A poco más de un mes de que empiece el Mundial de Futbol, la violencia y el descontento social reaparecen en las favelas de Río de Janeiro. Sus habitantes se sienten engañados por políticos que les prometieron servicios sociales, y expresan su rechazo a las Unidades de Policía Pacificadora. El objetivo de éstas era ganarse la confianza y la colaboración de los vecinos para combatir el narcotráfico, los homicidios y otros delitos pero –aseguran pobladores y activistas– derivaron en grupos dedicados a la tortura y el asesinato.
RÍO DE JANEIRO, BRASIL.- El sol lanzaba sus últimos destellos sobre la playa de Copacabana el pasado 27 de abril cuando la multitud irrumpió en la Avenida Atlántica. Esquivando bañistas –turistas extranjeros, muchos de ellos–, unas 200 personas marcharon ese domingo por la calle más célebre de todo Río de Janeiro.
Al frente de la marcha iba –con lentes oscuros y una camiseta con la leyenda saudade eterna (nostalgia eterna)– María de Fátima da Silva. El rostro y las iniciales de su hijo, Douglas Rafael da Silva, DG, estaban estampadas en carteles y playeras.
También periódicos, televisoras, radios y redes sociales evocaban diariamente la figura de este bailarín muerto a tiros la noche del 23 de abril, cuando la policía lanzó una operación contra los narcotraficantes en la favela de Pavao-Pavaozinho, supuestamente bajo control de las fuerzas de seguridad desde hace años.
Aquel no era el único acto de protesta. De hecho el caso de DG ocupó las portadas de los medios del mundo por las manifestaciones violentas que hubo el 24 de abril en Copacabana. Vehículos ardiendo, avenidas cerradas, helicópteros policiales sobrevolando y muchos disparos. A 50 días del inicio de la Copa del Mundo, la exclusiva y turística zona de Copacabana era tomada por la policía y por los manifestantes de la favela. Estos últimos protestaban por la brutalidad de las incursiones de los uniformados, consideradas injustificadas y aleatorias.
“DG era sólo un bailarín. No había hecho nada y la policía lo mató. ¿Para qué sirve que la policía entre en las favelas y saque a los narcos, si al final ellos son más violentos?”, dice a Proceso una joven universitaria que compartió numerosas tardes de danzas funk y hip-hop con el fallecido, y quien prefiere el anonimato.
La Secretaría de Seguridad de Río de Janeiro –la cual no respondió a las preguntas de este semanario “por falta de tiempo”– no ha presentado evidencias de que DG tuviera vínculos con el narcotráfico, más que algunos mensajes muy vagos publicados por el joven en Facebook.
El clamor popular y la presión mediática forzaron a la policía a garantizar que investigaría lo sucedido y deslindaría responsabilidades. Pero lejos de ser un caso aislado, las protestas y los enfrentamientos armados en favelas supuestamente bajo control han evidenciado la fragilidad sobre la cual se ha construido la pax carioca de los últimos años.
“Pacificación”
Después de que Brasil fue elegido sede de la Copa del Mundo de este año, el 30 de octubre de 2007, se puso en marcha un ambicioso plan para acabar con la inseguridad en las favelas.
Tras décadas de silencio de las autoridades municipales y estatales, cuya preocupación fundamental en materia de seguridad había sido hasta entonces contener la llegada del crimen a las zonas donde reside la clase alta de Río, en 2008 comenzó el proceso de “pacificación” de las favelas.
El concepto de ocupación y pacificación de las zonas marginales de Río de Janeiro, donde el tráfico de drogas y de armas coexiste con población civil que se gana la vida dignamente y padece la precariedad y la ausencia de servicios públicos, se inspira en una iniciativa lanzada años antes en Medellín, Colombia.
Se trata de hacer permanente la presencia de la policía militar bajo su denominación de Unidades de Policía Pacificadora (UPP), las cuales se instalan en el corazón de las favelas y realizan operaciones anunciadas con antelación a la comunidad.
Por un lado las UPP tienen la tarea de combatir la criminalidad y el tráfico de drogas, pero su cometido es también entablar una relación de confianza con las comunidades locales para obtener la aceptación y colaboración de éstas en el largo plazo. Una tarea no siempre fácil, en especial porque hasta 2008 las fuerzas de seguridad eran percibidas en las favelas como un mero brazo represor del Estado.
“Las primeras instalaciones de la UPP se hicieron bastante bien, con nuevos policías reclutados que no eran corruptos, muchas veces mujeres que habían seguido entrenamiento para mediación en cuestiones relacionadas con los derechos humanos. Se podía sentir la diferencia entre los nuevos oficiales de las UPP y la policía militar que ocupaba favelas en el pasado”, recuerda Theresa Williamson, urbanista y fundadora de la ONG Catalytic Communities, quien trabaja dando voz a estas comunidades.
En paralelo a esa “pacificación”, que empezó en diciembre de 2008 en la favela de Santa Marta, en el barrio de Botafogo, los gobiernos estatal de Río de Janeiro y federal, encabezado entonces por Luiz Inacio Lula da Silva, pusieron en marcha ambiciosos planes para mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos.
Prometieron infraestructura y sobre todo construir y financiar vivienda social, lo que supuso una inyección de moral para los habitantes de las favelas, quienes perciben que en un Brasil en pleno despegue económico ha llegado su momento de salir de la pobreza, apunta Williamson, anglobrasileña residente en Río desde 2000.
Las estadísticas muestran que en esos años la población respaldó mayoritariamente el proceso de “pacificación”. En 2009, 66% de los encuestados en la favela de Santa Marta y en la célebre Ciudad de Dios aprobaba la presencia policial, según un sondeo publicado en 2010 por la Fundación Getulio Vargas. Ese mismo documento señala que en 2010, 93% de los residentes en zonas donde operaban las UPP decía sentirse más seguro que antes de su llegada.
También el crimen declinó en las zonas intervenidas por la UPP, forzando un retroceso de asesinatos en todo Río de Janeiro, como indica el Estudio Mundial sobre el Homicidio 2013, publicado el pasado 10 de abril por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El documento cifra el descenso de los homicidios en 29% en esa ciudad entre 2007 y 2011.
En consecuencia, el proceso de instalación proliferó. En un clima de euforia, después de que el 2 de octubre de 2009 Río de Janeiro fue elegida sede de los XXXI Juegos Olímpicos, que se celebrarán en 2016, las autoridades expandieron los tentáculos de las UPP.
En 2009 éstas se instalaron en cuatro favelas. En 2010, en otras siete. En 2011, en seis más. En 2012, en 10. El año pasado otras ocho favelas fueron ocupadas por las UPP y más de 9 mil 290 efectivos trabajaban en el programa, según datos de la alcaldía carioca. Hoy son 37 las favelas con unidades de las UPP.
Sin embargo, su rechazo social ahora es probablemente el mayor desde que se inició el proceso.
“A partir de 2010 y hasta 2012 empezamos a ver que el apoyo a las UPP está básicamente en la sociedad convencional, pero la gente en las favelas empieza a mostrar su rechazo porque percibe que la policía es igual que antes. Todo eso se confirmó en 2013 cuando comienzan varios casos significativos de tortura y asesinatos en favelas como Manguinhos, Jacarezinho, Rocinha”, apunta Williamson, quien lleva una década trabajando en esas comunidades.
Balas “perdidas”
Son precisamente las muertes de civiles inocentes por supuestas “balas perdidas” o “confusiones” de la policía lo que saca a las calles a la población, como al parecer ocurrió con DG.
Los datos reflejan la fama de brutalidad que persigue a algunos cuerpos de la policía militar brasileña, la cual no ha sido reformada desde el fin de la dictadura, en 1985.
El Foro Brasileño de Seguridad Pública, organización independiente que hace estadísticas anuales sobre el número de víctimas por tipos de homicidios, señala que en 2012 al menos mil 890 brasileños murieron a manos de la policía. Sólo en los últimos 10 días al menos tres personas (DG, un joven de 17 años y una mujer de 72) fallecieron por disparos, pese a que las investigaciones iniciales apuntan a que no tenían vínculos con el crimen organizado.
Los excesos de la policía detonaron las protestas sociales de las dos últimas semanas en Río de Janeiro, las cuales también se explican, según Williamson, por la frustración de las comunidades ante las promesas incumplidas de los políticos en materia de servicios sociales.
“Si hace cinco años parecía que se iniciaban grandes avances, lo que se observa ahora son las graves limitaciones de esa política de seguridad. No es una política pública amplia en materia de educación, salud, cultura, saneamiento, que garantice derechos fundamentales para las comunidades populares de Río de Janeiro”, explica por su parte Jorge Barbosa, coordinador del Observatorio de Favelas, organización que monitorea las zonas pobres de Río.
“La violencia no se combate únicamente con acción policial. Es necesaria una política mucho más amplia para evitar que se reproduzcan las organizaciones de narcotraficantes. Faltan inversiones, sobre todo en sanidad, educación, transporte”, dice Barbosa, quien no duda en afirmar que “la violencia de la policía se enmarca en una práctica de racismo” contra la población de las zonas marginales de Río de Janeiro.
“Las UPP no han cambiado la visión de la institución policial. Se dedican al combate, no a la mediación. Muchas veces utilizan de forma ilegítima la fuerza. Tenemos una policía que ha perdido toda la credibilidad en la favela y también en la ciudad. La policía se cree ahora dueña y señora de la favela, cuando antes eran los narcos”, opina.
Y asevera: “La verdad es que la Copa del Mundo no ha dejado ningún legado, sobre todo para las poblaciones más pobres, pese a que se ha gastado una fortuna”.
Aunque las autoridades aseguran que la presencia de 150 mil miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad garantizará un marco de estabilidad en las 12 sedes donde se disputará el Mundial, eso no parece ahora tan claro.
El jueves 1 dos policías fueron heridos de bala horas antes de que Proceso tratara de visitar el conjunto de favelas más turístico de Río, el de Alemao, donde hasta hace poco era común ver a turistas extranjeros y residentes locales viajar juntos en el teleférico que une los pequeños cerros del norte de la ciudad con la red de transporte público.
