En Jalisco se gestan autodefensas

El gobernador Aristóteles Sandoval y su fiscal general, Luis Carlos Nájera, tratan de disipar los temores de la población repitiendo que sus operativos mantienen a la entidad libre del crimen organizado y, por consiguiente, sin posibilidades de que se formen grupos de autodefensa. La información de los medios, el diagnóstico de los especialistas, las crecientes cifras de muertes violentas y los testimonios recogidos en la calle desmienten a los funcionarios, pero ellos siguen obteniendo victorias en el micrófono…

Ante las fallas del diseño y la aplicación de políticas públicas para combatir el delito, al menos 12 municipios jaliscienses podrían formar grupos de autodefensa, advierte el investigador universitario Dante Haro Reyes.

Añade que esa sola posibilidad muestra la crisis del sistema de seguridad y la falta de respeto al estado de derecho en la entidad, así como la desesperación de los ciudadanos.

El primer alzamiento de policías comunitarios en Jalisco ocurrió en Jilotlán de los Dolores, colindante con la Tierra Caliente michoacana, el 2 de noviembre de 2013. Decenas de hombres armados repelieron el supuesto ingreso de policías comunitarios ligados a los Caballeros Templarios. Sin embargo, a decir del gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval, en Jilotlán no existe policía comunitaria.

En Jilotlán tenía su cuartel Jesús El Chango Méndez, uno de los capos del narcotráfico que controlaba la zona de Tepalcatepec, Michoacán. En octubre de 2010, más de 20 integrantes de la Policía Rural jalisciense fueron acribillados con armas de grueso calibre y granadas; murieron 10 de ellos.

El entonces secretario de Seguridad Pública del estado, hoy fiscal general, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, identificó a la gente de El Chango como responsable del ataque, como publicó este semanario el 7 de noviembre de 2010 (Proceso Jalisco 313).

Por testimonios de los pobladores se sabe que los sicarios llegaron en grupos al menos en 20 camionetas de modelo reciente. Todavía se tomaron tiempo para apostarse en las partes altas del lugar de la emboscada. En el enfrentamiento se utilizaron armas de grueso calibre como 7.62 (AK-47), 223 (AR-15) y granadas calibre 40. Una patrulla fue incendiada.

Durante el funeral de los policías, Nájera Gutiérrez reprochó a las autoridades federales que hayan dejado sola a su corporación para enfrentar a los criminales y cuestionó a “algunos reporteros” por convertirse en “voceros de la delincuencia”, porque una periodista le preguntó sobre la presunta protección de policías estatales a personas ligadas al abatido capo Nacho Coronel.

El 4 de septiembre de 2010, otro enfrentamiento entre rurales y delincuentes en Jilotlán dejó cinco policías muertos. Los miembros de esta corporación señalan que años antes desapareció toda una partida de guardias en la zona.

El mismo 2010, durante las fiestas patronales de la Virgen de Guadalupe en el municipio de Tecalitlán, la policía se quedó paralizada ante el superior poder de fuego de dos bandas que se enfrentaron, con un saldo de 13 muertos.

La mayoría de éstos cayó en la plaza, otros fueron acribillados en distintos puntos de la carretera entre la noche del 10 de diciembre y la madrugada del 11. Hubo 37 heridos (Proceso Jalisco 319).

Los cuatro últimos meses de 2010 fueron caóticos para la corporación de Nájera Gutiérrez: en la región Sureste perdieron la vida al menos 15 uniformados y 13 civiles, y los heridos fueron 37.

 

Regresa la violencia

 

El 2 de noviembre pasado, cuando se celebraba el Día de Muertos, de nuevo el municipio de Jilotlán de los Dolores volvió a ser noticia por un enfrentamiento entre grupos de autodefensa de Jalisco y policías comunitarios de Michoacán, presuntamente ligados a Los Caballeros Templarios, en un hecho registrado en la localidad de la Loma (Jalisco).

En esa fecha los pobladores de Jilot­­lán fueron testigos del surgimiento del primer grupo de policía comunitaria o de Autodefensa Ciudadana, aunque la autoridad estatal ha intentado por todos los medios de minimizar ese hecho.

Reportes extraoficiales indican que en esa fecha más de 30 personas de Jalisco hicieron frente a un grupo de supuestos policías comunitarios procedentes de Peribán, Michoacán, en el momento en que ingresaron a territorio jalisciense. El encontronazo provocó la muerte de un michoacano y dejó a otro gravemente herido.

En el lugar, según varios testigos, se pudo apreciar una camioneta blanca, tipo pick up, rotulada con consignas de autodefensa de Jalisco. La leyenda decía: “Autodefensa Ciudadana, patrulla número 05. Seguridad La Loma. Asociación Ganadera La Loma, Jalisco, Por una Loma, Jalisco, Libre”.

La camioneta tenía reporte de robo y traía placas sobrepuestas del estado de San Luis Potosí. La Fiscalía General y elementos del Ejército se dieron a la tarea de investigar el caso, pero ninguna autoridad confirmó de manera oficial el surgimiento de ese grupo; por el contrario, el gobernador priista se ha dedicado a negar la presencia de las autodefensas en todo momento y lejos de informar y debatir de cara a la sociedad sobre esa realidad, se niega a reconocer públicamente el problema que prevalece.

El pasado 27 de marzo, en el marco de la apertura del Seminario Internacional sobre Seguridad Alimentaria, Jorge Aristóteles Sandoval dijo en Guadalajara que gracias al trabajo de inteligencia, más que a la fuerza, se ha mantenido al estado libre de células criminales. Y añadió:

“Está descartado que exista en la entidad policía de autodefensa, ya que lo atendimos a la brevedad. No ha sido un problema en Jalisco, sólo hubo en una comunidad llamada La Loma (en Jilotlán), que colinda con Michoacán y los divide únicamente un río; algunos hombres participaron en grupos de autodefensa de la vecina entidad, pero cuando regresaban a Jalisco, a sus casas, lo hacían sin armas.”

Es más, el riesgo se previno mediante una conversación: “Se tuvo hace un tiempo una plática con uno de los líderes –no dijo cuál–, en la cual el fiscal del estado (Luis Carlos Nájera) les dejó claro que aunque fuera ruta de paso no se iban a permitir estos grupos e iba a haber detenciones, por eso Jalisco no ha tenido ese problema”.

Relató que el 25 de enero, en Circunvalación Oblatos, en el noreste de Guadalajara, una célula de Los Caballeros Templarios “ya se estaba instalando en Jalisco y se les detuvo con una gran cantidad de armas y droga”.

Al respecto, el investigador Haro Reyes considera que una buena parte de la frontera entre Jalisco y Michoacán se convirtió desde hace varios años en un foco rojo para autoridades y población civil, dado el movimiento permanente de grupos del crimen organizado que huyen de territorio michoacano ante los operativos federales, el avance de los grupos de autodefensa y la presión de otras organizaciones criminales que les disputan el control territorial.

Algunos burócratas asignados a municipios como Jilotlán y Tecalitlán consideran que desde hace al menos un lustro la seguridad pública en toda la región está colapsada, ya que las corporaciones municipales poco o nada pueden hacer ante la capacidad de fuego y la organización de los grupos delictivos.

Uno de ellos admite: “Desde hace años sabemos que las cosas aquí están descompuestas. Transitar por brechas o caminos se hace bajo riesgo de los propios empleados del gobierno, que deben cumplir con la encomienda de las instituciones”.

Otro empleado del gobierno estatal confirma: “Algunas veces circula uno por las terracerías y ve cuerpos de personas asesinadas o cabezas de cristianos decapitados; tienes que guardar silencio por temor a que te pase algo. Y las autoridades estatales dicen que todo está controlado, que no hay problema, pero no es cierto.

“Los niños en las escuelas apenas llegan a la secundaria, cuando la hay, y lo primero que le dicen al maestro es que ellos ya no quieren ir a clases, que van a ser sicarios porque quieren traer mucho dinero y una camioneta como la que usan los vendedores de droga. Algunos adolescentes nomás se pierden, desaparecen y no se sabe si se fueron con sus familias a otros lugares o ingresaron a las bandas del crimen.”

 

La caída de “El Chango”

 

En Jilotlán, la que fuera vivienda de Jesús El Chango Méndez se fue convirtiendo en un atractivo para periodistas y turistas deseosos de conocer la guarida de este cabecilla de Los Caballeros Templarios, considerado el azote de la región sureste. En mayo de 2011 el escondite fue “reventado” por la Policía Federal y cayeron presos 40 cómplices de El Chango; un mes después fue capturado el propio Méndez.

La autodefensa de Jilotlán empezó a gestarse en julio de 2013 porque, a decir de los pobladores, Los Caballeros Templarios cobraban diezmo generalizado. Por ejemplo, eran 200 pesos por auto o camioneta que circulara en la zona y hasta 100 por motocicleta, así como 2 pesos por cada kilo de carne vacuna vendida. Estaban a punto de crear un impuesto predial paralelo al del ayuntamiento (Proceso 1948).

En ese reportaje, de José Gil Olmos, se menciona que autodefensas michoacanas de La Ruana, Tepalcatepec y Coalcomán participaron en el levantamiento de la autodefensa de La Loma, y que la acción sirvió para liberar siete pueblos del sureste jalisciense, entre ellos El Limoncito, Las Lomas y Rancho Nuevo.

A pesar de ello, los habitantes de esta región viven con miedo y algunos trabajadores del gobierno se niegan a ir a los límites con Michoacán, aun si se arriesgan a perder el trabajo.

El investigador Haro Reyes asegura que la acción de los grupos de autodefensa está totalmente fuera de la ley, pues en la Constitución sólo se reconoce la figura de las guardias rurales (la Secretaría de la Defensa Nacional reconoce a 26 de ellas en el país, una en Ocotlán).

Afirma que hasta ahora las autoridades no saben en qué municipios tienen presencia o en cuántos pueden aparecer en cualquier instante, pero señala:

“Yo creo que al menos existen 12 municipios en donde se percibe la existencia de policías comunitarias. En muchos de esos lugares, sobre todo los colindantes con otros estados, la gente primero no se quiere meter, pero los que deciden participar en un grupo de autodefensa es porque ya están hartos de la situación de inseguridad y se dicen cansados de los robos, las extorsiones, el secuestro de sus hijas o de sus mujeres.

“Se trata de pobladores cansados, de hombres que dicen prefiero jugármela y enfrentarlos. Lo que se descubre con el surgimiento de los grupos de autodefensa es que hay una marcada ausencia del estado de legalidad”, concluye el especialista.