La determinación de Aristóteles Sandoval de no inundar Temacapulín, Acasico y Palmarejo por la construcción de la presa El Zapotillo, corrió la suerte de sus otras promesas de campaña: terminó en su retractación del pasado 10 de abril. Sí se cumplirá la sentencia de muerte por ahogamiento de los tres poblados. Empapado en la ética del gobierno priista aunque él proviene del Partido Verde, el secretario federal de Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud, explica que los compromisos de los servidores públicos “no pueden grabarse en piedra”…
CAÑADAS DE OBREGÓN.- Muchos habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo califican al gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz de “rajón”, pues todavía está fresca en su memoria la visita relámpago del 21 de abril de 2013 a la primera población para garantizar que el área no se inundaría para construir la presa El Zapotillo.
Aquella vez el mandatario llegó en helicóptero sin avisar, se puso una gorra azul bordada con la palabra “Temaca” para protegerse del sol, recorrió las calles y platicó con algunos lugareños.
El delegado de Temacapulín, Alfonso Íñiguez, señala que Sandoval parecía tener prisa, pero pudo ver que las casas del poblado eran muy superiores a las de interés social que la Comisión Estatal de Agua (CEA) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) desarrollaron para reubicar a los pobladores.
En los blogs y fan pages de Facebook que crearon los habitantes de Temacapulín aún se pueden ver videos de esa visita. Ahí se puede comprobar que Aristóteles le dijo a la gente que todas las decisiones sobre la presa se les consultarían:
“Al gobierno lo elige su pueblo para que le sirva a su pueblo, para que las decisiones las tome con su pueblo y no pueda haber gobernantes que desde las oficinas quieran resolver los problemas. Hay que ir al lugar de los problemas, escuchar a su gente y juntos tomar una decisión”.
Íñiguez añade que el gobernador le prometió a él enviarle tejas de lámina para reparar el techo de su finca, donde sobrevive con la venta de alimentos y bebidas, pero el material no llega.
Esa fue la última vez que vieron al mandatario. El pasado jueves 10 de abril, alrededor de las 20 horas, el gobierno estatal anunció que por cuestiones técnicas la inundación de los tres poblados es inevitable, ya que la cortina de la presa requiere una altura de 105 metros y no de 80, como decretó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Al día siguiente el mandatario, en rueda de prensa, se desdijo del compromiso de no permitir la inundación, adquirido desde su campaña electoral. Pero como tantas de sus promesas, ésta no se cumplirá:
“Esta es una responsabilidad de Conagua (…) el gobierno del estado ha sido muy claro y muy enfático; cuando el balón lo dejaron en nuestra cancha, tomamos la decisión. Cuando dijeron que el gobernador electo iba a definir, fui claro y puntual, llevamos alternativas. Y ahora habremos de escuchar los planteamientos que nos hace Conagua”.
Cinco días después de ese anuncio, ningún funcionario estatal se había puesto en contacto con los pobladores, si bien el gobernador le ordenó a la titular de la Procuraduría Social de Jalisco, Felícitas Velázquez Serrano, que “asuma la tutela de los afectados y se encargue de que el proceso de reubicación e indemnización sea transparente, respetuoso y justo”.
Este reportero visitó los tres poblados y subió a una de las laderas desde donde puede divisarse de frente el alzamiento de la cortina de El Zapotillo en medio de un paisaje árido, lleno de matorrales y una que otra ave de carroña que sobrevuela. Abajo, en el punto de elevación de la cortina, se aprecian decenas de trabajadores y el trajín de camiones cargados con material arenoso que extraen del río Verde.
En esta zona la Comisión Federal de Electricidad erige una subestación que proporcionará energía, aparentemente para bombear el agua a la región de Los Altos. Un trabajador dice que iniciaron la obra en enero y la concluirán a finales de julio.
Entre tanto, un grupo de habitantes de Temacapulín se reunió para acordar lo que van a hacer. El abogado de los habitantes, Guadalupe Espinoza Sauceda, menciona que podrían acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque el Ejecutivo violó el decreto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que establece que la cortina de la presa no puede ir más allá de los 80 metros de altura, pero también se lamenta de lo infructuosa que ha sido la batalla legal a lo largo de nueve años.
“Si no respetaron el decreto de la Suprema Corte cómo van a respetar los amparos. Estamos en una crisis de gobernabilidad, de crisis social”, señala.
Por su parte, el vocero del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el sacerdote Gabriel Espinoza Íñiguez, relata que la organización intentó varias veces tener una audiencia con el gobernador a través del subsecretario de Asuntos el Interior, Roberto López Lara, pero si bien éste les repetía que la administración priista es de “puertas abiertas”, Sandoval Díaz nunca los recibió.
En vista de ello, el pasado miércoles 9 algunos afectados por la presa fueron al Palacio de Gobierno, burlaron a los policías y en el interior realizaron una breve protesta, que fue disuelta por la policía.
“No vamos a inundar…”
Como candidato, Sandoval Díaz afirmó que defendería a Temacapulín, Acasico y Palmarejo. Ya como gobernador electo, el 29 de enero de 2013, escribió en su cuenta de Twitter (@AristotelesSD): “Lo reitero, Jalisco debe ser el principal beneficiado de las decisiones y no el que las padezca. No vamos a inundar Temacapulín”.
El sacerdote Espinoza Íñiguez y el abogado Guadalupe Espinoza Sauceda sostienen que Sandoval nunca tuvo la intención de proteger a las poblaciones, pero tenía que ser diplomático hasta que fuera el momento de revelar sus verdaderos propósitos.
Espinoza Sauceda puntualiza que la presa se construyó ilegalmente porque nunca cumplió las normas ambientales y pasó por encima de la autonomía del gobierno del municipio de Cañadas de Obregón, al que pertenecen los tres poblados.
Indica que hasta la fecha las autoridades municipales no han autorizado el cambio de uso de suelo de la cortina de la presa a 105 metros de altura, como tampoco aprobaron el nuevo centro poblacional que levantó la Conagua sobre un predio seco y árido en la zona denominada Talicoyunque, cercana a la cabecera de Cañadas de Obregón.
El abogado precisa que el gobierno panista de Emilio González Márquez fue funesto para las tres poblaciones, pero añade que el de Aristóteles no se queda atrás. De hecho, acusa, ambos incumplieron la recomendación 35/2009 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, derivada de la construcción de la presa El Zapotillo, por violación del derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, a la propiedad, a la vivienda, a la conservación del medio ambiente, al patrimonio común de la humanidad, al desarrollo y a la salud.
El sacerdote interviene: “Sabíamos lo que iba a venir porque se empezó a hablar de los tandeos en Guadalajara. ¿Entonces qué dices tú? Pues es una estrategia para decirle a la gente que no hay agua y que por lo tanto la altura de la presa tiene que incrementarse”.
A su vez, Manuel Guzmán Arroyo, director del Instituto de Limnología de la UdeG; Arturo Curiel Ballesteros, del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA); y Arturo Gleason Espíndola, del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD), declararon al diario Milenio Jalisco que las autoridades indujeron una crisis en el Lago de Chapala (principal fuente de abastecimiento a la zona metropolitana de Guadalajara) para justificar la construcción de megaobras que representan un gran negocio.
“La crisis la está provocando el propio gobierno. Resulta que están dejando los controles y siembran en la zona del lago, dentro de la zona federal, y para evitar que los terrenos se inundaran, le sacaron agua al lago; incluso tienen bombas con más capacidad de extracción de agua que el acueducto Chapala-Guadalajara (…) Me parece que lo que dice el gobierno es una estrategia para hacer obra; El Zapotillo es realmente para Guanajuato y no para Guadalajara, y a cambio de eso el gobierno de Guanajuato no deja pasar agua al río Lerma; es una crisis totalmente artificial”, le dijo Guzmán Arroyo al reportero Agustín del Castillo.
El día que Sandoval Díaz dio a conocer la noticia de que siempre sí se inundarían los tres poblados alteños, el secretario federal del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) Juan José Guerra Abud, se paseaba por las oficinas de Palacio de Gobierno en espera de su turno de hablar. El funcionario aprovechó la firma de un convenio entre su dependencia y la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) del estado para defender la megaobra y restarle presión al gobernador jalisciense.
Dijo que los compromisos que se asumen en el servicio público “no pueden grabarse en piedra”. Y sin mayor argumento, justificó: “¿Qué opinan si Guadalajara se queda sin agua? ¿Ya vieron (el lago de) Chapala? (…) ¿Quién tiene una mejor solución? Si alguien la tiene se la compro ahorita. No podemos dejar a una ciudad de la importancia de Guadalajara sin agua. Así de fácil”.
Por su parte, Sandoval Díaz afirmó que el gobierno estatal analizó al menos 20 propuestas técnicas que presentó a la Conagua para salvar los tres poblados, pero ninguna resultó viable. La más conocida de ellas –en realidad, la única que se hizo pública– consistía en mantener la cortina en 80 metros de altura y colocar diques para contener el agua, pero según el mandatario eso no es factible.
Lo irónico es que esta alternativa fue planteada en 2005, durante la administración del panista Emilio González, por dos funcionarios que ahora están en el gobierno priista: Enrique Dau Flores, entonces director de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) y hoy titular de la Consejería del gobernador. Dau es el autor del fallido proyecto de la presa de Arcediano, que se ubicaría en el fondo de la Barranca de Huentitán, en el cual se invirtieron más de 700 millones de pesos en estudios y compra de tierras.
El otro funcionario es Carlos Hernández Solís, asesor externo de Dau Flores en 2005 y actual gerente de ingeniería en la Unidad Ejecutora de Abastecimiento y Saneamiento de la CEA.
Igual que Guerra Abud, Dau Flores también se paseaba por las oficinas de Palacio de Gobierno, pero se negó a hablar:
–Ingeniero, usted propuso los diques para salvar Temacapulín…
– (Pregúntale) al ingeniero Lugo (titular de la CEA).
–Usted fue a Temacapulín a decirles que con los diques se salvaban y ahora la Conagua dice que no. ¿Por qué?
–No me corresponde a mí ya ahorita.
–¿Era viable en realidad esa propuesta o no era viable?
–No es mi papel opinar sobre el tema. Cuando me designe el gobernador, con todo gusto –cortó, y dio la media vuelta.
El padre Gabriel Espinoza afirma que en Jalisco todos los proyectos hidráulicos tienen vicios de origen desde hace 30 años, y muestra de ello es que los proyectos de las presas de El Salto y Arcediano nacieron muertos. Y enfatiza:
“Yo denuncio, como vocero del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo y como asistente nacional del Movimiento Rural de Acción Católica, desde la fe y desde la doctrina social de la Iglesia, que este gobierno está muy lejos de un apoyo verdadero a que haya un buen manejo del agua a favor de las grandes ciudades y a favor de los campesinos”.
Resistencia
En algunas casas de Temacapulín aún se exhiben, ya decoloradas por el sol, las lonas con que los pobladores le expresaron a Dau Flores, cuando estaba al frente de la CEAS, que sus viviendas no están a la venta y que ellos no aceptan la reubicación. Esos mensajes permanecen vigentes porque el autor intelectual del megaproyecto nunca se fue.
El delegado de Temacapulín, Alfonso Íñiguez, dice que la gente está dispuesta a permanecer en su pueblo hasta que el agua le llegue a los pies, como hicieron sus pares de El Ciruelo, Nayarit, quienes sólo se retiraron cuando comenzaba a ascender más el nivel de la presa El Cajón.
Mientras tanto, señala que las autoridades les están “disparando con una pistola sin balas” porque el río Verde no tiene el caudal suficiente para llenar El Zapotillo.
Y el abogado Espinoza Sauceda narra que, ante el rechazo de los habitantes a vender sus viviendas, la CEA expropió en septiembre de 2012 el único hotel de Temacapulín y una casa de la familia Ibarra Jáuregui.
Sin embargo, señala, el hotel se mantiene en pie porque el propietario pagó el soborno que le exigieron las autoridades de la CEA para sus gastos personales.
Resalta que, si bien difundió que ya tenía en su poder más del 70% de las propiedades, la CEA no ha logrado comprar más del 40%.
El padre Gabriel comenta que desde hace nueve años, cuando se anunció la construcción de la presa, los tres niveles de gobierno suspendieron toda clase de apoyo a Temacapulín y los habitantes dejaron de construir viviendas. La falta de recursos se compensa un poco con un impuesto que la delegación cobra a Javier Jiménez por el permiso para que sus camiones atraviesen el pueblo cargados con material que extrae del río Verde.
El convenio precisa que el particular debe pagar 20 pesos por cada unidad que pasa por ahí, así como entregar un cargamento de arena a la comunidad. Íñiguez menciona que cuando mucho se recaudan 3 mil pesos mensuales, que se destinan en su totalidad al centro de salud.
El abogado resume que El Zapotillo representa un gran negocio que las autoridades y empresarios de la construcción no están dispuestos a soltar, y que han aprovechado principalmente la compañía española FCC Construcción y la Asociación de Empresas La Peninsular Constructora, del Grupo Hermes, propiedad de la familia Hank Rhon.
