De Candelaria García Godínez
Señor director:
Nos dirigimos a usted para expresarle nuestra inquietud por la publicación de tres notas de la reportera Patricia Dávila, dos en la Agencia Proceso tituladas Michoacán: los nahuas de Aquila, atacados desde todos los frentes
(https://www.proceso.com.mx/?p=374475), del 13 de junio, y Hallan tres cadáveres de indígenas desaparecidos hace siete meses en Aquila
(https://www.proceso.com.mx/?p=375162), del 19 de junio, y una más en el semanario Proceso 1962, del 8 de junio, titulada: Michoacán: los nahuas de Aquila, atacados desde todos los frentes, cuyos contenidos y redacción son idénticos (le anexo copias subrayadas), con excepción de las entradas de las notas, en lo que pareciera ser una campaña a favor de Octavio Villanueva, único entrevistado en estos trabajos periodísticos presentados como reportajes que, por decir lo mínimo, carecen de rigor profesional, pues publican sus declaraciones como si fueran verdad absoluta. Por este motivo, nos permitimos hacerle las siguientes precisiones.
En Aquila, Agustín Villanueva Ramírez, actualmente detenido en Morelia, encabezó una lucha social de la Comunidad Indígena de San Miguel de Aquila para conseguir el pago de una regalía de la empresa Las Encinas, S.A. de C.V., la que finalmente se logró mediante un convenio firmado el 19 de marzo de 2012.
Poco después, concluyó el periodo como dirigente de Agustín Villanueva Ramírez, quien propuso como sucesor a su tío Fidel Villanueva Espinoza. Al ver Agustín que la nueva directiva no se dejaba manipular por él, encabezó una movilización para destituir a sus integrantes proponiendo entonces a su sobrino Octavio Villanueva Magaña.
En uso de su derecho, la directiva destituida promovió un juicio en contra de Octavio Villanueva, quien junto con su tío Agustín, al ver que el fallo les iba a ser adverso –así ocurrió el 3 de mayo de 2013–, que perderían el poder y el dinero que manejaban de la regalía minera, y aprovechando que en Tierra Caliente se estaban formando autodefensas, sin el consenso de la asamblea comunal formaron una policía comunitaria. La finalidad, mantenerse al frente de la Comunidad Indígena de San Miguel de Aquila. Como pretexto utilizaron al crimen organizado, con el que tenían presuntas relaciones estrechas, influencia que utilizaban para “levantar” y acallar a opositores, de lo que hay pruebas y denuncias.
El 24 de julio de 2013, la policía comunitaria de Agustín Villanueva Ramírez y Octavio Villanueva Magaña, armada con rifles de alto poder, tomó el pueblo de Aquila con el apoyo de policías comunitarios de Coalcomán y Chinicuila, originando el desplazamiento de más de cien familias aquilenses al estado de Colima tras ser expulsadas de la cabecera comunal. Los desplazados sufrieron la expropiación de sus tierras y casas, así como el saqueo de sus muebles, ropa, ganado y otras pertenencias, recibiendo también amenazas de muerte para que no regresaran.
Tras tomar la cabecera municipal, la policía comunitaria de Agustín Villanueva Ramírez y Octavio Villanueva Magaña, mediante un comunicado, exigieron al alcalde Juan Hernández Ramírez que los reconociera como policías a nivel municipal y el pago de un salario a cada uno de sus integrantes. Al no obtener respuesta, retuvieron en la Presidencia Municipal al secretario y a empleados exigiendo la presencia del alcalde, quien se encontraba en Morelia. Esto dio lugar a que el cabildo, por falta de seguridad para el personal, autorizara al alcalde aquilense despachar desde el Centro Articulador del pueblo de La Placita de Morelos.
Derivadas de estos y otros hechos, en Coahuayana se presentaron en contra de Agustín Villanueva Ramírez, Octavio Villanueva Magaña y otros policías comunitarios denuncias penales por asesinatos, secuestros y desapariciones de personas, robos calificados, despojos y daños. Fueron giradas varias órdenes de aprehensión, algunas de las cuales se ejecutaron mediante un operativo especial implementado el 14 de agosto de 2013 con el apoyo del Ejército Mexicano, en el que se detuvo a 45 policías comunitarios, no todos indígenas. Otros huyeron, entre ellos Octavio Villanueva Magaña.
Después del operativo, y con el conocimiento de que se le buscaba para aprehenderlo, éste se refugió, primero, con las autodefensas de Tierra Caliente, desde donde inició una campaña mediática en contra de los integrantes de la directiva de la Comunidad Indígena de San Miguel de Aquila encabezada por Fidel Villanueva Espinoza, a los que acusó sin pruebas de estar relacionados con el crimen organizado, y más tarde se fue a la Ciudad de México, donde inició una relación con la CNPA, y continuó a nivel nacional su campaña mediática en contra de la mesa directiva aquilense.
Como colofón de los ataques de Octavio Villanueva Magaña, policías comunitarios afines detuvieron a los miembros de la directiva encabezada por Fidel Villanueva Espinoza, a quienes golpearon, les “sembraron” armas y los entregaron a la Policía Federal. Están detenidos desde entonces.
En este 2014, Octavio Villanueva Magaña ganó un amparo y fue restituido como presidente de la Comunidad Indígena de San Miguel de Aquila. Se ordenó que se le entregara el dinero de la regalía minera depositado en el Tribunal Unitario Agrario de Colima, y ya una vez con el poder y el dinero en sus manos (a la fecha aproximadamente 13 millones de pesos), una de las primeras acciones que ejecutó fue desconocer a los integrantes de la policía comunitaria que lo respaldaron y siguieron desde su integración en 2013, acusándolos de intento de extorsión por los mismos 700 mil pesos de que acusaba a Fidel Villanueva Espinoza y su mesa directiva, y de los mismos 700 mil pesos que todos los aquilenses saben se pactó entregar al crimen organizado desde los tiempos de Agustín Villanueva Ramírez.
Señor director: Aquila es una comunidad y un pueblo chicos. Aquí todo se sabe, pero su reportera sólo habló con Octavio Villanueva Magaña.
De todo lo aquí escrito hay pruebas documentales, no sólo palabras. Invitamos a Proceso a realizar un reportaje a fondo, como nos tiene acostumbrados, para que brille la verdad.
Atentamente
Candelaria García Godínez
Aquila, Michoacán
Respuesta de la reportera
Señor director:
L
o que a la autora de la carta precedente le parece “una campaña” a favor de uno de nuestros declarantes no es sino el puntual cumplimiento de uno de los servicios que proporciona Proceso: El primer texto difundido, que ella menciona al final de una serie de tres, apareció el 8 de junio en las páginas impresas del semanario; el segundo, transmitido el día 13, es idéntico al primero sencillamente porque se trata de una reproducción íntegra para nuestros lectores en internet; el tercero, publicado el día 19 y cuyo título difiere del correspondiente a los otros dos, constituye un seguimiento periodístico que da cuenta específicamente del hallazgo de tres cadáveres de indígenas desaparecidos a raíz de los conflictos referidos en principio, y por lo mismo es contextualizado con una parte de la información divulgada el 8 de junio.
Ciertamente, el texto original se obtuvo recurriendo al género de la entrevista, pero los entrevistados fueron dos –como puede confirmarlo cualquier lector–, y se optó por darle aspecto de reportaje –evitando la fórmula de pregunta-respuesta– no sólo porque incluye detalles de denuncias penales, sino también porque esa es una práctica común en cualquier publicación, a condición de que el reportero atribuya a sus fuentes los términos y datos publicados. Hacer esto por la complejidad del tema y las limitaciones del espacio no significa carecer de rigor profesional, y, mucho menos, pretender que lo difundido sea la verdad absoluta.
Por cierto que el principal de nuestros entrevistados, Octavio Villanueva Magaña, quien denunció que está siendo perseguido y que tiene una orden de aprehensión en su contra, cuenta también con una representación oficial: es presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Miguel de Aquila, y en el trabajo periodístico en cuestión informó que 40 integrantes del grupo que representa fueron detenidos, que otros son legalmente perseguidos o mediáticamente acosados, que tres desaparecieron y que cinco fueron asesinados. Se trata, en suma, de una fuente periodística obligada, independientemente de las discrepancias que pueda suscitar, las cuales, como se ve, tienen igualmente su lugar.
Atentamente
Patricia DávilaT
