Durante los tres sexenios que los gobiernos del Partido Acción Nacional estuvieron al frente de Jalisco (1995-2013) no sólo dejaron deudas, obras mal hechas e incluso contraproducentes (la Villa Panamericana, por ejemplo), así como una infinidad de pendientes, sino que ni siquiera fueron capaces de resolver un problema que desde finales de los años ochenta se ha venido agravando: el del agua en la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG), que cada uno de esos gobiernos contrajo solemnemente el “compromiso” de dejar resuelto en su doble vertiente: en lo que hace a la dotación de agua potable y también al saneamiento de la residual.
Para el primer caso se requiere básicamente una fuente alterna de abastecimiento, que cada día se vuelve más necesaria, por no decir urgente, tanto por el crecimiento de la ciudad como por el menguado almacenamiento del lago de Chapala, de donde proviene, desde hace más de 60 años, la mayor parte del agua que consumen los tapatíos. Y para lo otro es impostergable limpiar los desechos líquidos de la ZMG, que lastimosamente siguen contaminando el río Santiago, pues las necesarias plantas de tratamiento se han venido construyendo de manera tardía y con un doble agravante adicional: aún no están cabalmente terminadas, y cuando lo estén no contarán con la capacidad suficiente para sanear todas las aguas negras que escurren hacia la ladera norte del valle de Atemajac.
Esto último acaba de ser reconocido por dos funcionarios de la Comisión Estatal del Agua (Trinidad Martínez Sahagún y Luis Aceves Martínez, superintendente de Saneamiento y director de Planeación de Plantas de Tratamiento de la CEA, respectivamente), quienes han dicho que se requiere de una “inversión global de mil 561 millones de pesos a fin de poder garantizar un saneamiento al 100%” en la cuenca de El Ahogado, y ello por la necesidad de ampliar 30% la capacidad de la planta que fue construida en esa zona durante el gobierno de Emilio González Márquez y la cual es apta para tratar hasta 2 mil 250 litros por segundo, pero no la cuota de 3 mil litros que se alcanzaría una vez que se decidiera sanear también las aguas negras de localidades como El Salto, El Zapote, Toluquilla y colonias como Santa Cruz del Valle, Rancho Alegre, Galaxia Bonito Jalisco, La Alameda, El Capulín, etcétera (Milenio Jalisco, 1 de marzo).
Y a lo anterior hay que agregar otro hecho: la planta de Agua Prieta, proyectada en el noroeste de la ZMG y con una capacidad de tratamiento aun mayor (8 mil 500 litros por segundo) todavía no está concluida y cuando lo esté tampoco podrá operar plenamente. Y ello porque las autoridades ambientales del estado y del gobierno federal desautorizaron que los lodos que habrá de producir dicha planta sean depositados en un “monorrelleno” que la CEA planeaba habilitar cerca de sus instalaciones, es decir, en plena barranca del río Santiago, zona declarada oficialmente desde 2004 “área natural protegida”. Total que, como se suele decir coloquialmente, “¡puras fallas!” de nuestros dizque “servidores públicos”.
Estas fallas comenzaron durante el primer gobierno panista de Jalisco, a fines de los años noventa, cuando un grupo de diputados locales –encabezado por el entonces legislador perredista Raúl Padilla– impidió la aprobación del llamado “crédito japonés”, con el que Alberto Cárdenas Jiménez, a la sazón mandatario del estado, pretendía sanear las aguas residuales de la ZMG y ampliar la dotación de agua potable en mil litros por segundo más. Aparte de que ese préstamo proveniente de la nación asiática era sumamente ventajoso para las finanzas de Jalisco y no sólo por los bajos intereses y el pago a largo plazo, sino porque el gobierno federal iba absorber a fondo perdido más de la mitad del costo total de ese proyecto acuífero. Pero esto no pudo ser por un grupo de diputados y diputadas locales de la oposición, entre quienes figuraban el exrector de la Universidad de Guadalajara Raúl Padilla y una legisladora “ecologista” de nombre Liliana Reguera.
Luego, durante el gobierno de Francisco Ramírez Acuña (2001-2007) se trató de sacar adelante el descocado proyecto de Arcediano, en el que todavía insistiría, hasta fines de 2009, la administración de Emilio González Márquez, sólo para hacer más estrepitoso el fracaso: cerca de mil millones de pesos desperdiciados (en indemnizar a los habitantes de la demolida comunidad de Arcediano, así como en excavaciones y “estudios” de todo tipo); severos daños ambientales en toda la zona; desmantelamiento de las plantas de generación hidroeléctrica que la Comisión Federal de Electricidad venía operando desde mediados del siglo pasado en el fondo de la barranca del río Santiago, y destrucción del puente histórico de Arcediano –con cerca de 120 años–, del que se hizo una copia chafa o un remedo un kilómetro aguas abajo y con la complicidad de funcionarios de la delegación regional del INAH.
Ante la cancelación del proyecto de Arcediano, González Márquez alentó entonces la idea de que la cortina de la presa de El Zapotillo, cuya altura original estaba concebida en 80 metros, creciera a 105 con el propósito de que almacenara más agua y conducir buena parte de ella a la ZMG y no sólo a León, Guanajuato, así como a algunas localidades de los Altos de Jalisco. Ante tal petición, funcionarios de la Comisión Nacional del Agua se hicieron eco, por lo que modificaron el proyecto, a fin de subir la altura de la cortina 25 metros más, aun cuando ello implicara la inundación de tres localidades jaliscienses, vecinas de la zona: Acasico, Palmarejo y Temacapulín.
Sin embargo, por la resistencia que los habitantes de esas poblaciones han mantenido desde el primer momento, así como por la intervención bien razonada y justa de grupos de ambientalistas, académicos y defensores de los derechos de Jalisco, a principios de 2012 se logró que los candidatos que punteaban las preferencias electorales para la gubernatura (el priista Aristóteles Sandoval y Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano) hicieran el compromiso “de salvar Temacapulín”, un compromiso que ahora, como mandatario estatal, el señor Aristóteles Sandoval todavía no cumple. También se logró otra cosa: que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera que la cortina de El Zapotillo no pase de la proyectada altura original de 80 metros.
En conclusión, está por verse que, en el corto y aun en el mediano plazos la ZMG pueda resolver su grave problema del agua, en el que se incluyen abasto de agua potable y un uso racional de la misma; recuperación de los mantos freáticos, que se han visto muy disminuidos y contaminados; las inundaciones que se presentan en cada temporal, y el saneamiento de todas las aguas residuales de la metrópoli que van a dar al río Santiago. (Ahora que para sanear todas las que vienen aguas arriba, desde Ocotlán, y particularmente las que tienen su origen en algunas poblaciones de los Altos de Jalisco, se requiere, según el periodista Agustín del Castillo, quien muy documentadamente ha trabajado asuntos ambientales, una inversión de 5 mil 109 millones de pesos.)
Mientras todo ello no ocurra, los habitantes de esta parte del mundo verán agravarse en el futuro un problema que ya se padece en el presente: carencia de agua potable y abundancia de aguas negras, tantas como para que los tapatíos naden en ellas. Y si no, ahí está la experiencia vivida en la Villa Panamericana, que obligó a nuestras pazguatas autoridades a echar reversa con ese disparatado complejo habitacional.
