MÉXICO, D.F. (apro).- El Colegio Nacional de Abogados Penalistas presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Miguel Ángel Yunes Linares y Enrique Pérez Rodríguez por su presunta responsabilidad en la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del Penal de Puente Grande, Jalisco, en enero de 2001.
Según el Colegio Nacional de Abogados Penalistas, en ese tiempo Yunes Linares se desempeñaba como subsecretario de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Pérez Rodríguez como director general de la misma dependencia.
Sin embargo, Yunes desmintió esta información, al asegurar que cuando se fugó el capo él no ocupaba cargo alguno en el gobierno.
Fue cuatro años después cuando Yunes asumió el cargo de Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública federal.
Yunes envió a Proceso la copia de una carta firmada el 7 de enero de 2005 por el entonces presidente Vicente Fox. En la misiva, Fox lo nombra de subsecretario Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública federal.
En contraste, ayer Jorge Reyes Peralta, presidente del Colegio, afirmó que tras analizar los 175 tomos que integran la causa penal que se inició por la evasión de El Chapo detectaron la presunta responsabilidad de Yunes Linares y Pérez Rodríguez en los hechos.
En entrevista afuera de las oficinas centrales de la PGR, luego de presentar la denuncia de hechos, el abogado consideró necesario que el Ministerio Público de la Federación investigue a ambos exfuncionarios porque poseen grandes fortunas y es preciso conocer de dónde obtuvieron ese dinero.
De entrada, dijo, se les podrían fincar cargos por su presunta responsabilidad en los delitos de evasión de reo, cohecho y delincuencia organizada y “conforme avancen las investigaciones seguramente aparecerán los nombres de otros personajes”.
Reyes Peralta explicó que la denuncia interpuesta en la PGR tiene la finalidad de “hacer respetar el marco de la legalidad” pues, si bien la fuga de Guzmán Loera ocurrió hace más de 13 años, el delito de delincuencia organizada del que acusa a los exfuncionarios no ha prescrito.
El abogado expresó su confianza en la PGR, cuyo titular, Jesús Murillo Karam, calificó como una persona seria y profesional. Además, dijo, fue en la actual administración que se logró la recaptura del líder del Cártel de Sinaloa.
