¡Quién iba a decir que, vistos en perspectiva, de los últimos tres gobiernos que ha tenido la comarca jalisciense, el del panista Francisco Ramírez Acuña aparecería como el menos lesivo para los intereses de la entidad! Y ello porque, a diferencia de quienes vendrían a sucederlo en el cargo (su correligionario Emilio González Márquez y el priista Aristóteles Sandoval Díaz), en lo que hace al proyecto para llevar agua a León, Guanajuato, desde territorio jalisciense, el nativo de Jamay al menos actuó en defensa de los intereses del estado, aun cuando en su momento esto lo llevó a enfrentarse al presidente de la república.
Muy distinto fue en este sentido el proceder de González Márquez, pues llegó hasta el extremo de lo indignante. Y por lo que hace al actual mandatario estatal las cosas han sido todavía peores: de pena ajena. Para los nacidos o avecindados en Jalisco, la actuación de ambos mandatarios es de bochorno, al venirse a enterar de dos cosas: primero, que la persona que eligieron para ser la máxima autoridad del estado no tiene mando en asuntos que son vitales para el mismo y, segundo, que esa teórica “máxima autoridad” puede llegar a verse humillada por funcionarios segundones y hasta tercerones del gobierno federal.
Ni más ni menos, eso lo que le acaba de ocurrir al gobernador Aristóteles Sandoval con el caso de la presa de El Zapotillo, obra que se ha venido construyendo desde comienzos de la administración anterior (la encabezada, entre 2007 y 2013, por el panista Emilio González Márquez) para llevar, desde Jalisco, agua a la ciudad de León y a otras poblaciones del vecino estado de Guanajuato, no obstante que ello representa un alto costo para los intereses de nuestra entidad que, a decir de un dicho popular, “nunca pierde y cuando pierde arrebata”.
En su momento, González Márquez trató de justificarse con una excusa bastante cómoda ante quienes le reclamaron por no defender la causa de Jalisco ante la radical amenaza del proyecto de El Zapotillo: que por tratarse de una obra federal, su gobierno nada podía hacer al respecto, aun cuando a ojos vistas fuera desfavorable para los intereses de habitantes de la zona de Los Altos. Fue precisamente por ello que su predecesor (el también panista Francisco Ramírez Acuña) dejó de respaldar, en 2006, el proyecto original, la fallida presa de San Nicolás, a cuya construcción siempre se opusieron los vecinos de San Gaspar, población del municipio de Jalostotitlán que fue la inicialmente condenada a quedar bajo las aguas del proyectado embalse, concebido también en esencia para llevar agua a León. Y esto lo hizo Ramírez Acuña teniendo que enfrentar nada menos que al entonces presidente de la república Vicente Fox, quien casualmente no sólo era guanajuatense, sino que tenía –y como expresidente aún tiene– intereses económicos personales en la zona conurbada de León.
Pero cuando Ramírez Acuña dejó el gobierno de Jalisco a fines de 2006 y, luego de un breve interinato, el 1 de marzo de 2007 llegó González Márquez, la pusilanimidad se instaló en Casa Jalisco. No obstante que el proyecto de recambio (la presa de El Zapotillo, concebida para reemplazar la fallida intentona de la de San Nicolás) significaba la inundación no ya no de uno, sino de dos poblados jaliscienses (Acasico y Palmarejo) y la amenaza de un tercero (Temacapulín), González Márquez no sólo apoyó –por omisión y también por acción– ese proyecto hídrico, sino que incluso terminó por agravar aún más las cosas.
Dicho agravamiento ocurrió luego que, a fines de 2009, se anunciara la cancelación de la presa de Arcediano, con la que se pretendía almacenar agua para el uso de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). Ante ello, el gobernador pidió al presidente Felipe Calderón que la cortina de El Zapotillo ya no fuera a 80 metros de altura, como se había concebido originalmente, sino a 105, a fin de que una parte del agua retenida en dicho embalse se pudiera destinar a la ZMG, aun cuando esto implicase también la inundación de Temacapulín. Pero aunque parezca difícil de creer, el papel de Aristóteles Sandoval ha sido todavía peor.
Cuando en 2011 el priista pidió licencia a la presidencia municipal de Guadalajara para buscar la gubernatura de Jalisco, hizo campaña con el “compromiso” de que por ningún motivo se inundaría Temacapulín. Una vez pasadas las elecciones de 2012, de las que salió ganador, volvió a reiterar ese compromiso. Y apenas hubo tomado posesión de su cargo, el 1 de marzo de 2013, nuevamente se comprometió a “salvar Temaca”, acudiendo para ello a dicha población para, de manera personal, dar a sus habitantes la buena nueva. Sin embargo, a la hora de cumplir Sandoval Díaz se echó para atrás o fue echado atrás por autoridades federales, de tal forma que el pasado jueves 10 de abril colaboradores suyos, comenzando por Arturo Zamora, secretario general de Gobierno, salieron a decir que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) había “determinado” que la altura de la presa de El Zapotillo iría a 105 metros porque, según eso, aun con 80 metros de alzada y construyendo diques de seguridad el riesgo de que la población se inundara estaría siempre latente.
Cuando a los pocos días el gobernador tuvo que salir a dar la cara, no dudó en responsabilizar a la Conagua de que él no pudiera cumplir con su reiterado compromiso de “salvar Temaca”, con lo que quedó a las claras quién manda realmente en Jalisco cuando se trata de cuestiones trascendentales para el estado: no ciertamente el gobernador, sino la autoridad federal, encarnada no pocas veces por funcionarios de segundo o hasta tercer nivel (como el secretario de Medio Ambiente y el director de Conagua), que vinieron a poner en entredicho la autoridad de Sandoval Díaz, quien a diferencia de Ramírez Acuña en su momento, optó por apechugar y hacer responsables a otros de su impotencia o de su incompetencia para cumplir con una más de sus fallidas promesas de campaña: “Repito, esta (la decisión de inundar Temacapulín) es una responsabilidad de Conagua” (La Jornada Jalisco, 12 de abril).
A confesión de parte, relevo de pruebas. El gobernador de Jalisco paladinamente confiesa que quienes realmente deciden (determinan, resuelven, mandan, disponen…) qué se hace en Jalisco no son los jaliscienses y ni siquiera la persona a la que éstos eligieron como su gobernador (alguien que en la práctica puede quedar convertido, como en el caso presente, en un gobernador de burlas), sino funcionarios de segundo, tercero o cuarto nivel del gobierno federal. Y ello a pesar de que Jalisco es, constitucionalmente, un “estado libre y soberano”.
Entre la prensa las opiniones se han dividido. Hay algunas que, como parte del panismo jalisciense, dicen que importan más los 4.3 millones de habitantes de la ZMG (que se verían beneficiados con El Zapotillo a 105 metros de altura) que el medio millar de vecinos de Temaca. Pero lo que tanto la cofradía blanquiazul como dichos opinantes de los medios no dicen es que el agua del río Verde que corresponde a los tapatíos podría captarse en otro punto más ventajoso para la capital jalisciense y sin inundar un poblado de gran valor patrimonial. Tampoco tiene sentido la forma en que un diario local trata de justificar al gobernador: “Se encontraba en el cruce de dos caminos: faltar a su promesa de campaña o dejar sin abastecimiento de agua a la ZMG” (El Informador, 14 de abril). Y ello cuando es evidente que, en el caso de la presa de El Zapotillo, el primer mandatario de Jalisco acabó convertido en algo parecido a un gobernador de kermés.
