En casos como el denunciado por la señora Juana García, los funcionarios municipales pueden convertirse en los mayores obstáculos para que se haga justicia a las víctimas de un rapto. Complicidades, ineptitud, cinismo… todo abona para crear el clima de impunidad en que prolifera el delito.
Después de seis años de ausencia, en noviembre de 2013 Juana García Valdez volvería a ver a su única hija, Diana Gabriela, quien fue raptada en Mexicali por su abuela materna, Leticia Valdez González; sin embargo, este sueño se frustró por la incompetencia de un juez municipal de Guadalajara.
Como es madre soltera, Juana le pidió a su progenitora que si podría cuidar diariamente a la niña mientras ella trabajaba. La señora Leticia aceptó, pero al paso del tiempo se empezó a mostrar renuente a que la menor volviera con su madre. Hasta que en una ocasión, en diciembre de 2007, al regresar de su empleo no encontró en casa de su madre ni a ésta ni a la niña. Las buscó en vano.
En enero de 2008, Juana García denunció a doña Leticia Valdez González –averiguación previa 11520811/A.P– ante el Ministerio Público de Mexicali, Baja California, por el delito de sustracción de menores, cometido en contra de la menor Diana Gabriela García Valdez.
Juana García expone que a raíz de que presentó la querella, su madre “ha cambiado constantemente de domicilio y de nombre, pero me he dado a la tarea por mis propios medios de localizarlas y seguir las pistas” desde hace seis años.
Añade que el 29 de noviembre de 2013 la localizó y decidió ir desde Ciudad Obregón, donde radica, hasta Guadalajara en compañía de su esposo, quien es chofer de transporte foráneo de pasajeros. Ambos vigilaron la finca 1121 de la calle Medrano, donde vivía la señora Leticia.
“Esperamos a que saliera del domicilio. Una vez que lo hizo, iba acompañada de Jesús García Guerrero y de mi hija. Unas cuadras adelante nos percatamos que se detuvieron en la calle 66 y Medrano y comenzaron a vender CD piratas, incluida mi hija”, refiere.
Tras una espera prudente, solicitó por teléfono el apoyo de la Policía Municipal. Su llamada fue atendida por un operador que se identificó con el número 55. “Primero llegó un policía ciclista y posteriormente otros tres ciclistas, así como una patrulla. Detuvieron a mi madre, a Jesús García y a mi hija. Los subieron a la patrulla a los tres. Nos indicaron que nos trasladarían tanto a ellos como a nosotros al Ministerio Público ubicado en el cruce de Pablo Valdez y Gaza”, relata.
Ahí los atendió el secretario en funciones de juez municipal, José de Jesús Cortés Fuentes, a quien Juana García le informó de la denuncia penal que presentó contra su progenitora; incluso le dijo que llevaba el acta de nacimiento de la menor y copias certificadas de la querella. “Pero ni siquiera se interesó por escucharme, menos aún por ver y analizar los documentos que traía conmigo y con ello tener la certeza de que la estaba diciéndole la verdad”, comenta.
Incluso, expone, cuando Cortés Fuentes interrogó a Leticia Valdez, ella admitió que sustrajo a la menor. Diana Gabriela reconoció a Juana García como su madre y que no iba a la escuela, que se dedicaba a vender en las calles. Transcurrieron como 15 minutos cuando Cortés Fuentes me dijo textualmente: ‘Para empezar, yo no puedo hacer nada, aquí no hay delito que perseguir y no soy yo competente’. “Dijo que nos retiráramos, y que si seguíamos insistiendo, me dejaría retenida”.
A pesar de que Juana García insistió ante Cortés Fuentes, no tuvo éxito. “Ante la impotencia de haber visto luego de más de cinco años a mi hija y volverla a perder, acudí a denunciar a José de Jesús Cortés Fuentes ante la agencia del Ministerio Público adscrito a la agencia 10 de la Fiscalía General y quedó asentado el hecho en la averiguación previa 5121/2013”, señala.
Además, Juana García acudió con su esposo ante el secretario de Justicia Municipal, Enrique Velázquez Aguilar. Él, dice, “nos escuchó, revisó la documentación que traía y se comunicó con el juez municipal, Cortés Fuentes, activó el altavoz y escuchamos claramente la conversación que ambos tuvieron”.
El funcionario judicial reconoció que atendió el caso, pero mencionó que “ni siquiera registró la comparecencia de la quejosa”. Según Juana García, Velázquez citó a Cortés Fuentes y a los policías que atendieron a su llamado al día siguiente, 30 de noviembre, a las 9 de la mañana, “para saber quién resultaba responsable de los hechos, pues el mismo secretario de Justicia Municipal insistió en que si yo portaba la copias de una averiguación previa y el acta de nacimiento original demostraba el lazo con mi hija, Cortés Fuentes no debió permitir que mi madre se escapara de la justicia”.
Velázquez Aguilar acompañó a los padres de Diana Gabriela al área de Visitaduría Municipal para levantar una queja contra Cortés Fuentes. El secretario de Justicia ordenó a los empleados Sebastián Gutiérrez Flores y a Moisés Guadarrama Barajas que tramitaran la queja (a la que se le asignó el registro 10/2013), pero se le negó copia de la misma a la denunciante con el pretexto de que no tenían los sellos y que al siguiente día se le entregaría. Sin embargo, empleados y funcionario dijeron ignorar cómo encender la computadora y redactar, por lo que pidieron apoyo a Cecilia Isabel Ayala Dávalos, quien trabaja en el área de Mediación del ayuntamiento tapatío.
Después, el secretario de Justicia le dio su número de celular a Juana García y quedaron en encontrarse al siguiente día. La afectada, de escasos recursos, no tenía dinero para un hotel, por lo que pasó la noche con su esposo en la vieja Central Camionera.
Justicia de mentiras
Llegaron a las 9 de la mañana del sábado 30 de noviembre a la Secretaría de Justicia Municipal, en la calzada Independencia norte número 840, esquina con Hospital. Ninguno de los servidores públicos se presentó.
Por esa razón García presentó el 2 de diciembre de 2013 una queja (la número 8892/13/II) ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) en contra de todos los burócratas municipales mencionados, entre ellos Cortés Fuentes y Velázquez Aguilar.
Mediante el oficio 5491/13/II, fechado el 17 de diciembre, la CEDHJ pidió a los servidores públicos señalados que rindieran un informe de los hechos.
El 7 de enero pasado, respondió al visitador adjunto adscrito a la Segunda Visitaduría de la CEDHJ, Martín Frutos Hernández, que efectivamente el 29 de noviembre, a las 11 de la mañana los policías “presentaron a tres personas por problemas de índole familiar”, quienes se identificaron como Juana García, Leticia Valdez y Diana Gabriela.
“Al empezar las pláticas se encontraba la defensora de oficio, Elizabeth Martínez Estrada y el analista Ignacio Javier Jáuregui Cardona; en presencia de ellos (…) la quejosa manifestó que había puesto una denuncia penal en contra de su madre, y al pedirle su identificación oficial y la documentación ésta manifestó que había quitado la denuncia porque no quería que la detuvieran, en ningún momento mostró documento alguno”, afirmó en su informe Cortés Fuentes.
Agregó que Leticia Valdez le declaró que ella se hizo cargo de la menor desde 2003, pues Juana García “se la entregó para que la atendiera, cuidara y velara de ella, ya que la situación económica en que ella prevalecía era bastante precaria, con un entorno rodeado de vicios, a los que no pretendía arriesgar a su menor hija, ya que ésta se dedicaba al libertinaje y prostitución en la ciudad de Mexicali”.
Según declaraciones del secretario en funciones de juez, Leticia Valdez le comentó que su hija Juana pidió que la niña regresara con ella a Ciudad Obregón, Sonora: “No se negó (la abuela) a entregársela, pero tenía el temor fundado de que cuando se fuera la niña fuera abusada sexualmente por la pareja hoy en turno de su hija (el marido), ya que ésta no mantiene relaciones estables y que su actual pareja es adicto a las drogas, además de no ser el padre biológico de la misma”.
En dicho informe, Cortés Fuentes admite que le comentó a Juana García que no había delito que perseguir y “que no era la autoridad competente para entregarle la niña, por lo que al explicarle los pasos a seguir ella salió inmediatamente de la oficina sin querer escuchar; en ningún momento le dije que la dejaría retenida”.
Acepta que recibió una llamada de Velázquez Aguilar, a quien le explicó que no se registró la presencia de Juana García puesto que ella “no llegó como persona detenida y que el problema que se sucintó (sic) es de carácter civil, así mismo niego que el secretario me hubiera dicho que me presentara al día siguiente a las 9 horas”.
En su informe a la CEDHJ, Velázquez Aguilar explicó que recibió a las 19 horas, en su oficina privada, a la pareja de Juana García. “Como notaba muy alterado el varón, le pedí se tranquilizara y me explicara de qué se trataba, una vez que se tranquilizó un poco, me dijo que hacía unas horas, había estado en la zona seis, concretamente en el juzgado municipal que ahí se encuentra y que el juez municipal, José de Jesús Cortés (en funciones de juez por vacaciones del titular) había conocido de un asunto en el cual no había querido dejar detenida a una persona de nombre Leticia Valdez”.
Prosigue: “Ante la notoria molestia de las personas que estaban dialogando conmigo, tomé el teléfono y me comuniqué con el licenciado (…) quien me comentó cómo había estado el asunto (…) le pedí que me enviara un breve informe de lo ocurrido, con los nombres de los elementos de seguridad ciudadana que habían intervenido y que me la hiciera llegar el lunes siguiente, 2 de diciembre de 2013, a mi oficina”.
Negó haber citado para el día siguiente al juez y mucho menos a los policías, ya que “no tenemos mando, ni él ni yo sobre los oficiales, por ello no lo puede haber ordenado”.
Sólo aceptó haber recomendado a la pareja que “si estaban molestos presentaran una queja, tenía todo el derecho, en contra de quienes ellos considerasen los había tratado mal o con negligencia”.
Según el secretario de Justicia, el 2 de diciembre solicitó copia a Visitaduría de la queja de Juana García, pero le informaron que la señora se “había retirado sin firmar la misma sin dar motivo de ello, sin dejar número telefónico o domicilio donde notificarle para invitarle a ratificar la queja que pretendía plantear en contra del funcionario a mi cargo”.
Sin embargo, las declaraciones hechas por los funcionarios municipales Velázquez Aguilar y Cortés Fuentes se caen con el informe que rindió Cecilia Isabel Ayala, quien se encargó de tomar la declaración de Juana García.
A decir de Ayala, debido a que Sebastián Gutiérrez y Moisés Guadarrama no saben usar el equipo de cómputo ni tomar una declaración, ella tuvo que atender la queja de Juana García.
Su informe coincide con la declaración que presentó la denunciante ante la CEDHJ. Añadió que no se le dio la atención adecuada porque sus compañeros tenían prisa por acudir a las posadas que organizó en esas fechas el ayuntamiento.
En un correo electrónico posterior, y sin posibilidad de establecer contacto telefónico, Juana García notificó a la reportera que al fin recuperó a Diana Gabriela, pero por temor a represalias del municipio de Guadalajara no quiso dar más detalles.
