El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Felipe Álvarez Cibrián, representa una situación anómala: cuestionado por muchas organizaciones civiles y colegios de abogados, operó su reelección en 2012 con el respaldo directo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El representante de la Red Jalisciense de Derechos Humanos advierte que por esa razón preparan una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y promueven la creación de un organismo verdaderamente autónomo.
Arturo Zamora Jiménez maniobró antes del 14 de mayo, cuando era secretario general de gobierno estatal, para avalar la reelección del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), Felipe Álvarez Cibrián, cuando estaba a punto de publicarse una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que lo obligaría a separarse del cargo, señala el representante de la Red Jalisciense de Derechos Humanos, Óscar González Garí.
Añade que, lejos de darse por vencidas, las organizaciones civiles que demandaron un amparo contra el ómbudsman acudirán a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) a denunciar el ilegal procedimiento por el que el controvertido ómbudsman pretende permanecer en el cargo hasta 2017.
Hace dos semanas Zamora anunció su separación de la Secretaría General de Gobierno para reintegrarse a la bancada priista del Senado de la República.
El 14 de mayo, la SCJN desechó un amparo promovido por varios organismos civiles que exigen la salida de Álvarez Cibrián, entre ellos la Red Jalisciense de Derechos Humanos, la Coordinadora 28 de Mayo, el Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) y el Congreso Ciudadano.
Personal de la CEDHJ indica a este semanario que, semanas antes, la sentencia sobre ese caso era totalmente favorable a las ONG y que Álvarez Cibrián sería obligado a separarse del cargo, pues el máximo tribunal consideró necesario reponer el procedimiento de la elección.
A decir de esas fuentes, al enterarse del sentido de la sentencia que iba a ser publicada, Álvarez Cibrián suspendió las reuniones programadas con sus colaboradores para dedicarse a hacer llamadas a funcionarios. Días después, comentan, “el alma le regresó al cuerpo” al comprobar que el trabajo de sus abogados, principalmente del despacho Rincón-Mayorga-Yáñez-Soto, y sus llamadas desesperadas a Zamora habían dado frutos.
Al fin el ómbudsman estaba seguro de que permanecería en el cargo hasta el 1 de agosto de 2017, como estipula su designación por el Congreso el 24 de enero de 2012, cuando 34 de los 39 diputados locales votaron por ratificarlo.
Según los representantes de los organismos civiles fue un proceso amañado, en el que no se cumplió con la consulta pública que exige la ley ni se dio tiempo a que otros aspirantes buscaran el apoyo de instituciones y colegios de abogados o cabildearan con los legisladores.
En cambio, Álvarez Cibrián utilizó incluso recursos e infraestructura de la CEDHJ para promover su candidatura entre los diputados e intercambió plazas con dirigentes políticos a cambio de que palomearan su reelección. Llegó incluso al extremo de crear organizaciones fantasmas de abogados para avalar su candidatura y de ellas “consiguió” 224 cartas de apoyo.
A través de costosas comidas y francachelas (con un costo de más de 1 millón de pesos anuales, según publicó Reporte Índigo el pasado 22 de abril), Álvarez Cibrián compró adhesiones, como denuncian también integrantes de colegios de abogados que prefieren mantener su nombre en reserva para evitar represalias en sus fuentes de empleo.
Quien sí alza la voz es el dirigente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concaam), Óscar Juárez Cárdenas, quien considera que la conducta de Álvarez Cibrián está haciendo daño en otras entidades, ya que otros presidentes de comisiones locales pretenden reelegirse a costa de todo, incluyendo maniobras ilegales.
Además teme que el “efecto Álvarez Cibrián” se repita en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) con su actual titular, Raúl Plascencia Villaseñor. En entrevista vía telefónica desde la Ciudad de México, Juárez Cárdenas comenta:
“Yo le puedo dar mi opinión sobre la intromisión de este señor en asuntos gremiales, en el tema que tiene que ver con derechos humanos: él tiene personajes que maneja en calidad de presidentes de asociaciones gremiales”, pero éstas últimas son únicamente “cascarones”.
“Ese es el caso de la Federación Jalisco de Abogados –ejemplifica–, pero quien encabeza esa asociación la tiene como empleado en la propia CEDHJ; no son organizaciones independientes sino organismos encabezados por empleados suyos, como es el caso de Rodolfo Armando Casanova Valle”, quien aparece como responsable de la Unidad de Transparencia de la comisión estatal, como comprobó este semanario.
“En estados como Colima, Nayarit y Sonora, personalmente (Álvarez Cibrián) va a realizar proselitismo con los presidentes de las comisiones para promover y apoyar al titular de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, quien también trae la idea de la reelección.”
Dice que también ahora quiere reelegirse el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, Arturo Ramírez, lo que también generó inconformidad de muchos ciudadanos, encabezados por el licenciado Lorenzo Ramos Félix, el abogado del Movimiento 5 de Junio, integrado por padres de niños que fallecieron en la guardería ABC hace ya más de cinco años.
Juárez Cárdenas adelanta que la Concaam prepara la expulsión de Álvarez Cibrián por los conflictos que está generando con tal de conservar la presidencia de la comisión estatal.
La directora del Instituto de Derecho Ambiental (Idea) y excandidata a la presidencia de la CEDHJ, Raquel Gutiérrez Nájera, cuestiona desde hace tiempo la frivolidad con que, en su opinión, Álvarez Cibrián conduce el organismo. Como ejemplo, señaló que mientras presentaba su informe en el lujoso hotel Hilton, uno de los más caros de Guadalajara, el ómbudsman “exhibe pobreza absoluta en la defensa de los derechos humanos” (Proceso Jalisco 459).
A su vez, el exdirector del Centro de Justicia para la Paz (Cepad), Francisco Macías, recordó que desde su llegada al cargo en 2007 Álvarez Cibrián se subió el sueldo de 85 mil a 124 mil pesos mensuales.
Poderosos protectores
El representante de la Red Jalisciense de Derechos Humanos, Óscar González Garí, dice que Álvarez Cibrián carece de calidad moral para mantenerse en el cargo ya que con “marrullerías” logró que los diputados lo designaran para un nuevo periodo en la CEDHJ que vence en agosto de 2017.
La versión de que Zamora apuntaló a Álvarez Cibrián, dice, “nos da la razón; siempre hemos sostenido que los partidos políticos están metidos hasta en la médula de la CEDHJ. Esa institución no es un organismo ciudadano; quizá lo fue en el periodo que lo encabezó Guadalupe Morfín Otero, pero ahora los que deciden y tienen metidas las manos en la comisión son los partidos”.
En 2007, narra, “yo vi a Zamora apoyando a Álvarez Cibrián en el Centro de la Amistad Internacional. Después, el 24 de enero de 2012, cuando fue Álvarez Cibrián (al Congreso), ahí estaba Zamora apoyándolo. Su figura junto a Zamora se puede comparar con la del fiscal Luis Carlos Nájera, quien es ahijado de Zamora”, afirma el abogado.
Aclara: “Álvarez no es ahijado de Zamora, pero sí un alumno grato dentro del PRI, el partidazo que les permite operar. Álvarez es visto como la persona idónea para proteger los intereses de los funcionarios y del gobierno; de paso, garantiza que no se reabran casos escabrosos en materia de derechos humanos, como las explosiones del 22 de abril de 1992 y la responsabilidad del exgobernador Guillermo Cosío, o la de Nájera Gutiérrez por el asunto de Puente Grande o del aumento de la tortura en Jalisco”.
Para el abogado, otra muestra de la influencia de Zamora en la CEDHJ es el reciente nombramiento de Livier González como responsable de la Dirección de Comunicación Social en sustitución de Fela Regalado, quien tenía más de 18 años en ese cargo y fue cesada injustificadamente:
“Me extraña el proceder en contra de Fela Regalado, porque ella siempre había desarrollado su trabajo sin meterse en problemas; ingresó en la época de Lupita Morfín a la comisión e hizo un papel excelente.”
Afirma que las organizaciones sociales no se resignan a esa situación y buscarán la intervención de organismos internacionales, como la CIDH, contra lo que consideran la ocupación ilegal de la presidencia de la CEDHJ.
Relata que Álvarez Cibrián tenía su despacho jurídico privado en el mismo inmueble que alberga las oficinas de la Red Jalisciense de Derechos Humanos, entre las calles Pavo y López Cotilla.
“Nunca tuvo la especialidad en derechos humanos –continúa el abogado–; su oficina se especializaba en atender asuntos inmobiliarios y él era perito en la materia. Yo lo vi a diario por más de siete años, en el edificio, en los elevadores y en los juzgados; era un litigante. Incluso fue el perito nombrado por el juzgado en uno de los juicios que yo llevaba, pero descubrió que en eso no había dinero y renunció.”
Sostiene que el ómbudsman es un advenedizo en la materia de la CEDHJ, por lo que, dice, “promovimos amparos contra su reelección. Sostuvimos reuniones con representantes de organizaciones no gubernamentales, decidimos que cada quien promoviera sus propios amparos y buscamos la protección del Poder Judicial de la federación”.
Sin embargo, la actitud del Poder Judicial fue sospechosa: de esos amparos promovidos, “el mío se va al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa y lo atiende el juez Óscar Murguía Mesina a través del expediente 290/2012-9, y ese funcionario lo desecha casi en forma inmediata; el amparo se solicita el 7 de febrero de 2012, y el día 9 ya lo había desechado”.
Un día antes de que se conociera dicha resolución, abogados del despacho Rincón-Mayorga-Yáñez-Soto, contratados por Álvarez Cibrián, argumentaron que éste es el tercer perjudicado en ese reclamo de las organizaciones civiles y que por eso decidió intervenir.
“Hace tres semanas, cuando viajamos a la Ciudad de México y se supo que nos habían dado ‘palo’, vimos a los abogados de ese despacho en la SCJN el 14 de mayo. No cruzaron palabra con nosotros pero intercambiaron opiniones con María de la Luz Pineda, abogada que trabaja para la magistrada Margarita Beatriz Luna Ramos, quien hizo la sentencia y de manera sigilosa, casi en secreto, habló con los abogados defensores de Álvarez Cibrián. Ya no los volvimos a ver.”
Como antecedente, recuerda que en 2012, después de conocer el rechazo del amparo, “solicitamos un recurso de revisión, presentado el 27 de febrero del mismo año. Esa petición fue turnada al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, pero éste se declaró incompetente para conocer del caso y el asunto fue turnado al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, donde se le asignó el expediente 110/2012, y se decidió que sí era de admitirse nuestro reclamo de amparo”.
En ambos casos el juez Murguía Mesina fue clave, primero cuando se desechó el amparo y después cuando se sobreseyó la solicitud de revisión.
Los inconformes interpusieron un nuevo recurso de revisión, con fecha del 17 de diciembre de 2012, contra la resolución del juez tercero de Distrito en Materia Administrativa, que se turnó al Cuarto Tribunal Colegiado. Y entonces decidieron solicitar a la SCJN que atrajera el caso.
González Garí dice que el juez Murguía Mesina exhibió su incapacidad para decidir en asuntos de derechos humanos.
El 9 de agosto de 2013 el Cuarto Tribunal Colegiado dictó sentencia –según la toca 18/2013 y relacionado al amparo 290, de 2012–, en la que se concluyó que era necesaria la intervención de la SCJN.
Después de casi medio año, la solicitud de revisión, ahora con el número de expediente 293, se turnó a la magistrada Margarita Beatriz Luna Ramos. El recurso se transformó en el expediente “amparo de revisión” 601, que se admitió en la SCJN hasta el 2 de octubre de ese año.
Siete meses después y luego de algunas filtraciones a favor de Álvarez Cibrián, el pasado 14 de mayo se conoció la resolución mediante la cual la SCJN desecha la revisión del amparo.
González Garí dice que antes de ello el presidente de la CEDHJ exigió al Consejo de la Judicatura que se atrajeran todas las inconformidades contra él al mismo juzgado adonde ya habían sido desechadas otras querellas contra él: “Buscaba, y así lo consiguió, que todos los reclamos corrieran la misma suerte, y eso atrasó mucho todo el procedimiento. Lo raro es que la autoridad judicial aceptó sus exigencias”.
El entrevistado sostiene que con la defensa a ultranza de Álvarez Cibrián queda de manifiesto que el proyecto del ómbudsman en Jalisco está arruinado porque se basa en la simulación. Por ello, anuncia que además de planear la denuncia ante la CIDH, las organizaciones ciudadanas promueven la instauración de una comisión estatal ajena al gobierno y un Observatorio Ciudadano Contra la Tortura.
