El domingo 22, decenas de médicos salieron a las calles en medio centenar de ciudades del país para solidarizarse con 16 de sus colegas tapatíos acusados de la muerte de un adolescente en el Centro Médico Nacional de Occidente del Seguro Social por presunta negligencia. Agrupados en el movimiento #YoSoy17, uno de los organizadores del evento, David Sánchez Ramírez, solicitó al titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, “un nuevo juicio, una revisión profunda y científica, con expertos de salud, con experiencia en cada una de las subespecialidades”; otro de sus colegas pidió que no los juzguen quienes no conocen la profesión.
Para exigir un estatus especial que no penalice la praxis médica en caso de negligencias o faltas graves en el desempeño de la profesión –luego de que un juez dictó orden de aprehensión contra 16 pediatras del Centro Médico Nacional de Occidente del Seguro Social por la muerte del menor Roberto Edivaldo Gallardo Rodríguez, en enero de 2010 por presunta negligencia–, a principios de mes se formó el movimiento #YoSoy17, que hoy tiene decenas de miles de seguidores en el país.
Instigados y apoyados por la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los integrantes de ese movimiento convocaron hace tres semanas a una manifestación que se realizó el domingo 22 en medio centenar de ciudades del país.
Ese día, los galenos, enfermeras y estudiantes de medicina vistieron sus batas blancas y salieron a las calles, algunos acompañados de sus familiares. Portaban mantas, volantes y cartulinas de colores con leyendas como:
“Somos médicos, no somos criminales”; “Se ve, se siente, el médico 17”; “Queremos justicia, no impunidad”; “Los médicos unidos, jamás serán vencidos”; “Los médicos no estudian para matar gente”; “No soy Dios, no soy asesino. Todas las mañanas me levanto para ayudar a alguien más”, y “Por la dignidad en el desempeño de nuestra profesión, soy médico”.
En la capital tapatía se congregaron entre 7 mil y 8 mil personas, quienes marcharon bajo un cielo nublado desde el Centro Médico, en Salvador de Quevedo y Zubieta, por la calle Juan Álvarez y Avenida 16 de Septiembre hasta La Paz, frente a la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR).
El contingente hizo su primera escala en el jardín ubicado frente al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, donde los recibieron 200 personas, entre ellas médicos internos con varias mantas; en una de ellas se leía: “No queremos impunidad, ni trato especial. Queremos respeto a nuestros derechos como trabajadores de la salud”. Los marchistas les pidieron sumarse a ellos.
Tres calles más adelante, en el cruce de Juan Álvarez y Avenida Alcalde, hicieron su segunda escala. Ahí estaba otro contingente de un centenar de empleados del ISSSTE.
En el trayecto de Avenida Alcalde-16 de Septiembre se fueron uniendo enfermeras, químicos, camilleros y médicos de los Servicios Médicos Municipales de Guadalajara y Zapopan, así como del nosocomio privado del Sagrado Corazón de Jesús.
En una de las mantas se leía: “Alfredo Rodríguez García, perito deshonesto, negligente, falto de ética, corrupto”. Se refería a uno de los especialistas del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses que practicó la autopsia a Gallardo Rodríguez y determinó que sí hubo negligencia médica.
El caso Gallardo
Sergio Valente Gallardo Ramos denunció que su hijo ingresó al nosocomio el 15 de noviembre de 2009 a causa de una crisis asmática y murió a principios de enero de 2010 (Proceso Jalisco 502). Semanas después, Gallardo Ramos presentó una querella ante la PGR, que inició la averiguación previa 1944/2010.
El caso se turnó al Juzgado Tercero de Distrito a cargo de Jaime Arturo Garzón Orozco, quien se negó a liberar órdenes de aprehensión y su determinación fue confirmada por el Segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito.
Posteriormente, según refiere el propio Gallardo Ramos, presentó un juicio de garantías ante el Quinto Tribunal Unitario del Tercer Circuito el cual le negó el amparo. No obstante, él interpuso un recurso de revisión, pero nunca entró a estudio porque, dice, “el juez no adjuntó las constancias periciales”.
Esto originó que las pruebas se regresaran ante el Ministerio Público de la agencia 2, Luis David Ramírez Jiménez, quien volvió a consignar la averiguación previa, esta vez bajo el número 143/2013, al Juzgado Tercero de Distrito, que de nuevo negó las órdenes de aprehensión contra los galenos implicados.
El quejoso insistió ante el Segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito para solicitar un juicio de garantías. El Quinto Tribunal Unitario otorgó el amparo una vez que conoció las pruebas.
Finalmente, a principios de este mes, el juez tercero de Distrito de lo Penal, Mario Hernández Martínez, liberó la orden de aprehensión contra los 16 presuntos implicados, quienes se ampararon de inmediato.
Posiciones
El domingo 22, el día de la movilización nacional de médicos, el IMSS emitió el comunicado 35/2014 en el cual expone: la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) analizó el caso y en su artículo resolutorio final determinó:
“La defunción del paciente (Roberto Edivaldo Gallardo Rodríguez) no se debió a una mala praxis, sino a la respuesta inflamatoria sistémica desencadenada por hipoxia grave, choque y paro cardiorrespiratorio, con repercusiones sistémicas y múltiples procesos infecciosos que, pese al correcto manejo, lo llevaron a la falla orgánica múltiple.”
En el mismo comunicado se menciona que el director general del IMSS, José Antonio González Anaya, junto con los encargados del área Jurídica, de Prestaciones Médicas y de Vinculación y Evaluación de Delegaciones, se reunieron con “los médicos inculpados y con sus abogados para manifestarles el apoyo institucional en el caso. A partir de ese momento, la dirección jurídica del IMSS se sumó a la defensa de los inculpados”.
Gallardo Ramos envió un correo electrónico a este semanario en el cual escribe: “Es una falacia (lo que dice el comunicado del IMSS), pues derivado de la resolución que emitió la Conamed se estimó algo muy controvertido, porque, dicen, sí existió mala praxis, pero que no hay responsabilidad médica. Y no como lo narran en su comunicado”.
En la marcha también participaron médicos que se dedican a la política, como el perredista Raúl Vargas López, exdiputado local; Leobardo Alcalá Padilla, diputado federal priista, y el panista Elías Íñiguez, quien preside la Comisión de Salud e Higiene en el Congreso local.
Fuera de las oficinas de la PGR se instaló un templete con un equipo de sonido. Desde ahí se emitieron los discursos. Patricia Maldonado García, egresada de la Universidad Autónoma de Puebla como médico cirujano partero, recordó que desde hace 50 años los galenos no salían a manifestarse por sus derechos.
Ella y sus compañeros, dijo, exigían justicia para los 16 médicos señalados “de manera injusta como unos criminales… Luchamos contra lo inevitable, que es morir; ese es nuestro trabajo todos los días. Jamás despertamos pensando en lastimar al paciente”.
Uno de los coordinadores del movimiento #YoSoy17, David Sánchez Ramírez, tras pronunciar el juramento de Hipócrates –lo que motivó que algunos de los presentes levantaran su brazo en solidaridad–, propuso que el 22 de junio se declare como el día nacional de los derechos de los profesionistas de la salud.
Sánchez Ramírez solicitó al titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, “un nuevo juicio, una revisión profunda y científica, con expertos de salud, con experiencia en cada una de las subespecialidades. Tiene un trabajo muy difícil para llevar procedimientos neutrales en donde no se arreglen las quejas con un dale dinero para que te deje de molestar”.
Otro de sus colegas, Alejandro González Ruiz, leyó el pliego petitorio que el movimiento #Yo Soy17 entregó a la PGR, así como a diversas instancias federales y estatales, en las cuales se exige “ofrecer las garantías para un ejercicio profesional digno y seguro; que un trabajo científico sea juzgado por un científico, que no nos juzguen los que no conocen, ni quienes no tocan a un paciente”.
En torno a las negligencias médicas, este semanario publicó un reportaje sobre María Elizabeth Contreras Rodríguez, quien en julio de 2013 perdió a su hijo en el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos por mala atención.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) tardó casi un año en emitir una resolución que ordena indemnizar a la quejosa y sancionar a los responsables de la mala praxis (Proceso Jalisco 502). La Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco ni siquiera ha respondido.
Previamente, en febrero pasado, el ómbudsman estatal emitió la recomendación 12/2013 dirigida al Hospital Materno Infantil en la que le pide reparar el “daño por la deficiente y negligente atención de un parto que derivó en la muerte de un pequeño (en ese nosocomio)”. Sin embargo, no especificó el nombre de la afectada, quien presuntamente recibió 236 mil 374 pesos de indemnización.
