Para el investigador Carlos Lara el pago de 100 millones de pesos por la casa de Miguel Ángel de Quevedo por parte de la Academia Mexicana de la Lengua (AML), no fue poca cosa. Porque al margen de su valor real, fueron recursos públicos donados por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) en la administración de Consuelo Sáizar.
Por esa razón, desde hace meses comenzó a escudriñar sobre el caso sin lograr obtener más que una copia del contrato de donación, pese a haber solicitado –con apego a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental– la documentación que respaldó la compra-venta, los avalúos del inmueble, la justificaran del proyecto e información sobre las áreas de gobierno que intervinieron en el proceso.
No se opone, aclara en entrevista vía telefónica, a que la AML cambie de sede y reciba para ese fin un donativo del Conaculta; hasta lo ve como “una causa noble y necesaria”. Pero le parece un contrasentido que el Conaculta encargara, también con recursos públicos, estudios, una encuesta y un indicador como el Índice de capacidad y aprovechamiento cultural de los estados, que muestran que Coyoacán es una de las zonas con mayor oferta cultural, y que por lo visto al final no fueron tomados en consideración.
Al cambio de administración, ahora a cargo de Rafael Tovar y de Teresa, dice, se debió valorar –dado que uno de los propósitos del Programa Especial de Cultura y Arte es la regeneración del tejido social– si con el presupuesto requerido para cambiar a la AML y crear la Casa de la Palabra se puede generar un polo de desarrollo en otra parte de la ciudad.
Cuestiona la falta de un informe detallado del porqué se eligió la finca de Quevedo, cuando la ley de adquisiciones establece que al llevarse a cabo este tipo de transacciones (inmuebles y vehículos, por ejemplo), “para no beneficiar a alguien de manera impropia y no despertar sospechas”, el bien debe reunir características específicas necesarias, en este caso, para el desarrollo de las funciones y sesiones de la academia.
Doctorante en derecho de la cultura en la Universidad Carlos III de Madrid, España, Lara considera válido que se quiera rescatar como patrimonio histórico la otrora casa del llamado Apóstol del árbol, pero ese propósito debe estar plasmado en un proyecto y un plan de trabajo públicos, de lo contrario surge la sospecha.
Se debe explicar qué funcionarios del Conaculta intervinieron en el proceso antes de la celebración del convenio y cómo. Pues los secretarios del consejo fueron Fernando Serrano Migallón, ahora subsecretario de Educación Pública, que es miembro de la academia, y Roberto Vázquez, esposo de una de las dueñas de la residencia de Quevedo, Luz Emilia Aguilar Zinser.
Cita el artículo 221 del Código Penal, donde se establece que “el servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión” comete delito.
Lo hace también, según el artículo 220, si efectúa “compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte”.
La pregunta, insiste Lara, es si fueron ajenos al proceso los dos personajes que ocuparon las secretarias del Conaculta. Entonces mostrar, con el proyecto, las razones por las cuales les convenció la finca: El programa, los objetivos, “porque cuando pides un recurso al Conaculta, se te pide explicar para qué lo quieres, cuál es el impacto cultural que va a generar. Y debe haber un avalúo del inmueble ¿o fue adjudicación directa?”
Jaime Labastida, director de la AML, informa en entrevista con Proceso que no concursaron por los recursos, sino que se los otorgó Sáizar y la academia lo aceptó. Se le pregunta a Lara si ella tenía atribuciones para disponer así del presupuesto:
“No y lo hizo. Fue el tono de su gestión: Disponer de recursos públicos para hacer caprichos personales con sus amigos. Ahí tenemos los acervos que se compraron (para la Biblioteca de México).”
Aclara de nuevo que no está en contra de la compra del acervo de Carlos Monsiváis, pero sí de que se haya pagado excesivamente por la remodelación del inmueble y las obras de arte que se instalaron en las salas de lectura, pues fue “como demasiado merengue”. Es lo que se ha cuestionado, recuerda, a la celebración del Bicentenario de la Independencia, la construcción de la Estela de luz…
“Son las desventajas de tener un Consejo sin consejeros, sin un estatus jurídico apropiado, sin una ley reglamentaria, de tener un presidente del Conaculta que pueda hacer todo a discreción, y los últimos lo han hecho.”
El proyecto de la academia merece, cuando menos, una discusión, un dictamen y una resolución de un órgano deliberativo, pero sucede que ya en el segundo año de gestión de este sexenio el Conaculta sigue arrastrando las ocurrencias y desventajas de no haber hecho las cosas adecuadamente. Esto es en el marco de una política cultural razonada, concluye.
