga toda la verdad, que la guerrilla diga qué pasó con secuestrados que nunca volvieron a aparecer y que se logren procesos de reparación a víctimas, a que se siga en una lógica de punibilidad ordinaria, como es la cárcel”, asegura.
Víctimas y victimarios
Julián Cataño –esposo de Luz Mery Velásquez, dirigente de la organización de víctimas Gente Emprendedora– fue desaparecido por paramilitares. “Salió de casa el 24 de febrero de 2001 y nunca lo volví a ver”, dice ella y agrega que la inminente liberación de los exjefes de las AUC “es una burla para nosotros porque no hubo verdad ni reparación. Me parece terrible que nuestros victimarios salgan a la calles como si nada hubiera pasado”.
Si los comandantes guerrilleros se desmovilizan deberían preverse para ellos penas alternativas a la cárcel pues, sostiene, “para las víctimas hay más justicia si hay verdad y reparación, y eso es en lo que debe centrarse un (eventual) acuerdo de paz con la guerrilla, en que se garantice verdad y reparación, porque víctimas somos todos, tanto las de los paramilitares como las de la guerrilla y las del Estado. Así es más fácil la reconciliación y el perdón”.
La directora de Fiscalías Especializadas de la Fiscalía General, Ana Caterina Heyck, ha reconocido que la verdad y la reparación obtenidas con la Ley de Justicia y Paz fueron “parciales en muchos de los casos”.
Según la funcionaria, antes de que la Fiscalía autorice la salida de prisión de los jefes paramilitares, la institución analizará caso por caso para determinar si los beneficiarios cumplieron los requisitos de confesión de crímenes, verdad y reparación a sus víctimas y no volvieron a delinquir.
“Tenemos que verificar de plano si los paramilitares entregaron los bienes que dijeron que entregarían”, dijo.
La Fiscalía ya tiene 12 solicitudes de paramilitares para recobrar su libertad y una vez analizados los casos, serán jueces especializados quienes determinen si esas peticiones son procedentes. De aquí al próximo diciembre cumplirán ocho años de prisión 174 exparamilitares, quienes podrán pedir su liberación.
Durante las conversaciones de paz con el gobierno las FARC han insistido en su negativa a pagar con cárcel los crímenes que hayan cometido en el transcurso del conflicto armado. “No hay proceso de paz o diálogo en el mundo que haya terminado con gente de cualquiera de los bandos en la cárcel”, dijo el pasado 30 de julio el negociador de las FARC en La Habana –sede de los diálogos–, Marco León Calarcá, al diario inglés The Guardian.
El exfiscal de la Corte Penal Internacional, el argentino Luis Moreno Ocampo, dijo durante una visita a Colombia el pasado julio que las FARC deberían confesar sus crímenes en lugar de que sus comandantes sean juzgados con instrumentos jurídicos ineficientes y complejos, como la Ley de Justicia y Paz.
Para no repetir uno de los errores de esa ley, en el marco jurídico para la paz que aprobó el Congreso colombiano en 2012 con miras a los diálogos de La Habana, se estableció que por los crímenes de lesa humanidad sólo deben ser juzgados los comandantes de esa guerrilla en su calidad de “máximos responsables”. Así la justicia se centraría en los casos más emblemáticos y no desperdiciaría recursos y esfuerzos en tratar de resolver cientos de procesos penales.
Para Moreno Ocampo los comandantes de las FARC deben asumir su responsabilidad “y si les toca ir presos, que vayan presos, y tienen que hacerlo así para dignificar el proceso”.
El tema de la justicia es uno de los asuntos pendientes en la mesa de negociaciones de La Habana, donde los delegados del gobierno y las FARC comenzarán este mes a discutirlo en el marco del punto sobre víctimas del conflicto.
Pablo Catatumbo, comandante de las FARC, dijo que no tendría problema en pagar unos años de cárcel como parte de un acuerdo de paz. “Pero eso sí, ahí también tendrían que estar todos los generales de los últimos años, no pocos expresidentes, exministros, embajadores, empresarios del campo y la ciudad, etcétera, etcétera”, acotó.
Según un estudio del Centro Nacional de Memoria Histórica, en medio siglo de conflicto las guerrillas colombianas han cometido 24 mil 482 secuestros, 3 mil 899 asesinatos selectivos, 343 matanzas, 77 atentados y reclutaron a miles de menores de edad. Otros actores de la guerra, entre ellos las fuerzas militares y organismos de seguridad del Estado, aparecen también en ese informe como autores de miles de delitos de lesa humanidad.
Condiciones de las FARC
El abogado y exlegislador Sigifredo López es una emblemática víctima de las FARC. En abril de 2002 fue secuestrado por esa guerrilla junto con 11 diputados locales del departamento del Valle del Cauca. Todos, excepto López, murieron abatidos por las balas de ese grupo armado en un confuso episodio que al parecer fue un enfrentamiento accidental entre fuerzas insurgentes.
Tras siete años de cautiverio, López fue liberado en un gesto unilateral de las FARC. En 2012 fue capturado y sometido a proceso por la Fiscalía acusado de complicidad en el secuestro y posterior asesinato de los 11 legisladores. Por falta de pruebas debió ser liberado tres meses después, en medio de la indignación generalizada por la actuación de la Fiscalía.
“Soy una doble víctima, de las FARC y del Estado, y de las FARC lo soy por partida doble: por mi secuestro y porque esa guerrilla guardó silencio cuando la Fiscalía me acusó de ser su cómplice”, señala.
Para López el acuerdo de paz con los paramilitares debe respetarse y los comandantes que hayan cumplido con la Ley de Justicia y Paz deben recobrar su libertad. “Este ha sido un proceso en que la justicia, la verdad y la reparación fueron a medias pero el Estado debe cumplir con la ley y con sus compromisos”, explica a este semanario.
Considera que si el gobierno y las FARC llegan a un acuerdo de paz, los comandantes de la guerrilla “deben cumplir unos mínimos de cárcel, decir la verdad de sus crímenes y reparar a sus víctimas. (…) Está bien que se busquen penas alternativas, pero que sean penas mínimas de prisión, de ocho años, como pagaron los paramilitares, o de un poco menos, pero que incluyan cárcel”.
Uribe Vélez, hoy senador, es el más enconado opositor a que los comandantes de las FARC sellen la paz sin ir a la cárcel y sin que se les anulen sus derechos a postularse a cargos de elección popular. El tema divide a Colombia y se erige como el asunto más difícil de resolver en los diálogos.
“Es el punto gordo de las negociaciones pero yo creo que por la paz de Colombia vale la pena aceptar que los jefes guerrilleros paguen sus crímenes con penas alternativas a la prisión, a cambio de que se comprometan a la verdad y a la reparación. La peor impunidad que puede haber en este país es que siga la guerra”, señala Sánchez Ángel.
