El alarmante incremento de casos de policías estatales de Michoacán y de Jalisco, así como municipales involucrados con el crimen organizado, aumenta la sospecha de que las corporaciones locales no son confiables en la lucha contra el narco, especialmente en el caso del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Y fortalecen esa percepción los operativos federales contra Nacho Coronel y El Menchito Oseguera, de los que no fue informado el gobierno estatal. No obstante el fiscal general del estado, Luis Carlos Gutiérrez, califica esas dudas como “chismes”…
Desde finales de 2013 y en lo que va del presente año la actuación de la Fiscalía General de Jalisco (FGJ) y de las autoridades federales ha generado sospechas de que policías de Jalisco y Michoacán están vinculados con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Entre noviembre y febrero, decenas de elementos municipales de ambas entidades han sido señalados por sus presuntos nexos con el hampa o de plano investigados por participar directamente en el crimen organizado.
Esto ha quedado de manifiesto en las corporaciones de Tlaquepaque, Guadalajara, Tlajomulco y Tonalá, en Jalisco, y con una veintena de agentes de Vista Hermosa, Michoacán.
En ese último caso la autoridad federal solicitó el arraigo de decenas de gendarmes luego de que dos agentes ministeriales al servicio de la Procuraduría General de la República (PGR) desaparecieron entre Jalisco y el vecino estado, desde principios de noviembre de 2013.
Los agentes arraigados fueron piezas clave para obtener información decisiva para descubrir decenas de narcofosas en el municipio jalisciense de La Barca, donde se localizaron el año pasado 67 cuerpos de personas asesinadas y enterradas en clandestinidad presuntamente por integrantes del CJNG.
También se localizaron otros 50 cadáveres en narcofosas localizadas en Zapopan, Tlajomulco y los límites entre El Salto, Tlaquepaque y Tonalá.
La conexión de agentes municipales con el CJNG salió a relucir en las últimas semanas, a raíz de la detención de presuntos secuestradores que operaban en la zona metropolitana de Guadalajara.
Hace varias semanas la FGJ investiga a un agente de San Pedro Tlaquepaque, identificado como miembro del mencionado cártel. El policía fue capturado con otros dos en Zapopan, la mañana del martes 4, en un intento de secuestro en el cruce de la calle A las Montañas y avenida Vallarta, cerca de la glorieta de Los Cubos, en Prados Vallarta.
Los plagiarios fueron detenidos cuando iban en una camioneta Ford Explorer. Uno reconoció que era integrante del CJNG, según declaró a los medios de comunicación el director operativo de la Policía de Zapopan, Daniel Mora. Añadió que en el vehículo se descubrió un compartimiento secreto con varias armas.
Tres semanas antes, el 15 de febrero, fue acribillado Óscar Benjamín García Dávila, de 43 años, reconocido como policía de San Pedro Tlaquepaque y quien supuestamente también vendía protección a otro grupo del crimen organizado.
García Dávila fue agente de la PGR, director operativo de la Policía de Zapopan y al momento de su muerte tenía abiertas varias averiguaciones por delitos federales. Fue asesinado por sicarios que iban en dos camionetas, junto con otro hombre en la colonia Vallarta Universidad, cuando acababan de salir de un local comercial.
Al mando policiaco se le relacionaba también con el exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva Madrid, preso en Estados Unidos por delincuencia organizada y acusado de colusión con el Cártel de Juárez.
Asimismo, el 14 de febrero, en Tlajomulco de Zúñiga, fueron detenidos varios sujetos, entre ellos Gerónimo Alcaraz, quien reconoció que trabajaba para el CJNG y declaró que la organización delictiva recibía protección de policías de ese municipio.
Después de esa captura, al menos tres agentes de la Policía de Tlajomulco ya no se presentaron a su trabajo, mientras que las indagatorias posteriores pusieron al descubierto la existencia de varias narcofosas en la colonia La Calera, ubicada en el rumbo de Cajititlán, donde se exhumaron 19 cadáveres.
En el mismo operativo, las autoridades estatales catearon una casa de seguridad en el fraccionamiento Campo Sur, del mismo municipio, y decomisaron más de una tonelada de mariguana, 38 kilos de metanfetaminas, armas y material táctico.
Al respecto, el titular de la Fiscalía General, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, afirmó que la identificación de los policías ligados con el narco es un trabajo permanente de la dependencia.
Reconoce, además de los casos citados, que el sábado 8 se detuvo a tres extorsionadores, con los que está involucrado el policía tapatío Cristopher Cervantes Castillo, de 26 años, y otros dos sujetos capturados en avenida Patria y Guadalupe, colonia Jardines de Guadalupe, en Zapopan.
“Parte de esas investigaciones nos llevaron a encontrar cuerpos de personas (asesinadas); esa persona está vinculada con el crimen organizado y con homicidios”, dijo, pero declinó dar más detalles sobre la investigación contra los sujetos, a quienes se menciona extraoficialmente como integrantes del CJNG.
“Que les quede claro: el (policía) que no esté a favor de la sociedad va a ser perseguido y va a ser sancionado”, afirmó.
“Chismes” y números
Nájera Gutiérrez dice que gracias al trabajo permanente de la fiscalía con el Ejército, la Marina y la Policía Federal se mantiene la sobrevigilancia de toda la zona limítrofe con Michoacán, lo que ha evitado que delincuentes del vecino estado ingresen a Jalisco en el llamado “efecto cucaracha”, a raíz de la guerra entre Los Caballeros Templarios y los grupos de autodefensa.
“Estamos trabajando en combatir cualquier nexo que exista entre autoridades (municipales y estatales) y cualquier grupo delictivo”, reitera, aunque su labor es cuestionada.
“Estaba leyendo con mucha preocupación una columna de parte de ustedes (Proceso Jalisco) en la que (afirman) que no pueden creer que se haga bien el trabajo. Yo los invito a que se dejen de chismes, a que investiguen seriamente; yo los invito a que vean toda la gente que se ha detenido… y que pertenece a todos los grupos delictivos. Aquí el único compromiso es el de tener la tranquilidad en el estado y dar seguridad a los jaliscienses. Me extraña que no volteen a otras partes y que quieran demeritar un buen trabajo de parte de mi persona”, se queja el fiscal general.
Sin embargo, la encuesta publicada por el diario Mural el pasado 30 de enero muestra que la aprobación de Nájera Gutiérrez entre los ciudadanos ascendió de 3% en agosto de 2013 a… 4% en enero de 2014. Es reconocido como uno de los funcionarios menos aceptados. En la misma publicación se reporta que la FGJ recibió un promedio de calificación de 6.14% en enero, mientras que en agosto pasado su puntaje era 6.45%.
Polémico y defendido por los gobernantes a los que ha servido, igual que por algunos empresarios, el fiscal no ha estado exento de señalamientos por supuestas ligas con el hampa. Él siempre las ha negado y hasta el momento no se le han comprobado legalmente.
Nájera fue titular de la Secretaría de Seguridad bajo el mando del gobernador panista Emilio González Márquez. En ese sexenio le llovieron descalificaciones y también enfrentó los cuestionamientos de presuntos delincuentes que a través de narcomantas lo acusaban de proteger al CJNG.
Nájera Gutiérrez ha tenido desencuentros intermitentes con la prensa. En la edición 1665 de Proceso (30 de septiembre de 2008) se publicaron denuncias de integrantes de cuerpos de seguridad en el sentido de que el entonces secretario de Seguridad protegía a integrantes de los cárteles de Sinaloa y del Milenio.
En esos testimonios se citaba a algunos de sus colaboradores como los encargados de cobrar altos montos de dinero a las bandas criminales para permitirles operar en la entidad. Uno de los señalados es el excolaborador de Nájera y actual director de la Policía de Zapopan, Hernán Guízar, quien siempre ha negado las acusaciones.
Los policías que cuestionaron a Nájera en 2008 pidieron no publicar sus nombres por temor a las represalias, pero relataron que a una fiesta privada en el poblado de San Juan de Ocotlán acudieron cabecillas del Cártel de Sinaloa como Juan José Esparragoza, El Azul, y el ya abatido Nacho Coronel Villareal.
Esta versión fue negada en su momento por Nájera Gutiérrez, pero el entonces gobernador Emilio González salió a defender a su colaborador y calificó las denuncias de “calumnias” y de “acciones cobardes” promovidas por “personas que buscaban desestabilizar a las instituciones en Jalisco”.
Posteriormente Nájera, en plática informal con reporteros de este semanario, reiteró su rechazo a todas las acusaciones de sus presuntos nexos con narcotraficantes u otros delincuentes. Dijo que lo podían acusar hasta de “mujeriego”, pero jamás de narco.
Casi dos años después, a finales de julio de 2010, las autoridades federales dejaron implícita su desconfianza hacia los cuerpos de seguridad de Jalisco (incluyendo la secretaría que Nájera encabezaba) al no informar al gobierno del estado del operativo para detener a Nacho Coronel, cabecilla del Cártel de Sinaloa en la plaza de Jalisco.
El 5 de agosto de ese año, sólo seis días después de la muerte de Nacho Coronel, Nájera Gutiérrez reconoció la posibilidad de que elementos de la Secretaría de Seguridad estuvieran ligados al narco.
“No me atrevería a decir que no hay gente infiltrada, sería ilógico pensar que no hay nadie que apoye a las bandas delincuenciales, por eso decimos que estamos abiertos a que se investigue y abiertos a que se practique a los elementos los exámenes de control de confianza”, tuvo que admitir en una entrevista para la cadena estadunidense de televisión CNN.
Y lo mismo sucedió el pasado 30 de enero con el operativo de la Marina en Zapopan para detener a Rubén Oseguera González, El Menchito, hijo de Nemesio Oseguera, líder del CJNG. Las autoridades federales evitaron notificar de sus planes al gobierno estatal y de nuevo surgieron las dudas sobre el grado de confiabilidad que le atribuyen a las corporaciones estatales, sobre todo a la FGJ.
En 2010 diversos analistas consideraban a Nacho Coronel como una figura clave para mantener la estabilidad en Jalisco, lo cual refutó el propio Nájera, quien destacó la peligrosidad de otros grupos como Los Zetas, el Cártel del Golfo y La Familia Michoacana, que tras una escisión derivó en Los Caballeros Templarios.
Desde entonces Nájera previó que los siguientes años serían muy complejos en materia de seguridad pública para Jalisco, por la lucha entre los cárteles de la droga. También anticipó que se incrementarían los ataques contra los cuerpos de seguridad y las presiones para infiltrarlos.
Narcomensajes
El 28 de enero de 2011 un grupo del crimen organizado colocó en puentes peatonales de la zona metropolitana de Guadalajara una serie de mensajes pintados en lonas, contra la administración de Emilio González, el secretario de Seguridad y otros funcionarios.
Las llamadas narcomantas fueron retiradas casi de inmediato por la Policía Estatal y las municipales de Tonalá, El Salto, Guadalajara y Zapopan. Sin embargo, se supo que en una se leía:
“Al señor gobernador: si quiere que termine la violencia en Jalisco sólo tiene que poner orden en la SSP, al mando de Luis Carlos Nájera, Alejandro Solorio y Carlos Alejandro Cárdenas alias El Charly, enlace de Nemesio Oseguera alias El Mencho y evite que Jalisco se convierta en otro Tamaulipas o Guerrero.
“No arriesguen la vida de sus elementos por unos cuantos pesos que reciben directores a cambio de brindar protección a Los Torcidos, que se hacen llamar Nuevo Cártel de Jalisco.”
Enseguida los supuestos miembros del Cártel del Milenio señalaban: “Mientras la Secretaría de Seguridad Pública nos levanta a nuestra gente para entregársela al NCJ (CJNG), nosotros no fomentaremos la violencia, de lo contrario prepárense para que Jalisco arda en llamas, si ustedes piensan que esto ya terminó, se equivocan, esto apenas va comenzar”.
Y le advertían al entonces gobernador Emilio González: “Michoacán tiene su guerra contra la Policía Federal, evite que Jalisco tenga la suya con la SSP”. El narcomensaje estaba firmado por el “Cártel del Milenio MFG”, en alusión a la alianza de ese grupo con la Familia Michoacana y el Cártel del Golfo.
En vista de todos estos antecedentes y del aumento de casos de policías ligados al crimen organizado, el coordinador de los diputados del partido Movimiento Ciudadano en el Congreso estatal, Clemente Castañeda, manifestó que el gobierno de Aristóteles Sandoval debe revisar los exámenes de confianza aplicados a los policías, ya que “hace falta una limpia a profundidad”.
