Tras la revelación de datos oficiales sobre el sobregiro de más de 500% en la partida de “comunicación social y difusión” del presupuesto estatal el año pasado, dirigentes opositores, especialistas en comunicación política y representantes de sectores sociales coinciden: urge reducir el tope de gastos en ese rubro, transparentar el origen y el destino de cada peso y sanear la relación del poder con los medios.
El dirigente del PRI en Jalisco, Hugo Contreras, se aleja de los reporteros en cuanto sospecha que le van a preguntar sobre los gastos en publicidad de la administración de Jorge Aristóteles Sandoval, que en un año y cuatro meses ya superó los 360 millones de pesos. En tanto, dirigentes de la oposición y un representante de los microindustriales hicieron un llamado urgente a revisar las cuentas del gobierno estatal.
Enrique Ibarra Pedroza, quien fuera diputado del PRD, candidato al gobierno de Jalisco y que ahora preside el Consejo Estatal de Movimiento Ciudadano (MC), dice que el despilfarro muestra la frivolidad del gobierno estatal y resalta que los propios datos oficiales indican que se invierten más de 900 mil pesos diarios en ese rubro y en la promoción de imagen.
Afirma que con ese tipo de gastos queda en evidencia que el gobernador, Aristóteles Sandoval, está en campaña para la elección presidencial de 2018. “Lo que no se vale es que eso se haga con el dinero de la gente”, comenta.
“Se trata de un proyecto pensando en el año 2018. Todo el mundo sabe del activismo que desempeña el magistrado Leonel Sandoval (padre del gobernador), que parece enrutado en ese horizonte, y en Jalisco todo mundo conoce la existencia de dos PRI: uno que decidió las dirigencias municipales y regionales, y está cocinado las candidatura de las elecciones intermedias para los municipios, y el PRI formal que se ubica en Calzada del Campesino 222.”
Sobre el dinero destinado a los medios, Ibarra Pedroza puntualiza: “No es nada edificante… lo lamentable es que se trata de recurso público, lo que debería resguardarse en un ejercicio honesto, racional y transparente. El gobierno de Jalisco para nada cuadra en ese concepto que él mismo prometió en campaña: que iba a encabezar un gobierno austero. Se ve todo lo contrario.
“La convivencia que se da entre el dinero del poder público y, sobre todo, las grandes cadenas televisivas, las empresas de radio y prensa, trae consigo todo tipo de compromisos que se traducen en la obligación de apoyar al partido que está en el gobierno con intercambios de favores, lo cual en nada ayuda a mejorar las condiciones de equidad y de competencia electoral.”
Al respecto, el dirigente de los microindustriales locales, Manuel Villagómez Rodríguez, afirma:
“El reportaje publicado por Proceso Jalisco la semana anterior exhibe el despilfarro de los recursos públicos, pero además se ve que son asignaciones muy estudiadas con respecto al resultado que se espera de esa inversión. Vemos que el partido en el poder deja al descubierto que su objetivo es no perder bajo ninguna circunstancia la elección de 2015, y la asignación de recursos a medios es una acción electoral.”
Por eso, enfatiza, es necesaria una revisión a fondo del manejo de los 360 millones de pesos por la Contraloría del estado y los organismos fiscalizadores federales, así como aclarar de cuáles instancias salieron esos recursos y a dónde va a parar cada peso gastado.
El representante empresarial estima que con 360 millones de pesos alcanzaría, por ejemplo, para comprar 60 mil máquinas de coser y darles trabajo a 120 mil personas.
Urge un control
El coordinador de los diputados locales de MC, Clemente Castañeda, plantea que para evitar la promoción de la imagen del gobernador con recursos públicos es necesario que se apruebe la iniciativa de Ley de Austeridad y Ahorro que se presentó en enero de 2013, la cual sigue atorada en las comisiones de Puntos Constitucionales y de Hacienda para su dictaminación.
Recuerda que dicha propuesta establece un tope de 0.1% del presupuesto estatal al gasto en comunicación social. Para este año el Congreso aprobó que el Ejecutivo ejerciera un presupuesto total de 82 mil 292 millones 98 pesos; por lo tanto, si la mencionada iniciativa de ley estuviera vigente, en 2014 el gobierno del estado debería limitar sus gastos de difusión en medios a 8 millones 229 mil 209 pesos.
La realidad es otra. El presupuesto del estado en 2013 fue de 77 mil 667 millones 737 mil 941 pesos, y el Legislativo aprobó que la partida 3611, para difusión en medios, consistiera en 43 millones 222 mil 140 pesos. Sin embargo, de acuerdo con la información que el Ejecutivo entregó al Congreso, el coordinador general de la Unidad de Dependencias Auxiliares, Alberto Lamas Flores, autorizó un gasto de 269 millones 793 mil 351 pesos, que representa un sobregiro de 524%.
En la misma información se detalla que de las 19 dependencias del estado, las unidades administrativas de apoyo son las que más gastaron en publicidad y comunicación, al ejercer en 2013 casi 60 millones de pesos. Para este año tienen contemplado un presupuesto de 78 mil 956 millones.
Llama la atención que la dependencia que menos pagó el año pasado en este rubro fue la Secretaría General de Gobierno, cuando todavía la encabezaba Arturo Zamora, pues erogó sólo mil 500 pesos y para 2014 se le presupuestaron 19 mil 204 pesos.
El miércoles 11 Proceso Jalisco intentó consultar otra vez los gastos del Ejecutivo en publicidad, pero apareció una leyenda en letras rojas: “En este momento la información solicitada todavía no se encuentra disponible”.
Para Castañeda, la autoridad no puede “gastar en ningún rubro de manera discrecional, mucho menos en el rubro de medios de comunicación, por diversas razones. Primero por las condiciones presupuestales de los gobiernos, y segundo porque “se puede justificar el gasto en comunicación gubernamental, pero en realidad el gobierno del estado termina haciendo propaganda y promoción de imagen personal”.
Sobre la designación de Lamas Flores como jefe de gabinete, según se lee en un correo electrónico que envío el secretario particular del mandatario estatal, Netzahualcóyotl Órnelas Plascencia, a funcionarios de primer nivel (Proceso Jalisco 500), el coordinador parlamentario de MC señala que “traen un enredo de carácter político que no han podido resolver y, con una revisión acuciosa, podemos hablar de funciones traslapadas”.
Agrega que Lamas Flores “es uno de los hombres más poderosos del gabinete del gobernador y que él tiene a su cargo la relación comercial y política con los medios de comunicación. Aparentemente el área de Comunicación Social (dirigida por Gonzalo Sánchez) sólo hace el trato ordinario con quien cubre la fuente”.
En tanto, el líder de la bancada panista en el Congreso, Gildardo Guerrero Torres, indica que es común en los gobiernos priistas gastar “carretonadas de dinero en comunicación social, cuando hay otras prioridades: todavía hay municipios que no tienen agua, hay que invertir en plantas de tratamiento de aguas residuales, muchos puentes que construir, hospitales de primer nivel que atender, como para estar promocionando la imagen del gobernante”.
En cuanto al sobregiro de 524% del Ejecutivo en la partida de difusión y comunicación del año pasado, Guerrero comentó que “ya tenemos datos de eso, en parte por el análisis periodístico que hizo este semanario, y no vamos a tener bajo lupa sino bajo microscopio todo lo relacionado con ese gasto. No vamos a permitir que se esté gastando dinero adicional a lo que se aprobó en el Congreso, cuando hay tantas necesidades evidentes en el estado”.
Cuando se le preguntó al panista si la entrega de recursos públicos a los medios de comunicación limita la libertad de expresión, respondió: “Podría interpretarse así, pero es una suposición, es una cuestión rara, no quisiera juzgar”.
El líder estatal del PRI, Hugo Contreras, se negó a ser entrevistado.
Discrecionalidad
Consultado sobre el tema, el especialista en comunicación Juan Larrosa, de la Universidad de Temple, Filadelfia, envió el siguiente comentario:
La comunicación es un recurso de poder, que está en disputa en la política contemporánea, no nada más por la posibilidad de controlar un sistema comunicativo, sino por los beneficios económicos que genera.
En los gobiernos actuales se están dedicando una gran cantidad de recursos humanos y económicos a la gestión de la comunicación política.
Lo anterior no necesariamente es negativo. Sin embargo, dadas las características políticas del estado, y lo publicado por otros medios (Reporte Índigo), para el gobierno del estado “comunicar es gobernar” y viceversa. Esto es falso, pues la política y la administración pública van mucho más allá de esto. “Comunicar es gobernar” es el estribillo de mercadólogos que quieren sacar dinero de la administración pública.
Por otro lado, es notorio que la inversión económica en medios de comunicación ha ido en aumento. Según lo reportado por Proceso Jalisco, en 14 meses de gestión se gastó más del doble de lo que el gobierno gastó en comunicación social en 2010. En el caso de los periódicos, que es un tema en el que me especializo, es notorio, por ejemplo, el aumento que se le dio a un medio como La Jornada Jalisco (5 millones), cuando en gobiernos anteriores recibía cifras inferiores al millón de pesos, o de El Informador (8 millones), que en 2009 recibió casi 3 millones de pesos. Lo mismo ocurre con el resto de los medios.
Para concluir, observo tres graves problemas. El primero es la falta de regulación sobre el gasto en comunicación social. La asignación de gastos se hace discrecionalmente, pues no hay criterios que establezcan cómo y cuánto dinero se debe gastar al respecto. Hay transparencia porque conocemos cuánto gastan, pero hay opacidad y falta de rendición de cuentas porque no sabemos qué criterios utilizaron para generar ese gasto y qué beneficios le trae a la población.
El segundo problema es el traslado de recursos públicos a sistemas privados. Los medios de comunicación son empresas privadas que en muchos casos viven de recursos públicos. Hay familias y empresas que se están beneficiando de estos traslados de recursos económicos en un sistema que no es democrático. ¿Por qué a un empresario sí se le da dinero y a otro no? ¿Todos tienen la misma posibilidad de recibir este dinero?
El tercer problema es la privatización de la comunicación pública. Mientras se trasladan 300 millones de pesos a diversas empresas privadas, el gobierno dedica sólo 30 millones (10%) al presupuesto anual del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
