El lunes 5, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Luis Carlos Vega Pámanes –en cuyos antecedentes destaca haber sido jefe de policía en Puerto Vallarta– hizo publicar sendos desplegados de media plana en diarios locales para destacar que ya es doctor en derecho. Obtuvo su título en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, decía el texto, en la que “sustentó su tesis: La Valoración de la Prueba Penal en el Sistema Penal Jalisciense, misma que aprobó con la mención Magno cum laudem (sic), que significa; Con Grandes Honores”. También incluyó cuatro fotografías a color del acto celebrado en una pequeña sala de la UANL. El mensaje añade: “Para alcanzar el grado que hoy ostenta, contó con el apoyo del Pleno de los magistrados del Supremo Tribunal de esta entidad (…) que impulsó un acuerdo de colaboración con la UANL en el programa de doctorados y capacitación…” Las preguntas que se hace la gente de a pie son: ¿Por qué tal acuerdo no se hizo con alguna de las universidades locales, como la Universidad de Guadalajara, el ITESO o la Panamericana? ¿Cuál es la intención de propalarlo con bombo y platillo cuando lo común de los doctores, que apenas tienen para sobrevivir, no lo hacen? ¿Será la necesidad de tener credibilidad, autoridad moral? ¿Cuánto cuesta todo eso, incluidos viáticos, y los mismos desplegados y quién los paga? Antes, el expresidente del STJ, Celso Rodríguez González, hizo una maestría en esa misma universidad. El compromiso es asistir una vez al mes y hacer acto de presencia en la inauguración y clausura de los cursos, que tienen un costo superior a los 400 mil pesos.
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Como no ocurría desde hace lustros, desde que fue presidente el visionario y austero cardenal José Salazar López –quien por cierto se opuso al entonces delegado y luego nuncio Jerónimo Prigione y a prelados que lo secundaban, al establecimiento de relaciones Iglesia-Estado, “porque nos convertirán en comparsa del gobierno para legitimarse”, decía en corto–, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) cuestionó con dureza al gobierno de Enrique Peña Nieto al final de su más reciente asamblea; todos los medios de comunicación valoraron su alcance y, por primera vez, se ubica a los obispos de México en la línea del Papa Francisco, ante el cual se presentarán próximamente en la quinquenal visita ad limina. Las interrogantes tituladas están, particularmente, en el marco de lo que los ciudadanos comunes nos planteamos: si las reformas constitucionales ayudarán a quienes han estado “permanentemente desfavorecidos, o si serán una nueva oportunidad para aquellos acostumbrados a depredar los bienes del país”.
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Las dudas de la CEM –que coinciden con las preguntas de Alfonso Cuarón– son cinco: 1) ¿Qué garantizará que la reforma educativa impulse un verdadero desarrollo integral para todos; en la cual se reconozca el derecho fundamental de padres de familia, y la sociedad asuma su responsabilidad y no venga a aumentar la burocracia que sólo defienda sus intereses?, 2) ¿Qué garantizará que la fiscalía fomente una contribución justa, equitativa, sin complejidades, que sea utilizada con honestidad para construir un país con menos desigualdades, que favorezca el empleo bien remunerado, las inversiones productivas, o será una maraña en la que puedan evadir o esconderse quienes se benefician de los recursos del pueblo para que los recursos sigan siendo botín de pocos?, 3) ¿Qué garantizará que la reforma política consolide una auténtica democracia que supere las artimañas de los más habilidosos para lucrar con el poder?, 4) ¿Qué garantizará que la energética haga que los recursos se inviertan para superar los graves atrasos de gran parte de los mexicanos, y que las inversiones sean promotoras de progreso integral por encima de intereses particulares? y 5) ¿Qué garantizará que la de telecomunicaciones ponga al alcance de todos las ventajas de la tecnología, la calidad de los contenidos y el respeto a la dignidad y privacidad de los ciudadanos? Sin justicia, los monopolios sólo cambiarán de manos. Habla también el mensaje de la necesidad de que las reformas ayuden a superar las intolerables desigualdades e injusticias sociales y que no podemos acostumbrarnos a tener en la pobreza a más de 50 millones de compatriotas, muchos de ellos en la miseria. Se declaran en contra la impune actividad del crimen organizado y de transar con él o de legalizar las drogas.
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