A Brasil no sólo le angustian los resultados futbolísticos. El gobierno de Dilma Rousseff tiene cosas más importantes de qué preocuparse: el terrorismo, las protestas, las huelgas, la brutalidad policiaca, la delincuencia común, las torturas… Por ello desplegó un ejército de 150 mil agentes del orden y abrió la puerta a 245 policías de 35 países para mantener la tranquilidad a cualquier costo.
RÍO DE JANEIRO.- Afuera de las canchas, el Mundial enfrenta varias amenazas: la inconformidad social, la brutalidad policiaca, la delincuencia común e incluso el terrorismo. El gobierno de Dilma Rousseff desplegó una cantidad histórica de agentes y militares para evitar cualquier problema.
Además de las protestas organizadas por el Movimiento Pase Libre (MPL, que repudia el dispendio mundialista), grupos más homogéneos y organizados pueden alterar el orden conforme avance el Mundial. Es el caso de los sindicatos de transportistas (autobuses y metro, fundamentalmente), que ya paralizaron Río de Janeiro y Sao Paulo mediante huelgas de choferes y operarios ocurridas el 13 y 21 de mayo, y del jueves 5 al lunes 9 de junio, respectivamente.
Del otro lado se encuentran las autoridades, que esperan que el aparato de seguridad desplegado evite incidentes no sólo relacionados con protestas sociales de gran calado, sino también con la violencia criminal –mal endémico de buena parte de las ciudades sedes de la Copa– o incluso con el terrorismo.
En un contexto en el que ha aumentado la criminalidad en urbes como Río o Sao Paulo, es alto el riesgo de que decenas de los 600 mil turistas extranjeros llegados para el encuentro sufran robos o agresiones. La administración federal, los estados y municipios quieren reducir este problema a toda costa para evitar que la prensa local y foránea –ya muy críticas con la organización de la Copa por el gasto público descontrolado y los retrasos– dispongan de nueva “munición” para censurar el trabajo de los organizadores.
El aparato de seguridad anunciado es voluminoso y multidisciplinar. Participan 150 mil miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad brasileños, según datos aportados por el secretario de Seguridad para Grandes Eventos Especiales del Ministerio de Justicia, Andrei Pasos Augusto Rodrígues. Ello supone un despliegue 70% mayor que el de la Copa Confederaciones 2013, también realizada en Brasil.
En mayo pasado el gobierno de ese país decidió crear operativos tripartitas en cada sede. Están compuestos por la Policía Militar (encargada en Brasil de garantizar el orden público), Policía Federal (PF) y el Ejército, que desplegó 12 mil 700 efectivos y 77 aeronaves, entre ellas 10 cazas F-5.
Además de aumentar en número, los cuerpos y fuerzas de seguridad también poseen mayor material de combate. Adquirieron munición para reprimir manifestaciones: proyectiles de gas lacrimógeno, sprays de pimienta y balas de caucho. “La munición química no letal adquirida sería suficiente para realizar más de 819 lanzamientos de granadas de gas y hacer 797 disparos de balas de caucho por día”, reportó el portal de información G1 el 12 de mayo. El propio ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gilberto Carvalho, dijo el 15 de abril que el gobierno brasileño consideraba “casi seguro” que se produjeran protestas durante la Copa. Tuvo razón. Desde el jueves 12 se cuentan al menos siete marchas; en tres de ellas se dispararon gases lacrimógenos y hubo gente herida.
Un Mundial de policías
No sólo Brasil pondrá más armas y nuevos efectivos. Actualmente se encuentran en ese país 245 policías de 35 naciones para colaborar en labores de inteligencia y análisis de riesgo. Algunos de ellos pertenecen a Interpol y Ameripol, según fuentes de la PF citadas por el diario Folha de Sao Paulo el 19 de mayo.
El periódico informó que, adicionalmente, 50 países –más de los participantes en la Copa, 32– anunciaron el envío de agentes secretos para participar en las reuniones que la Agencia Brasileña de Inteligencia mantiene de forma regular durante el certamen.
De forma paralela, Estados Unidos y Gran Bretaña dispondrán de sus propios “núcleos operativos de inteligencia”. Cuidarán de sus funcionarios y deportistas.
En una comparecencia ante la prensa el 19 de mayo, el responsable de Grandes Eventos de la PF, Felipe Seixas, aseguró que el riesgo de ataques terroristas es pequeño, pero recordó que “el impacto sería catastrófico, por eso el terrorismo está también en la lista de prioridades”.
Caliente, caliente
En el estado de Río de Janeiro los homicidios aumentaron 21.9% en el primer trimestre de 2014 respecto del mismo periodo de 2013, así como el robo a transeúnte (46.5% más) y el de vehículos (50.7%), según el Instituto de Seguridad Pública (ISP).
Esos números refuerzan la percepción de que las favelas son ahora menos seguras que años atrás. Esto se debe a los recientes tiroteos entre agentes y criminales en sitios “bajo control policial”, como las comunidades de Rocinha, Alemao o incluso Pavao-Pavaozinho, situada en pleno corazón de Copacabana.
Todo ello puso en entredicho la política de “pacificación” de las favelas de Río de Janeiro, una iniciativa lanzada en diciembre de 2008 y que ya cuenta con 37 comunidades donde es cotidiana la presencia de unidades especiales de la Policía Militar.
Ahora bien, la inconformidad también alcanza a las fuerzas del orden. La Policía Federal mantiene firme su amenaza de convocar un paro durante el Mundial para protestar contra la falta de políticas de seguridad a largo plazo. El 20 de mayo la PF detuvo sus actividades en 14 estados brasileños, entre ellos seis sedes mundialistas, incluyendo Río. En Salvador de Bahía y Recife hubo vandalismo y saqueos facilitados por la ausencia de agentes.
Apunta Seixas: “Llevamos tres años preparándonos para la Copa e incluso para una eventual huelga de la PF. No pensamos, sin embargo, que se llevará a cabo el paro. Pero si eso ocurre en Río, tendremos 3 mil policías listos para ser desplegados en la ciudad”.
Un “estado de excepción”
El filósofo brasileño Paulo Arantes tildó esta situación de “estado de excepción. (Los mundiales) son rituales en masa y, como tal, son un tremendo dispositivo del gobierno. Hasta los vendedores ambulantes serán vacunados”, criticó este profesor de la Universidad de Sao Paulo en una entrevista publicada el 9 de mayo por el diario económico Valor.
Antonio Carlos Costa, fundador y director de la organización no gubernamental Río de Paz, especializada en el trabajo en las favelas, coincide en el diagnóstico. “Las autoridades están despavoridas con la Copa, con la posibilidad de manifestaciones o atentados terroristas. Pero las medidas que están siendo instauradas no representan una política de seguridad pública; sólo buscan construir un cinturón de seguridad”, explica, en entrevista con Proceso. “Son medidas de emergencia y de calidad dudosa, porque para cambiar la realidad de las favelas se necesitaría combatir la desigualdad social”, opina.
Organizaciones como Amnistía Internacional (AI) aprovecharon el certamen para lanzar campañas contra la represión policial en un país en el que 80% de la población –en comparación con 64% en México– teme ser torturada en caso de ser detenida, según el informe Actitudes respecto a la tortura.
