A la hora de estudiar el funcionamiento de nuestras sociedades se nos enseñó que las conquistas populares eran irreversibles. La rueda de la historia no gira hacia atrás. Impactaba nuestra imaginación que los pueblos fueran pintados como colosos con pies de plomo. Lentos en sus desplazamientos, sí, pero dado un paso adelante, era posición ganada en definitiva; no había marcha atrás. La convicción de mucha gente de izquierda se atenía a estas figuras. Con lo que se cocina contra el campo, derivado de las absurdas pretensiones de la reforma energética, habrá ocasión suficiente para confirmar o tirar al caño la validez de estos asertos.
Marca a Peña Nieto y a su séquito acrítico de batracios legislativos una urgente obsesión por restaurar la legalidad que rigió en el Porfiriato. Un régimen legal que se esfuerza por volver a establecer prebendas y canonjías de quienes ostentaron el dominio económico y político del pasado, es un modelo al que hay que nombrar como reaccionario y regresivo, con todas sus letras, e impedir su instauración. Su esencia o móvil es la restauración de los viejos privilegios, la contrarreforma o la contrarrevolución. Lo contrario al progreso, al avance positivo de los pueblos o a una revolución.
¿Cómo comprobar que el grupo hegemónico del Poder Legislativo trata de restaurar la normativa, contra la que la violentísima revolución de 1910 apuntó los cañones y a la que logró derogar, para poner a funcionar unas leyes que sí operaran a favor de los pueblos y hombres que habitan este suelo? Basta leer el contenido explícito del articulado de algunas normas recién aprobadas en su barahúnda de disposiciones y acuerdos actuales, y que ensayarán a poner en práctica, contra las que ya caminaba nuestra máquina social, con todas las deficiencias y lacras que se les quiera señalar.
El artículo octavo transitorio de la nueva ley en materia de energía dice a la letra: “Derivado de su carácter estratégico, las actividades de exploración y explotación del petróleo y demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, a que se refiere el presente decreto, se considera de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquellas. La ley preverá los términos y condiciones generales de la contraprestación que se deberá cubrir por la ocupación o afectación superficial o, en su caso, la indemnización respectiva.”
No se queda aquí este enorme atentado legal. Ya encarrerado el ratón, se lanza a colgarle el cascabel al gato. Buscando la forma de emparejar piso a todos los que se beneficiarán con el nuevo formato de la explotación de los recursos energéticos, van más allá de los abusos que practican nuestros zares mineros. Apenas está la molestia popular tomando cuerpo en contra de estos excesos y vienen los legisladores a abrir más el abanico. No cabe duda de que se necesita ser miope en este bello país, para convertirse en empleado al servicio de la oligarquía, que no otra cosa es lo que mal llamamos gobierno.
La directriz de sus nuevas normatividades establece que las actividades mineras no tendrán prioridad sobre las de exploración y explotación del petróleo y el gas, pero sí sobre cualquier otra actividad que se realice en el suelo y en el subsuelo de los territorios concesionados a las corporaciones mineras. Es evidente que el malestar campesino se agudizará y terminará levantándose en contra de tanta impertinencia. Si en lugar de poner freno al saqueo, lo profundizan y amplían su autorización “legal”, ¿qué otra salida le dejan a los sujetos productivos del campo, que nunca ven la suya?
No se ocupa de mucha perspicacia para entender hacia dónde apuntan estas directrices. Nuestra agricultura presente, la que sostienen con grandes esfuerzos nuestros campesinos arraigados en ejidos, comunidades, pequeñas propiedades y pueblos indígenas, sus modos de vida rural, su lucha por defender la biodiversidad, el agua, sitios históricos, la soberanía y seguridad alimentaria y demás metas consagradas a lo que hemos sido en las últimas décadas, dejan de ser estratégicas, pierden la preferencia legal. Ya estaban subordinadas a los dictados del capital salvaje, pero ahora el saqueo indiscriminado de nuestros energéticos las manda a la parte baja del tablero, más atrás de la expoliación de los recursos mineros.
Se trata de un contrasentido garrafal. En todo esquema económico, clásico o no, a las actividades agropecuarias se les califica, porque lo son, de renglón primario. El secundario lo conforman la rama industrial y las manufacturas. Después viene el de los servicios. Nuestros políticos, torpes y obtusos, no captan tal sencillez elemental. Para ellos el renglón primario de nuestra economía se va al fondo del tablero, a servir de peldaño para otros. No les basta con haberlo mantenido en calidad de subsidiante principal por tantos años. Ahora amenazan con extinguirlo. ¿De dónde tanta torpeza?
Lo reducen a una calidad de renglón económico de mera servidumbre. ¿Por qué? ¿Será porque a los que están legislando y aprobando tales sandeces no les alcanza su cerebro para más? ¿Será porque su calidad irredenta de siervos, de gatos corruptos, les ha pervertido de plano el buen sentido? Se ve que ellos así son y como tienen su pecho juzgan el ajeno. Suponen que su eficiencia de servidumbre al amo blanco, su actitud arrastrada, su imbecilidad obcecada ante el poderoso tiene que volverse universal y ser conducta a observar también por el hombre de campo, nuestro sacrificado proveedor de insumos alimenticios. No se les ocurre pensar que el productor primario sea un hombre libre, un ser humano completo, sino que debe conducirse también como esclavo irredento, como ellos, ante los dueños del dinero.
Este es el contenido real de las aberraciones legales que se están aprobando. Se quiso extender el principio expropiatorio existente para la nueva modalidad de explotación y saqueo. Pero la minería y las nuevas empresas energéticas ya no serán públicas. No convalidarían el criterio del “interés nacional”, por un lado. Por el otro abrirían, a la hora de su aplicación, una serie inacabable de danzas legales, lo que les complicaría su ansia irrefrenable de saqueo a corto plazo.
Por eso cambiaron la letra original por un nuevo discurso con figuras raras: “reservas nacionales”, “servidumbre legal de hidrocarburos”, “contratos de ocupación”, “autorizaciones, permisos y asignaciones” a favor de las empresas extranjeras y otras lindezas de esa laya.
Nuestro pueblo es lento de entendederas, más todavía nuestra gente de campo. Vive como entumecida, ocupada en la ingrata tarea de hacer parir alimentos a la madre tierra. Mas no se corta impunemente un cordón umbilical de tanta fuerza. En los intentos pasados en la historia nacional por dar cuerpo a semejante atrocidad, eso no prosperó ni quedó impune. ¿Se saldrá con la suya esta vez el capitalismo voraz y salvaje que nos atosiga?
