Señor director:
Como es público y notorio, las autoridades del Gobierno del Distrito Federal (GDF), encabezadas por Miguel Ángel Mancera y su secretario de Gobierno Héctor Serrano, han desatado una campaña de persecución política en mi contra, esta vez so pretexto de los hechos ocurridos el 12 de junio en el auditorio Digna Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos.
A pesar de las evidencias gráficas, los testimonios y las aclaraciones hechas por quienes realizaron la protesta, publicados por varios medios de comunicación, estos funcionarios insisten en involucrarme en dichos actos, e incluso se ufanan de haber abierto una averiguación previa en contra de quienes se manifestaron aquel día, justamente contra la represión.
Como afirma el propio secretario de Gobierno, nos identifican bien. Por ello me parece que no es casual ni producto de una confusión que el GDF me señale. Aunque sabían que yo no me encontraba en la CDHDF, dieron mi nombre a la prensa, y tanto a mi compañero Mario González como a la suscrita nos calumniaron sin que hasta ahora hayan hecho aclaración alguna. Sin ninguna duda, se trata de una estrategia habitual del gobierno, pues hay antecedentes de activistas a los que les han atribuido conductas que después utilizan para ejercer acciones represivas en su perjuicio.
Me parece muy lamentable que Héctor Serrano insista en el discurso de que aquellas personas que participan en manifestaciones son delincuentes, y que abiertamente exprese que hay seguimiento y vigilancia de las mismas, pues esto me hace temer por mi seguridad.
Es cada vez más restringido el margen que existe en la ciudad para expresar disenso. Cualquier manifestación se considera violenta por parte del GDF. Sin embargo, poco se dice de la violencia policial cotidiana: personalmente he sido agredida físicamente en varias ocasiones mientras realizamos manifestaciones por la libertad de Mario González García, ya que es muy común que la policía nos encapsule, nos empuje, nos agreda verbalmente e incluso robe nuestras pertenencias.
Por otro lado, la versión de Serrano de que fue la CDHDF la que les proporcionó mi nombre obliga a ésta a pronunciarse al respecto, en virtud de que si en efecto así ocurrió sería un hecho sumamente grave.
Por todo lo anterior, hago responsables directos a Miguel Ángel Mancera Espinosa y a Héctor Serrano Cortés de toda agresión y/o cualquier acto de fuerza pretendidamente legal que sufra mi persona. Exijo que se detenga esta campaña de descalificación y violencia disfrazada de legalidad contra mi compañero Mario González –torturado y apresado arbitrariamente desde el 2 de octubre pasado– y contra mí.
¡Alto a la criminalización de los movimientos sociales!
Atentamente
Nuria Roxana Ramírez
