MELILLA.- El pasado 24 de febrero, 18 días después de la trágica muerte de 15 inmigrantes africanos en la playa del Tarajal, en Ceuta, el Ministerio de Interior español difundió una singular noticia: su titular, Jorge Fernández Díaz, concedía la medalla de oro al mérito policial en grado honorífico a la Virgen de Nuestra Señora María Santísima del Amor, por compartir “valores como la dedicación, el desvelo, la solidaridad y el sacrificio”.
La noticia desconcertó a activistas de organizaciones no gubernamentales (ONG) que reclaman una respuesta rápida al caso Ceuta, por el cual iniciaron procedimientos judiciales contra los presuntos responsables.
En medio del creciente reclamo social por el esclarecimiento de la muerte de los inmigrantes, el ministerio echó a andar en los mismos días una estrategia de comunicación política encabezada por Fernández Díaz para tratar de revertir las acusaciones por la actuación de la Guardia Civil durante la muerte de los subsaharianos.
Hombre de profundas convicciones religiosas, Fernández Díaz es supernumerario del Opus Dei y miembro de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge, con raíces monárquicas y consagrada a “glorificar la cruz y la defensa de la fe”.
Sin empacho, se encomendó a Santa Teresa para que “interceda” por España en estos “tiempos duros”, durante un acto de la Feria de Turismo de Madrid el pasado enero.
Contradicciones
Fernández Díaz se contradijo durante la campaña para defender a sus subordinados. Primero se anticipó a pedir su comparecencia ante el Congreso de los Diputados, cuando los grupos parlamentarios del Partido Socialista Obrero Español, Unión Progreso y Democracia e Izquierda Unida estaban exigiendo el esclarecimiento de los hechos.
El 13 de febrero, ante el pleno de los diputados, reconoció que la Guardia Civil hizo uso de equipo antimotines, gases lacrimógenos y balas de goma contra los inmigrantes subsaharianos que a nado intentaban llegar al lado español superando el espigón fronterizo del Tarajal.
Con ello desmentía al titular de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa –caballero de la Orden Constantiniana desde 2009–, y al delegado del gobierno en Ceuta, Francisco Antonio González, porque en todo momento negaron que se hubiera disparado contra los inmigrantes.
También desacreditaba los informes de la Guardia Civil del 6 al 8 de febrero que abordan el incidente –difundidos por el diario El País– pero ocultaron el uso de esos dispositivos antidisturbios.
El día previo a esa comparecencia Fernández de Mesa se reunió en Ceuta con los guardias civiles para destacar su “impecable” labor y anunciar que los servicios jurídicos iban a presentar querellas criminales contra “todos los que han injuriado a los agentes de Ceuta”.
Ya era tarde: para entonces diversos medios habían difundido los videos en poder de las ONG en los que eran evidentes los disparos contra los inmigrantes.
Diversas ONG, como Caminando Fronteras o el Migreurop advertían la posibilidad de que el miedo y la ansiedad causados por los disparos pudieran haber contribuido a que los inmigrantes se ahogaran.
Estrella Galán, portavoz de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), sostiene que ninguna de las explicaciones da por resuelto el caso, por tanto consideran vigente la exigencia de esclarecimiento de los hechos y la protección y la reparación del daño a las víctimas.
La CEAR junto con SOS Racismo, Andalucía Acoge, Asociación Elín y la Asociación Proderechos Humanos-Andalucía (el Migreurop) formularon una demanda ante la Fiscalía General del Estado pidiendo que se investiguen los hechos, presentaron un informe al comisario europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa y por último se “personaron” como acusación popular ante el Juzgado de Instrucción de Ceuta, que tiene las diligencias abiertas sobre este caso.
Sobre si la actuación de la Guardia Civil incidió en la muerte de los migrantes, Galán sostiene:
“Vemos dos elementos: consideramos que los cuerpos de seguridad han estado implicados, tanto por omisión como por comisión. Por comisión porque han tenido una actuación temeraria contra personas que venían agotadas a punto de ahogarse y con necesidad de recibir asistencia sanitaria y ayuda humanitaria, y, por otro lado, la omisión del deber de socorro, en esa actitud de manifiesta pasividad ante la necesidad de asistencia humanitaria de las personas que estaban tratando de alcanzar la orilla. Claramente vemos esas dos consecuencias.”
Javier Baeza, de la Coordinadora de Barrios –que junto con Caminando Fronteras y otras ONG formuló otra denuncia que incluyó informes sobre las lesiones de algunos sobrevivientes o testimonios sobre heridas en algunos cadáveres–, sostiene: otro elemento de “veracidad contrastada” por los videos fue la devolución ilegal a Marruecos de 23 inmigrantes que habían llegado a la playa y a quienes, sin procedimiento administrativo alguno, entregaron inmediatamente a la gendarmería marroquí.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Melilla solicitó a Marruecos, mediante comisión rogatoria, la información oficial sobre las autopsias de los 10 cuerpos rescatados en aguas marroquíes.
No obstante Fernández Díaz modificó lo dicho a los diputados y como parte de su estrategia insistió durante su visita a Ceuta y Melilla, que “la Guardia Civil no hizo nada mal mientras no se demuestre lo contrario”.
