Los extrabajadores de la textilera Industrias Ocotlán, que en 2007 se quedaron con la fábrica, no disfrutaron mucho del triunfo sobre el patrón Isaac Saba: pronto se dieron cuenta de que, en un mercado copado por la industria china, la capacidad instalada de la planta no es competitiva. No obstante, su dirigencia sindical, encabezada por Felipe Velázquez, insistió en prometerles que ya como cooperativa volverían a producir… hasta que, hartos de privaciones, los agremiados nombraron nueva representación y se preparan para vender los bienes a fin de poder aprovechar su parte.
OCOTLÁN.- La que fuera Industrias Ocotlán, S.A. de C.V., fundada como parte del imperio industrial de Isaac Saba Raffoul, y que después de cinco años de huelga fue adjudicada a sus trabajadores, podría dejar de existir definitivamente al fracasar la tentativa del sindicato de hacerla resurgir bajo la operación de su Cooperativa Tejidos Ocotlán.
La desunión, la desesperación y sobre todo la desconfianza hacia su líder sindical, Felipe Velázquez Hernández, se apoderó de los cooperativistas que integran la Sección 8 del Sindicato de Trabajadores de la Industria Textil, de la Confección, Similares y Conexos de la República Mexicana.
Esta problemática propició que los más de 260 sindicalistas, que crearon la cooperativa a finales de 2012 con los bienes que les adjudicó la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), exijan la destitución del consejo que preside Velázquez Hernández y la venta de todos los bienes antes de empezar a operar.
Los inconformes acusan a Velázquez Hernández de haber firmado a sus espaldas una serie de documentos que los perjudicaron y de no repartir jamás el dinero que ingresaba al sindicato por la renta del salón de eventos y de las canchas deportivas de la Sección 8.
En la asamblea del pasado 23 de marzo, de la que dio fe un notario público, los cooperativistas solicitaron que se nombrara un nuevo consejo que los representara ante el sindicato nacional, ya que a decir de ellos en 2011 se terminó el periodo de Velázquez Hernández como secretario general de la Sección 8, que legalmente estaría acéfala desde ese año.
En la sede que tiene en Ocotlán el sindicato de la empresa Celanese, tras dos horas de discusión 250 cooperativistas eligieron nuevos directivos: Carlos Cruz Martínez, secretario general; Luis González Frías, secretario del Trabajo; Jesús Medina Núñez, secretario de Administración y Propaganda, y Javier Cruz Nápoles, secretario de Finanzas y Estadísticas.
La reunión culminó con un grito unánime: “No queremos cooperativa, queremos nuestro dinero”.
El 1 de abril realizaron otra reunión, en la sede de la Sección 8, para notificarle formalmente a Velázquez Hernández que ya no los representaba. Más de 150 trabajadores de la Cooperativa Tejidos Ocotlán entraron para exigirles a su exdirigente y a su equipo que abandonaran el inmueble a fin de que tomara posesión el consejo elegido en la asamblea del 23 de marzo.
Se dijeron traicionados por Velázquez Hernández. Incluso, una de las viudas de los sindicalistas fallecidos desde que estalló la huelga le gritó al defenestrado líder: “Usted lleva nueve años dándonos atole con el dedo y no vemos claro”.
Los cooperativistas denunciaron que, al solicitar a su exrepresentante que transparentara el manejo de recursos y de acciones que realizó durante el tiempo que permaneció en el cargo, “a cambio recibimos por parte de él los adjetivos de agitadores y revoltosos”.
Ahora, dicen, la necesidad económica los obliga a luchar por que se vendan los campos deportivos de la Sección 8 y el terreno que perteneció a Industrias Ocotlán.
Reclamaron que el dinero obtenido por la renta de las canchas deportivas de la Sección 8 “sólo lo están repartiendo con los allegados de Felipe y no con todos”.
Velázquez intentó defenderse objetando el procedimiento. Según él, no podía aceptar que el nuevo consejo tomara posesión porque la asamblea fue inválida, al no haberse emitido una convocatoria y realizarse en instalaciones ajenas a la Sección 8: “Ya lo habíamos informado: para tal forma es necesaria una comisión liquidadora, y sólo ella decidirá el destino de los bienes”.
En cuanto al dinero por la renta de los inmuebles, respondió: “Ustedes saben que aquí hay muchos gastos y necesitamos de esos fondos para seguir con la gestión”.
Esa frase prendió a los inconformes, que de inmediato comenzaron a gritarle y a amenazarlo. Minutos después, Velázquez Hernández fue sacado de las instalaciones de la Sección 8, cuya puerta principal fue soldada.
En el mismo tono, el impugnado líder advirtió que no se quedará con los brazos cruzados y presentará “una demanda contra quien resulte responsable, porque les aguanté muchos insultos pero esto no se puede quedar así”.
Razones de la disidencia
Cinco días después, el domingo 6, más de 250 integrantes de la Sección 8, en asamblea, decidieron tomar las instalaciones de la fábrica y desconocer explícita y totalmente a Velázquez como su representante sindical.
Carlos Cruz Martínez, nombrado secretario general por los inconformes, explica que el nuevo consejo se eligió por la necesidad de tener una figura jurídica de la que carecía esa sección desde 2011, cuando terminó legalmente el periodo de Velázquez Hernández.
Añade que la carencia de representación legal ante el sindicato les causaba un serio problema, ya que al no tener un comité ante el registro de asociaciones, el Instituto Mexicano del Seguro Social pudo solicitar la adjudicación de bienes de la fábrica, tanto los muebles como los inmuebles, entre ellos las canchas deportivas y el recinto sindical.
Para poder recibir los bienes que se les otorgaron de manera tripartita (por la JFCA, la parte patronal y el sindicato), puntualiza Cruz Martínez, los integrantes de la Sección 8 firmaron un documento que Velázquez Hernández utilizó en su beneficio como poder legal.
De todas formas, expresa que la venta de los bienes es más viable que la puesta en marcha de una fábrica con el mismo giro que la desaparecida Industrias Ocotlán, ya que “en la industria textil, como en la del calzado, no hay futuro”. Desde el punto de vista de muchos trabajadores, la cooperativa cuenta con maquinaria obsoleta y así no puede competir en un mercado que dominan industrias extranjeras, particularmente la china.
“Recordemos que desde el estallido de la huelga (9 de mayo de 2007) la JFCA, la patronal y la Sección 8 del sindicato acordamos recibir el pago, conforme al porcentaje de adeudo, con los bienes muebles e inmuebles que se encuentran en la planta”, comenta el nuevo secretario general.
Además, señala que Velázquez Hernández estaba dilapidando los recursos de la organización, ya que la sede sindical “era utilizada para palenques y eventos sociales; los campos eran utilizados para área de bailes masivos y estacionamientos, y él se daba el lujo de cobrar grandes cantidades”.
Al concluir la asamblea del domingo 6, decenas de cooperativistas fueron a las instalaciones sindicales para expulsar a los pocos miembros del grupo del exsecretario general que permanecían resguardándolas.
Posteriormente decidieron realizar guardias para impedir que los partidarios de Velázquez Hernández retomen la sede. Además, llevarán a un notario público para levantar un inventario y saber cuánto tienen en existencia y, si es el caso, demandar a Velázquez Hernández.
