Señor director:
Le agradeceré publicar en Palabra de Lector esta carta, dirigida al secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, y al titular de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF), Luis Ignacio Sánchez Gómez.
En familia decidimos que nuestra hija, alumna de 2° B de la Escuela Primaria Manuel González Flores (CCT 09DPR5123F), participara en el programa de promoción anticipada en la modalidad de omisión de un grado escolar, motivados por las excelentes referencias que las profesoras hacían de las capacidades de la menor, ya que, en su opinión, así se podría “aprovechar todo su potencial”.
Después de cierto procedimiento, nuestra hija obtuvo un informe pedagógico elaborado por su maestra de grupo, y otro psicopedagógico realizado por la Residente en Educación Especial de la UNAM, doctora en psicología. En los dos informes se sugiere que la niña está capacitada para omitir un grado escolar.
Sin embargo, la Dirección General de Servicios Educativos Iztapalapa (DGSEI) y la Dirección de Educación Especial del DF decidieron no promover a la estudiante con el argumento de que el numeral 72 de la Guía Operativa menciona que sólo el personal de la Dirección de Educación Especial puede hacer la evaluación.
Nosotros replicamos que, durante el proceso, la DGSEI, a través de la Dirección Regional Centro, sugirió, mediante oficio, que el informe psicopedagógico fuera realizado por la UNAM, lo cual se hizo. Y destacamos que luego nos citaron en la Dirección de Educación Especial, lo cual trajo como consecuencia que existan a la fecha dos informes psicopedagógicos recomendados por la DGSEI.
Esto revela que la entonces directora general, Leticia de la Hoya Villarreal, así como quien era su coordinador de Enlace Operativo, Marco Antonio Martínez Becerra, no dirigieron ni coordinaron apropiadamente el caso.
Entonces solicitamos a la actual directora general, Norma Patricia Sánchez Regalado, al igual que a su coordinadora de Enlace, Edith Goicochea, que se atendiera la observación en el sentido de que la menor está capacitada para omitir un grado escolar. Su respuesta fue negativa.
Además, hicimos notar que el numeral 4.1 de los Lineamientos Generales para la Acreditación, Promoción y Certificación Anticipada en Alumnos con Aptitudes Sobresalientes establece que dicha evaluación puede realizarla también una universidad.
Por estas razones pedimos que, con base en el criterio jurisprudencial de que al existir dos normas en conflicto –Lineamientos Generales (4.1) y Guía Operativa (72)– se opte por la que no vulnere los derechos humanos y garantías individuales –tales son los presupuestos que sirven de fundamento a toda normatividad–, de manera que se dé viabilidad al proceso de Aceleración en la Modalidad de Omisión de un Grado Escolar.
De la misma manera, esperamos algún tipo de sanción para quienes provocaron este enredo burocrático –Leticia de la Hoya Villarreal, directora general, y Marco Antonio Martínez Becerra, Enlace Operativo–, pues no dirigieron ni coordinaron apropiadamente el caso.
Demandamos que se proceda del mismo modo con los actuales responsables de la DGSEI, porque, pudiendo optar por la normatividad (“Lineamientos”) que no vulnere los derechos de la menor, decidieron lo contrario.
Esperamos que se repare esta situación ahora que todavía es posible. (Carta resumida.)
Atentamente
David Bautista Castro
Iztapalapa, DF
