Cuando otros países ya dieron la vuelta a la página de la militarización policiaca, de amargos recuerdos, en Jalisco se presentó dentro de ese concepto la Fuerza Única Regional, que se encargará de combatir a la delincuencia en 116 municipios. Sin embargo, el gobierno estatal no fue capaz de convencer a todos los alcaldes de las bondades del proyecto, y tuvo que poner en marcha la corporación con menos de la mitad de los efectivos previstos.
Con presiones a quienes se oponen a la unificación del mando policiaco por el alto costo que representa para los municipios, se conformó la Fuerza Única Regional (FUR) de Seguridad Pública, que encabeza el fiscal general del estado, Luis Carlos Nájera.
La FUR surge justo cuando se da a conocer que tan sólo en mayo se registraron en el portal de internet de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) mil 385 quejas contra elementos de todas las corporaciones policiacas, una cifra récord.
Este hecho coloca a Jalisco como un foco rojo en materia de derechos humanos, con niveles de impunidad que llegan a 100%, pues en la entidad ningún funcionario ni agente policiaco ha sido procesado por el delito de tortura, indica Francisco Macías Medina, integrante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).
Al mismo tiempo, en varios puntos de la zona metropolitana de Guadalajara se han registrado agresiones hasta asesinatos de policías y soldados. En mayo pasado, un convoy militar fue atacado por decenas de sujetos armados en la entrada a la cabecera municipal de Guachinango; perdieron la vida cuatro efectivos.
El 29 de julio, un grupo de sicarios asesinó a los investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE): el jefe de grupo Raúl Alvarado Barriga y al agente Gerardo Díaz Sánchez, que indagaban el robo de hidrocarburos en Tlajomulco de Zúñiga. Esa madrugada aseguraron una pipa con 30 mil litros de gasolina en la prolongación de la avenida 8 de Julio, frente al fraccionamiento Cielito Lindo.
Posteriormente, el fiscal Nájera Gutiérrez reconoció ante los medios de comunicación que a uno de los agentes se le encontró un fajo de billetes en los bolsillos. “Todo hace pensar que detuvieron a estas personas (a los presuntos ladrones de gasolina), llegaron a un acuerdo y dejaron ir a dos, ofreciendo algún dinero, y resulta en este desenlace trágico”. Así explicó también el hecho de que no se le hizo reconocimiento oficial a los fallecidos.
Esa misma tarde tres empleados de la FGE fueron agredidos a balazos en Villa Corona, lo que desató una intensa movilización policiaca. Dos resultaron heridos. Un mes antes, pero de manera extraoficial, vecinos de la región de la Sierra de Amula se quejaron de una serie de balaceras en El Grullo, El Limón, San Gabriel y otros poblados, con un saldo aún indeterminado de muertos y heridos. Ninguna autoridad ofreció información al respecto.
En tan violento escenario, varias organizaciones civiles advierten del riesgo de que se desaten violaciones sistemáticas a los derechos humanos, y que es casi seguro que aumenten los abusos policiacos y los casos de tortura.
Onerosa e incierta
La naciente FUR es impugnada por una veintena de alcaldes que no están de acuerdo con la forma en que el gobierno del priista Jorge Aristóteles Sandoval pretende operarla y financiarla.
Encabeza a los inconformes el presidente municipal de Tepatitlán de Morelos, Jorge Eduardo González Arana, quien considera que la FUR obligará a las alcaldías a gastar mucho dinero en sueldos para policías que ni siquiera estarán completamente a disposición de los municipios.
Tan sólo en Tepatitlán, la Dirección de Seguridad Pública tiene un grupo operativo de 31 policías. Pasarlos a la FUR implicaría un gasto aproximado de 30 millones de pesos, que el ayuntamiento pagaría de 2014 a 2020, en concepto de sueldos y liquidaciones que no están considerados en su presupuesto de gastos operativos.
“Cuando nace (la FUR), firmamos un convenio con el acuerdo de que los municipios aceptábamos que los elementos serían evaluados y nosotros nos comprometimos a pagar los sueldos de esos policías, pero únicamente en lo que correspondía a 2013”, explica González Arana.
Sin embargo, dice, ahora la FGE le envió un convenio distinto en el cual “se pide que los municipios paguen los sueldos de los policías de la FUR entre 2014 y 2020 y eso significa 5 millones de pesos anuales, tan sólo en lo que corresponde a Tepatitlán”.
Afirma que pagar 30 millones en seis años afectaría seriamente las finanzas de ese municipio de la región Altos Sur, pues su techo presupuestal es de 400 millones al año.
Aclara que la oposición a la FUR no tiene fondo político, ya que participan en ella alcaldes del PAN, del PRD, del partido Movimiento Ciudadano (MC) e incluso algunos alcaldes del PRI, entre ellos algunos que prefieren no dar sus nombres por temor a represalias.
González Arana explica que el pago de la FUR se pretende descontar de los presupuestos asignados a los municipios a través de las participaciones estatales y federales programadas para cada año; sin embargo, no existe la garantía de que el mando único responda oportunamente a emergencias de seguridad que “lo mismo pueden darse en Huejuquilla, en Jilotlán de los Dolores o en otra población distante de la nuestra”.
Como de película
La FUR fue presentada en el Parque Metropolitano de Tala el 21 de julio y la ceremonia fue encabezada por el gobernador, Aristóteles Sandoval.
Inicialmente integran dicha fuerza menos de 700 efectivos, es decir, con un déficit de más de 50% respecto de los mil 400 agentes que estaban considerado para la creación de ese organismo de seguridad, que pretende combatir a la delincuencia en 116 municipios.
En el acto protocolario, el gobernador dijo que los agentes de la nueva corporación ganarán 15 mil pesos mensuales, por lo que serán los mejor pagados de la entidad.
Desde el 16 de julio, el pleno del Congreso de Jalisco aprobó con 37 votos a favor (de los 39 posibles) una partida presupuestal de 386 millones de pesos para el desarrollo de infraestructura y los sueldos de la FUR.
No es casualidad que la FUR haya sido presentada en Tala, municipio de la región Valles, ya que esa zona ha sido golpeada por las bandas del crimen organizado desde hace tres años y se han incrementado sensiblemente los índices de asesinatos, secuestros y robo de combustible a los ductos de Pemex.
El periódico sensacionalista Metro publicó el 21 de julio que el gobierno estatal montó “un show” para dar a conocer la capacidad de la FUR, que cuenta con 200 patrullas Dodge Ram negras, todas de doble cabina y con logotipos dorados; algunas tienen blindaje especial para aguantar los recorridos en zonas de alto riesgo, como los límites con Michoacán y las regiones Sureste, Valles, Norte y costa.
Cada efectivo de la FUR fue dotado de equipo nuevo, incluyendo su pistola de cargo y un arma larga. Según el plan oficial, la fuerza constará de mil 400 elementos cuando los 125 municipios firmen el convenio de participación en la iniciativa.
Un dato curioso es que en esta presentación, y por enésima vez, la FGE presumió ante los fotógrafos y camarógrafos el helicóptero Black Hawk como la pieza clave de su “guerra” contra la delincuencia.
El aparato fue adquirido en la administración de Emilio González cuando promovía una visión militarizada de las corporaciones policiacas de la entidad, dijo a este semanario el investigador de la Universidad de Guadalajara Marcos Pablo Moloeznick (Proceso Jalisco 495).
El Black Hawk es igual a los que utiliza el ejército de Estados Unidos en operaciones bélicas regulares. Más allá de su alto precio, su mantenimiento requiere de una inversión que rebasa la capacidad financiera de cualquier municipio e incluso afecta considerablemente el presupuesto estatal.
En la entrevista citada, Moloeznick criticó al gobierno de Jalisco por comprar un aparato con un precio superior a 20 millones de dólares (más de 260 millones de pesos). En la opinión del investigador, la compra revela cuán poca importancia le dan las autoridades de la entidad al diseño de políticas públicas contra la delincuencia.
Para él, en la entidad se recurre al aumento del número de policías, patrullas y armas, a costa de los exámenes de control de confianza, la capacitación del personal y el diseño de sistemas de inteligencia acordes a los índices y el tipo de inseguridad que enfrenta el estado.
También cuestionó que mientras aquí se aplica la obsoleta solución de militarizar a la policía, en otros países de América Latina, como Colombia, ya se comprobó que es mejor desplegar la policía de proximidad.
La polémica entre autoridades estatales y algunos alcaldes tocó fondo a finales de junio, cuando el fiscal Luis Carlos Nájera señaló como sospechosas a las autoridades municipales inconformes con la FUR, en una clara alusión al panista González Arana:
“Sería egoísta o hasta sospechoso el que no lo hicieran (firmar el convenio de la FUR), porque si dicen que (la inseguridad) es su principal preocupación y no lo quieren hacer, hay que preguntarnos cuál es la verdadera razón”, dijo el 29 de junio Luis Carlos Nájera a los reporteros.
Como respuesta, González Arana pidió a la autoridad estatal mesura en sus declaraciones y respeto al orden constitucional. En entrevista con Proceso Jalisco, el presidente de Tepatitlán rechazó que esté relacionado con la delincuencia o provocar cualquier tipo de sospecha, pero se dijo preocupado por la intención de presionar a quienes no están de acuerdo con la forma en que se pretende operar la FUR.
