Señor director:
Le agradeceré publicar la siguiente carta, dirigida al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor José Narro Robles, para exponerle la siguiente queja y pedirle su intervención.
Algunos funcionarios de la UNAM no sólo amparan la impunidad, sino también la promueven. Me refiero a Estela Morales Campos, coordinadora de Humanidades y presidenta del Consejo Técnico de Humanidades; al abogado general, Luis Raúl González Pérez; a Lourdes Chehaibar Náder, directora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE); a Margarita Gutiérrez Velázquez y a José Rubén Romero Galván, quienes han violado en mi perjuicio el Estatuto del Personal Académico (EPA), así como varios de mis derechos humanos, en el siguiente asunto:
En 2013 participé en el concurso de oposición por la plaza de Investigador Asociado “C” de T/C. Aun cuando cumplí todos los requisitos, el 13 de septiembre de 2013 Chehaibar Náder me notificó que el Consejo Técnico de Humanidades (CTH) acordó no otorgármela. El 17 de septiembre interpuse recurso de impugnación y propuse a Enrique Ruiz Velasco Sánchez como mi representante ante la Comisión Especial Revisora (CER).
De manera ilegal, Chehaibar Náder ha intervenido en mi recurso: primero (26 de septiembre de 2013) me envió un correo electrónico, y luego (principios de octubre de 2013) me externó telefónicamente que no tenía ningún caso mi impugnación porque el CTH no iba a cambiar su resolución. Además, objetó el hecho de que Ruiz Velasco fuera mi representante en la CER por ser integrante del Consejo Interno del IISUE, pues era “juez y parte” en el caso, de acuerdo con un criterio del abogado general. Chehaibar nunca me envió el fundamento jurídico correspondiente, como se lo reclamé.
El 22 de octubre de 2013 pedí por escrito a Estela Morales Campos informarme del estado que guardaba mi caso. Se negó, e hizo ilegalmente partícipe a Chehaibar Náder en el recurso de impugnación. El 15 noviembre le reiteré dicha solicitud, pero no tuve respuesta, violando mis derechos de acceso a la información y petición.
El 26 de febrero de 2014, la representante del personal académico del IISUE en el CTH, Clara Ramírez, señaló que “(…) conforme a lo estipulado por el abogado general de la UNAM (sic), una vez notificada la interesada (sic) y vencidos los plazos correspondientes (sic)”, el CTH designó a Javier Mendoza como mi representante en la CER, y que el “recurso avanzaba”. Nunca fui notificada de ninguno de esos hechos.
Expuse esas y otras irregularidades al abogado general, quien el 8 de abril de 2014 me notificó que el CTH acordó finalmente aceptar a Enrique Ruiz Velasco Sánchez como mi representante en la CER.
No obstante, Estela Morales se negó a entregar a mi representante copias fotostáticas de las pruebas 1 y 2 (proyecto de investigación y ensayo) con las que concursaron la beneficiaria de la plaza y su servidora, argumentando que “es información reservada”. Aunado a lo anterior, sin estar estipulado en el EPA y/o la legislación universitaria, el abogado general otorgó a la beneficiaria de la plaza no sólo el derecho a ser escuchada o por escrito manifestar los “alegatos que considere convenientes” (sic) ante la CER, sino también a obtener mi recurso de impugnación y las inconformidades que su servidora presente en el desahogo del recurso de revisión. Salvo mi derecho legal de ser escuchada por la CER, esos últimos aspectos no me los otorgó el abogado general.
No obstante que el artículo 106 del EPA establece la obligación de la CER de escuchar a la recurrente, Margarita Velázquez Gutiérrez y José Rubén Romero Galván (los otros integrantes de la CER) se opusieron arguyendo que era necesario consultar al abogado general si procedía o no la solicitud de audiencia que hice el 28 de abril y reiteré el 19 de junio. A la fecha, no he sido citada por la CER.
En su debido momento, mi representante hizo del conocimiento de Estela Morales y del abogado general cada una de las irregularidades. Ambos funcionarios nunca dieron respuesta.
Ante ello, el 26 de junio Ruiz Velasco entregó en la Rectoría un amplio escrito dirigido a usted, donde le detalla dichas irregularidades y violaciones al EPA y a la legislación universitaria, con los documentos probatorios. Consciente de sus múltiples ocupaciones, deseo que haya tenido oportunidad de leerlo. Sé que mi caso no es la excepción, pues en la UNAM no pocas personas y universitarios colegas han padecido también el simulacro de concursos de oposición, donde las plazas tienen nombre y apellido, incluso antes de ser convocadas, favoreciendo a personas que no cumplen con los requisitos ni tienen el perfil convocado.
Sin embargo, confío en que por el bien de nuestra querida UNAM, usted hará respetar el EPA y la legislación universitaria, pues durante el tiempo que tuve oportunidad de tratarlo como funcionario de la universidad, y ahora, en su trayectoria como rector, me consta que siempre se ha distinguido por ser un hombre recto en el ejercicio de su cargo, sensible y atento a los problemas de la UNAM y su comunidad.
Atentamente
Maestra Esther Ibarra
