Señor director:
Le solicito publicar la presente en la sección Palabra de Lector.
El 27 de enero de este año, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y la secretaria del Medio Ambiente, Tanya Müller García, demolieron cuatro viviendas en el predio Acualaxtla o Mecostla, también conocido como La Cañada, en el poblado de Santa Catarina Yecahuizotl, lugar donde se ubica la colonia El Paraíso, delegación Tláhuac.
La operación se ejecutó sin que mediara escrito, orden o mandamiento de autoridad alguna, y el personal de la secretaría amenazó con que “continuarán las demoliciones”, mientras que la jefa delegacional en Tláhuac, Angelina Méndez Álvarez, mostró desconocimiento absoluto de lo ocurrido.
Por lo anterior, el 29 de enero acudimos a la Asamblea Legislativa del DF, en donde, después de soportar la indiferencia de quienes integran ese órgano, los vecinos de la colonia fuimos atendidos por el diputado Manuel Granados, presidente de la Comisión de Gobierno.
Le pedimos que, en su calidad de representante popular, intercediera ante las autoridades involucradas para instalar una mesa de trabajo con funcionarios que tuvieran capacidad legal para resolver el problema de las indebidas demoliciones, así como para la instalación de la comisión tripartita para Tláhuac que señala el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano correspondiente (versión 2008), el cual está vigente y determina los asentamientos humanos sujetos a cambio de uso de suelo en esa demarcación. El diputado Granados aseguró que nos atendería Juan José García Ochoa, subsecretario de Gobierno, pero éste nunca llegó.
El 30 de enero se realizó en la oficina que ocupa Fernando Cravioto Padilla, coordinador general de Enlace Delegacional de la Secretaría de Gobierno, la reunión programada en la Asamblea Legislativa, a la que no se presentaron varios funcionarios. Ante tales inasistencias, en la reunión del 5 de febrero Cravioto se comprometió con la Comisión de Vecinos a: convocar e instalar una mesa de trabajo con la presencia de los titulares de las secretarías de Medio Ambiente, Desarrollo Urbano y Vivienda, funcionarios de la delegación Tláhuac y la Comisión de Vecinos; además, aseguró que la minuta de acuerdos sería firmada a más tardar el 12 de febrero.
Después del 5 de febrero, no hemos podido localizar a Fernando Cravioto Padilla. Sólo nos informaron que teníamos agendada una reunión con el funcionario Alfredo Romero Adorno, quien nos dijo el 24 de marzo que la delegación no tuvo participación en la demolición, que la había realizado la Secretaría del Medio Ambiente. Solicitamos una audiencia a dicha secretaría, y no se nos concedió ese derecho constitucional.
El 8 de mayo, Francisco Javier García Ramírez, director ejecutivo de Vigilancia Ambiental, nos dio una respuesta incongruente, que nada tiene que ver con lo solicitado, haciendo nugatorio el derecho de petición.
Por ello recurrimos al Juicio de Amparo, que se tramita en el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en el DF (expediente 823/2014), en donde el 8 de julio tendrá lugar la audiencia constitucional.
Como se puede apreciar, la negligencia, el dolo, la mala fe, irresponsabilidad e indiferencia de las autoridades mencionadas –con excepción del Juzgado de Distrito– para atender y resolver los problemas que presentamos los habitantes del Distrito Federal son inauditas: no pedimos privilegios, sólo una audiencia; copia de los procedimientos administrativos que condujeron a la demolición de las cuatro viviendas; que se respeten las construcciones firmes ocupadas por los invasores y que nos informen de los avances o, en su caso, de la fecha en que se constituirá la Comisión de Regulación Especial en Tláhuac, órgano tripartito integrado por las secretarías del Medio Ambiente, de Desarrollo Urbano y Vivienda, y por la delegación.
Ante la indolencia, pronto nos movilizaremos. (Carta resumida.)
Atentamente
Joaquín Pastrana Chávez
