De integrantes del Comité Nacional de Estudios de la Energía, A.C.
Señor director:
Le agradeceremos publicar la presente carta, en respuesta a la misiva del director general de Comunicación Social de la Secretaría de Energía (Sener), Víctor Avilés (Proceso 1960), con motivo del reportaje Electricidad, regalo de ensueño para la IP (edición número 1959).
Pese a las críticas que la Secretaría de Energía hizo a la reportera Jesusa Cervantes, quien entrevistó a los firmantes, nos parece atinado afirmar que el de la electricidad es un “regalo” para la iniciativa privada.
La razón: que este gobierno y los panistas parten de un diagnóstico débil y simplista del sector (tarifas altas, pérdidas no técnicas, red de transmisión poco densa; es decir, nada sustantivo ni de valor crítico) para plantear, sin lógica vinculante alguna, que es preciso abrir el mercado eléctrico (materia de trabajo principal de la CFE) al interés privado.
En el marco del anterior articulado constitucional era más fácil encontrar respuestas congruentes y sin los riesgos que el mercado atraerá, sin mencionar el empoderamiento social, político y económico que las grandes firmas impondrán (¿imponen ya?) en nuestro país.
Cuando hacemos referencia a la privatización de la industria eléctrica, recurrimos a la definición que al respecto proporciona la Real Academia Española: privatizar es “transferir una empresa o actividad pública al sector privado”.
¿No es ese el designio de la reforma energética? Entonces sí estamos frente a un proceso de privatización, aunque saben ellos que ésta es rechazada por la población y ello los obliga a cambiar su discurso. En efecto, hoy no privatizan la CFE en cuanto a los fierros que le pertenecen, pero facultan a la Sener para vender mañana sus activos (artículo 67 propuesto de la Ley de CFE).
Por lo que se refiere a los niveles de precios, la iniciativa de reforma presentada por el Ejecutivo alude a que en Estados Unidos la tarifa promedio es 25% menor que la de México, aun cuando en nuestro país los consumidores se benefician de un subsidio. La Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), en su publicación Energy Prices and Taxes, tabla 21, que corresponde al precio unitario de la electricidad (dólares/KWh) para servicio doméstico de todos los países de la OCDE, indica que el país que tiene la tarifa más baja es México, menor en 24% a la de Estados Unidos. Admitimos que ello es resultado de los subsidios de que gozan los usuarios domésticos, mas como ni la reforma constitucional ni las iniciativas de legislación secundaria hacen referencia a la continuidad de esos subsidios ni a quién los va a asumir (actualmente los asume la CFE), está justificado el temor de que haya un incremento de las tarifas domésticas.
No es válido considerar que el nivel de precios de las tarifas eléctricas sea consecuencia directa de la existencia de un ambiente competitivo. Dicho nivel es esencialmente afectado por la matriz de energéticos empleados: En el caso de Estados Unidos, el 50% de su generación eléctrica es con carbón, que de los combustibles fósiles es el más barato; México tiene una matriz muy diferente: sólo el 15% es producido con carbón. Por lo tanto, es improcedente hacer comparaciones entre países con matrices de energéticos diferentes. En todo caso, la política energética que hoy sufre México es responsabilidad de los mismos que hoy se quejan de ella.
Asimismo, no se debe perseguir sólo el costo más bajo de generación, sino también asegurar la continuidad del servicio eléctrico y una visión de largo plazo, a lo cual es contraria la dependencia excesiva de un solo energético. La canasta de energéticos primarios debe prever esa situación. Recordemos las alertas de 2012 por la escasez de gas, debido a lo cual tuvo que incrementarse el empleo de combustóleo para atender la continuidad del servicio eléctrico.
Y subsiste otro riesgo grave. La contrarreforma actual le apuesta todo a que se incremente la presencia del gas natural en la generación (que ya es de un 51% del total) confiando en unas reservas prospectivas, es decir, nada seguras, de gas shale, con grave impacto ambiental. ¡Ni Pemex ha confirmado esas reservas!, o en todo caso se confía en la importación del mismo. ¡Dependencia total e innecesaria!
Para reducir el empleo de combustóleo, no es condición la privatización de la industria eléctrica. Si ahora una sexta parte de la generación eléctrica se obtiene con combustóleo, en el año 2000 la mitad de la generación era con ese energético. Y dicha reducción, mayor que la que ahora se espera, se consiguió sin privatizar.
Con respecto a las pérdidas de energía eléctrica, la propia información del gobierno da cuenta de que en lo tocante a las pérdidas técnicas, éstas son del orden del 10-12%, comparables con las de otras experiencias internacionales. Mas lo que incrementa las pérdidas totales son las no-técnicas, producto del contexto social y de la corrupción, principalmente con grandes consumidores (energía entregada pero no facturada). Y esto no se resuelve con tecnología.
En cuanto al tema de la expropiación de terrenos para las obras del sector, percibimos que las disposiciones de las iniciativas de legislación secundaria, en el caso de tierras ejidales y comunales, están dirigidas a viciar la voluntad de los titulares de esos derechos, mediante un proceso compulsivo, contrariando lo que dispone la fracción VII del artículo 27 constitucional –que obliga al gobierno federal a proteger la propiedad de los núcleos de población ejidales y comunales– y negando el derecho al “no” derivado de una verdadera consulta a los afectados.
Es cierto que el régimen laboral sigue siendo el mismo del apartado A del 123 constitucional, pero los derechos adquiridos por los trabajadores electricistas proviene de añejas luchas históricas (SME, antiguo STERM y luego Tendencia Democrática del SUTERM), y de esas conquistas contractuales no hay una sola mención. Así, se impone la neoporfirista tesis de que los trabajadores son lo último a considerar. Para eso está el “utilísimo” outsourcing.
Por lo que concierne a la huelga, es un derecho constitucional basado en el mismo artículo 123, y la requisa es un mandato administrativo de rango muy inferior. Pero además la Ley Federal del Trabajo nos impone a los trabajadores de servicios básicos garantizar aquellos que sean estratégicos en caso de huelga, para lo cual se designa entre las partes guardias de trabajadores que los garanticen (hospitales, bombeo de agua potable y drenaje, ejército, policía, gobiernos, y los que acuerden las partes). Su inclusión en el nuevo texto es una verdadera insolencia neoliberal… y anticonstitucional.
Y finalmente, como dice Cuarón: “¿Por qué no debatir?”.
Atentamente
Ingeniero Adolfo Miranda Torres,
ingeniero Angelberto Martínez
Gómez y arquitecto Francisco Javier Carrillo Soberón
Integrantes del Comité Nacional
de Estudios de la Energía, A.C.
