SIMFERÓPOL.- El martes 18, en el cementerio musulmán de Abdal, en las afueras de esta ciudad, se escuchaba el llanto de un grupo de ancianas tártaras frente a un millar de hombres de su comunidad. Asistían al funeral de un hombre asesinado en circunstancias no aclaradas y en medio de una creciente polarización entre las comunidades de Ucrania en lo que ya se considera la peor crisis de ese país desde la disolución de la Unión Soviética.
Reshat Ametov, jornalero tártaro de 39 años, padre de tres hijos, había desaparecido el lunes 3. Ese día, según testimonios de algunos de los asistentes al funeral –recogidos por Human Rights Watch (HRW)– participaba en una manifestación proucraniana frente al edificio del Consejo de los Ministros de Crimea, en la Plaza Lenin de Simferópol, cuando un grupo de paramilitares prorrusos y miembros de las tropas civiles de autodefensa lo detuvieron y se lo llevaron.
“Creemos que se lo llevaron porque es un activista muy conocido dentro de la comunidad y es impulsivo. Ojalá vuelva pronto a casa”, decía pocos días después un miembro de la comunidad tártara a este semanario.
Su familia denunció los hechos a las autoridades. Sin éxito. Nada más se supo de Ametov hasta el domingo 16, cuando unos policías avisaron que había sido hallado el cadáver de un musulmán en un bosque cercano a Belogorsk, este de Crimea.
Tenía las manos atadas, una cinta blanca en la cabeza y “señales de tortura”, según la prensa local. HRW indicó que estos hechos no han podido ser verificados y que nadie presenció el crimen, pero la policía crimea catalogó el suceso como muerte “violenta”. Un día después su mujer lo identificó.
Los líderes de la comunidad tártara local –unos 300 mil descendientes de un grupo instalado en Crimea desde el siglo XIII– ya no esconden su preocupación por lo que podría ocurrir en la península, donde han sido hostigados y expulsados varias veces a lo largo de los siglos.
“No sé si podremos controlar a los nuestros si la situación sigue así. La muerte de Ametov no presagia nada bueno”, explica el representante ante la ONU de la comunidad tártara, Abduraman Egiz.
En la ceremonia fúnebre del martes 18 algunos portaban armas, como constató esta reportera.
El problema es que mientras en Moscú, Bruselas y Washington se discute sobre el futuro de Crimea, en la península la vida se cimbra.
Además de HRW, la ONG local SOS Crimea –proucraniana y nacida a raíz de la toma de poder de las nuevas autoridades a finales de febrero– lleva tiempo denunciado episodios de tártaros y activistas proucranianos hostigados o secuestrados y cuyo destino, en algunos casos, se desconoce. En su mayoría se trata de acciones que recuerdan las operaciones de las tropas de autodefensa, que a diferencia de los paramilitares no están uniformadas y las cuales, según cifras del gobierno crimeo, están integradas por 11 mil personas.
Y ahora que los cosacos han desaparecido de la ciudad, son sólo ellos y los paramilitares quienes mantienen el orden.
Partidas
Una noche dos ucranianos y una tártara esperan el tren a Kiev en la estación central de Simferópol. Milicianos prorrusos los vigilan, los miran de reojo. Unos y otros se mueven en grupo, a paso lento. “Nos podrían matar si nos quedamos”, dice uno de los tres jóvenes, con voz apenas perceptible.
Desde que el pasado 27 de febrero las nuevas autoridades prorrusas tomaran violentamente el poder en la península, centenares de tártaros y ucranianos se han ido de Crimea. La mayoría a Kiev y sus alrededores y a las ciudades del oeste del país, cerca de la frontera con Polonia. Se trata, según el Ministerio de Interior de Ucrania, de unas mil 700 personas, aunque lo cierto es que nadie sabe con certeza cuántos son.
Viktoria Polishchuk, de 29 años, originaria de la región de Khmelnytskyi (este de Ucrania) pero afincada desde hace 10 años en la península, dejó atrás Crimea el domingo 16. “No puedo creer que esto esté pasando. Yo soy ucraniana y hablo ruso. ¿Por qué nos han dividido? ¿Por qué?”, decía antes de subirse al tren.
“Me voy. Me llevo algo de ropa y mi cámara fotográfica. El resto lo dejo aquí; quizás así no tendré problemas para cruzar la frontera. Nos han dicho que están revisando y apuntando los nombres de quienes se van. Tengo miedo”, explicaba esta joven de 29 años, quien a causa de su decisión rompió con su novio.
La semana pasada la tártara Sevil Taneeva hizo las maletas para ella y sus dos hijos y desde Simferópol viajó hasta Leópolis, en el este.
“He visto a otras 100 personas, la mayoría mujeres. Todas estamos en la misma situación. Nuestros hombres nos han dicho que era mejor que nos fuéramos de la península porque en estos días no es seguro estar allí. Pero ellos se han quedado”, cuenta en entrevista telefónica. “No sé si volveré (a Crimea), quizá nos mudaremos todos. Más gente está saliendo de Crimea y llega aquí”, agrega.
Algunos cuentan incluso que redes ucranianas han puesto en marcha programas secretos para el traslado de los crimeos que desean irse de la península por miedo a las agresiones. “Se les da dinero para el viaje y alojamiento”, cuenta una joven de una ONG ucraniana que opera en Crimea desde el inicio de la crisis. “El dinero proviene de donaciones de ucranianos”, añade, hablando a condición del anonimato.
También el hostigamiento a los tártaros parece que irá a más. Y sin disimulo. El viceprimer ministro del gobierno crimeo, Rustam Temirgaliev, anunció que algunas comunidades de esa minoría tártara serán desalojadas de las tierras que han ocupado en los últimos años.
“Queremos legalizar mediante convenios todas las parcelas que ocupan los tártaros. Les pediremos que desalojen parte de las tierras. Las necesitamos para fines sociales”, dijo en entrevista con la agencia rusa Ria Nóvosti.
El tema de las tierras de los tártaros es complicado. Según ellos se trata de parcelas que les fueron robadas por los ucranianos tras la deportación de esta comunidad después de la Segunda Guerra Mundial. Según los crimeos, los tártaros hoy ocupan tierras que no les pertenecen, construyendo pequeñas viviendas sin acabar en zonas abandonadas por otros. “Lo hacen ilegalmente”, recalcaba Alexander, un taxista prorruso.
Dudas
Además se siguen produciendo hechos que gran parte de la población percibe de forma muy negativa en toda Ucrania, pero más en Crimea, donde desde hace días se tiene acceso solo a los canales televisivos prorrusos. Y estos retransmitían continuamente el martes 18 las imágenes del ataque que sufrió ese día Alexander Panteleymonov, director del canal NTV, violentamente golpeado por integrantes del partido de extrema derecha Svoboda, parte del Ejecutivo de Kiev.
El grupo, que acusó a Panteleymonov de estar contra los manifestantes de Maidan y trabajar para Rusia, paradójicamente estaba encabezado por Igor Miroshnichenko, responsable del Comité para la Libertad de Expresión del Parlamento de Kiev, según denunció Amnistía Internacional (AI).
“Se trata del tipo de comportamiento que las autoridades ucranianas no deben tolerar”, afirmó Heather McGill, responsable de AI en Ucrania.
Otro asunto es que nada claro se ha dicho hasta ahora sobre cómo y cuándo las autoridades rusas empezarán a expedirles a los crimeos su nueva documentación –pasaportes, licencias de manejar y códigos bancarios, entre otras cosas– y qué cambios habrá en la legislación –códigos civiles y penales o la Constitución–, lo cual inquieta a toda la población.
Para los crimeos se tratará de un gran salto. “Ahora mismo no sabemos cuándo se pondrá en marcha el proceso”, dice a este semanario Alexander Ryabkov, diputado de Crimea. “Los problemas más serios los tendremos con los inmuebles, pues la legislación rusa es diferente a la ucraniana”, afirma por su parte Serguei Chubanov, del partido Rusia Unida.
Aun así las autoridades crimeas confían en que Moscú lo solucione todo. Y Rusia, al menos de palabra y por el momento, no los decepciona. Creará “las condiciones jurídicas” para una pronta integración de Crimea, afirmó la semana pasada el vicepresidente de la Duma, Serguei Neverov.
