Aunque varios urbanistas señalaron que la reconstrucción del Mercado Corona era una buena oportunidad para regenerar el espacio, esto no se percibió en la designación del despacho responsable del proyecto. Todo indica que la convocatoria se ciñó a dos prioridades: que se parezca a un supermercado y que pueda inaugurarlo el priista Ramiro Hernández antes de salir de la alcaldía.
Con el anuncio de la firma Toussaint y Orendáin Grupo Arquitectos (TOGA) y nueve despachos más de que se retiraban del proceso para designar al responsable del diseño conceptual del nuevo Mercado Corona –demolido tras el incendio que sufrió el pasado 4 de mayo–, se incrementan las sospechas de que todo fue dirigido desde la Comisión de Planeación Urbana (Coplaur), que encabeza Diego Delfín Álvarez del Castillo.
Con una velocidad inusual, en 15 días el ayuntamiento de Guadalajara emitió la convocatoria, analizó 30 propuestas y el 25 de julio anunció al ganador: el despacho Fernández Arquitectos, S.C., que dirigen Leopoldo Fernández Font y su hijo Fernando Fernández Pérez Rulfo.
Ninguna de las otras empresas participantes impugnó las bases de la invitación oficial; sólo TOGA difundió su queja en una carta que publicó en Facebook.
Marcado interés económico, el proyecto favorecido se parece más a un centro comercial que a un mercado; y por si fuera poco, el acalde priista Ramiro Hernández presiona para cortar el listón del inmueble dentro de su mandato.
El diseño elegido ha sido ridiculizado hasta el cansancio en las redes sociales, destacadamente por urbanistas. Jorge Fernández Acosta, académico de la Universidad de Guadalajara, señala por ejemplo que la celosía en la fachada se parece mucho a un palomar o a un pretzel.
La presentación del proyecto estuvo a cargo de Ramiro Hernández y el titular de Coplaur, Diego Delfín Álvarez del Castillo, en el salón de expresidentes del Palacio Municipal tapatío. Ahí se exhibieron algunas láminas del proyecto conceptual, que no arrancaron muestras de aprobación de los locatarios, actualmente reubicados en la calle Zaragoza.
Al final del acto oficial, el alcalde Hernández García se limitó a decir que él se mantuvo al margen de la decisión del jurado y se refugió en su oficina. Después de publicar el anuncio en su página de Facebook, recibió cientos de críticas a las que no respondió.
El internauta Karin Potter le escribió: “¿Qué es esa cosa? Tradicional no es. ¿No se supone que lo que está en el centro debe de conservar su esencia? Ese proyecto es una blasfemia, es una lástima que hagan esto, es obvio que no van a querer que vuelvan los famosos puestos de tocas o los hierberos”.
Desde el principio del proceso, el ya citado académico Fernández Acosta advirtió que la invitación de las autoridades era excluyente y violaba la Ley Estatal de Obra Pública porque rebasa el tope de recursos que puede asignarse directamente (Proceso Jalisco 504).
En su página de Facebook, el catedrático dio a conocer una serie de aforismos sobre el enésimo fracaso de la autoridad al construir un espacio público, por privilegiar el interés económico sobre el bien común. “Se rompe la escala, se interrumpe el ritmo e irrumpe un MALL demoledor de la armonía”, dice uno de ellos.
Y el arquitecto Jesús García Rojas, director de la consultora Rojas y Asociados, opina que “se perdió la oportunidad de hacer algo trascendente”.
Sin embargo, la Academia Mexicana de Arquitectura; la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción; el Colegio de Arquitectos; el Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco; el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano; el Centro Universitario de Artes, Arquitectura y Diseño (CUAAD); el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y el Patronato del Centro Histórico se conformaron con el proyecto designado.
Éste también fue defendido en medios como el diario El Informador, cuyo coordinador de ediciones impresas, Diego Petersen Farah, exaltó en su columna al presidente municipal: “Contra lo que recomendaba la urgencia y los tiempos políticos, la administración de Ramiro Hernández decidió hacer las cosas bien: hacer un concurso abierto con un jurado en el que participaron menos funcionarios que expertos de la sociedad civil”.
Urbanismo olvidado
Los arquitectos Enrique Toussaint y María Emilia Orendáin, dueños del despacho TOGA, terminaron su diseño conceptual pero decidieron no entregarlo y se retiraron del proceso por considerar que el proyecto está empañado por los intereses del alcalde, quien terminará su encargo el próximo año y desea inaugurar el nuevo inmueble.
En una carta publicada por ambos en Facebook, explican que la elección se enrareció con los frecuentes cambios a las bases del proyecto, pero lo que terminó por convencerlos de retirarse fue la dramática reducción del coeficiente de la utilización del suelo (CUS) de 4.8 a 2.4, para luego regresar al primero.
“Lo extraño es que de su parte no cesaron de enviarnos información y modificaciones que merecen todo tipo de sospechas, la primera y más obvia es que no podíamos preguntar sobre la nueva información”, detallan.
“Si bien luego fuimos avisados que regresó al CUS inicial, la pregunta pertinente sería: ¿Por qué se dieron estos cambios? ¿Cómo es posible hacerlos ya iniciado el concurso? Estas preguntas no pudieron ser contestadas ya que no había comunicación de Coplaur con los participantes”, agregaron el día anterior al anuncio del ganador.
Entrevistados en su despacho, los arquitectos dicen que perciben señales muy claras de que se pretende usar el proyecto del mercado con fines electorales.
“Creemos que detrás de todo esto hay una decisión política… que si el PRI no hace el mercado, es muy probable que el PRI pierda las elecciones del año que entra”, explica Toussaint.
Y cuestiona: “Es decisión política. ¿Cómo es posible que no había dinero y ya hay 300 millones? ¿Qué quiere decir? Que el dinero está cuando existen las decisiones que no son arquitectónicas ni de la ciudad”.
La pareja destaca que la convocatoria fue manejada de principio a fin como si se tratara de un proyecto privado y la Coplaur se comportó como una promotora inmobiliaria. Resaltan que su despacho no fue invitado a participar, pero dada la magnitud de la obra exigieron que se le incluyera.
Toussaint relata que el titular de la Coplaur no respondió a la primera solicitud que enviaron y el Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, del que son miembros, tampoco les pasó invitación. Resalta que el jefe del departamento de Proyectos Urbanos, Roberto González Soto, se negaba a inscribirlos porque las reglas de participación estaban sujetas a la Coplaur.
Los arquitectos le respondieron al funcionario que el techo presupuestal de casi 300 millones era un motivo suficiente para que la invitación se abriera al público, y aunque no sucedió esto, el despacho TOGA fue inscrito una semana después.
Orendáin expone que 80% del material que les entregaron para diseñar el inmueble es inservible y confuso, en tanto que Toussaint destaca que también les pidieron calcular el costo del metro cuadrado de un local, como si ellos fueran promotores inmobiliarios. En las bases de la convocatoria –copia de la cual tiene este semanario– se advierte que el precio del metro cuadrado en un local de planta baja será de 2 mil pesos; en el primer piso, de mil 100, y en la planta alta de 500 pesos.
“Es como si ya existiera el proyecto, le sacaras lo que tiene y lo pusieras como convocatoria”, señala Toussaint. Y resalta que en vez de concebir el mercado como un proyecto urbanístico, la dependencia buscaba cómo sacarle el máximo provecho económico, pues días antes de dar a conocer el resultado la Coplaur ya realizaba excavaciones en el terreno del mercado para construir el estacionamiento.
Por otra parte, indica Orendáin, el proyecto no rescata el consumo tradicional de un mercado. En su opinión, era una buena oportunidad para redefinir el espacio público de los 140 mercados municipales de Guadalajara, que prácticamente están en el abandono (Proceso Jalisco 496) y han perdido clientes porque se han convertido en sitios oscuros, sucios y riesgosos.
El proyecto de TOGA consistía en dejar abiertos esos espacios y construir un circuito interior en diagonal para que la gente caminara y apreciara el folclor del mercado. Sin embargo, Toussaint considera que antes de lanzar la convocatoria la Coplaur ya tenía en mente una mole de cemento:
“El edificio no puede plantearse a partir de una imagen. Yo no puedo asegurar que un mercado sea un hito porque lo esté disfrazando de acuerdo a la moda actual, porque la moda pasa, y tenemos edificios que se quedan viejos muy pronto.”
El proyecto ganador contempla que el nuevo mercado tendrá escaleras eléctricas, oficinas, salón de usos múltiples, una terraza, mirador, 589 locales y 582 cajones de estacionamiento.
Los arquitectos de TOGA advierten que existe el riesgo de que el edificio se quede inconcluso por falta de presupuesto, pues medirá 20 metros de altura pese a que el INAH sugirió levantarlo únicamente 15 metros.
Además, comenta Toussaint, los costos de renta que fijó el municipio están desfasados y es posible que el mantenimiento del inmueble se dispare hasta 20 veces si llegara a concretarse un “techo verde” en la planta alta.
Los arquitectos mencionan que, en tales condiciones, prefirieron retirarse para no validar el proceso con el que están en desacuerdo. Además, recuerda que la Coplaur pretendía quedarse con los derechos intelectuales de su diseño.
No es la primera vez que TOGA denuncia una convocatoria viciada de origen. Durante la presidencia municipal del panista Alfonso Petersen Farah acudieron a un concurso para elaborar el diseño conceptual de un edificio de la Villa Panamericana en el Parque Morelos. El proyecto no se realizó ahí, pero el municipio pagó millones por el trabajo de varios arquitectos.
En cuanto al concurso para el Mercado Corona, Toussaint señala que algunos despachos incluso propusieron la construcción de vivienda, desfasándose del concepto del espacio público. Esto provocó que varios arquitectos quisieran manifestar su inconformidad en forma abierta, pero al final no se organizaron.
En familia
Los Fernández Font hicieron su aparición en el ámbito empresarial local a finales de los sesenta del siglo pasado, con la cadena de supermercados Maxi. En algunos aspectos, la arquitectura de sus bodegas es semejante al diseño conceptual con el que ganaron el concurso del Corona.
En su portafolio destacan proyectos de bancos, oficinas de gobierno, viviendas, hoteles, estacionamientos, librerías, complejos deportivos y centros de culto, como la Iglesia de la Luz del Mundo.
Durante la gubernatura del panista Emilio González, esos empresarios obtuvieron diversos contratos por consultorías, estudios e investigaciones. A su despacho se le atribuye el tan cuestionado puente vehicular que conecta la carretera Chapala con la avenida Lázaro Cárdenas, en el cual el gobierno estatal invirtió más de 46 millones de pesos.
También diseñaron el nodo vial que enlaza la carretera a Chapala con el fraccionamiento Revolución, y estuvieron involucrados en el fracasado proyecto del Museo Guggenheim que impulsaron, entre otros empresarios, Aurelio López Rocha y Carlos Álvarez del Castillo. El recinto se ubicaría en el parque Mirador Independencia Dr. Atl, al borde de la Barranca de Huentitán. Al proyecto ahora se le conoce como La Barranca y para él se tienen contemplados terrenos municipales.
El reportero Jonathan Ávila menciona en su blog anexosgdl.wordpress.com que Fernando Fernández Pérez Rulfo coordinó ese proyecto mediante la asociación civil Guadalajara Capital Cultural, creada exprofeso para hacer viable ese inmueble, lo cual no consiguió porque la Fundación Solomon R. Guggenheim, de Nueva York, canceló la obra por falta de liquidez.
No obstante, Fernández Font cuenta con el apoyo del círculo de poder de Álvarez del Castillo, dueño del diario El Informador, miembro de la asociación civil que impulsa la construcción de Barranca, Museo de Arte Moderno y Contemporáneo Guadalajara, que reemplazará al fracasado Guggenheim.
Coincidentemente, el titular de la Coplaur es familiar directo del empresario, y el vicepresidente del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, A.C. –universidad en la que es académico el arquitecto Fernández Font– es Salvador Ibarra Álvarez del Castillo, otro pariente.
