MANZANILLO, Col. (apro).- Frente al presidente Enrique Peña Nieto, dirigentes de organizaciones campesinas del país denunciaron la situación crítica del campo y exigieron una reforma en ese sector realmente benéfica para los campesinos.
Los representantes del sector agropecuario denunciaron los daños ocasionados por la reforma sobre el ejido en el sexenio salinista. Se pronunciaron contra la posibilidad de reformas para acelerar la privatización de este núcleo agrario.
Además, alertaron del riesgo que significa la cantidad de concesiones mineras que se dan sin consultar a las comunidades y destacaron las condiciones de miseria que prevalecen entre los habitantes del medio rural.
En el encuentro, realizado en el hotel Grand Bay, del complejo turístico de lujo Isla Navidad –propiedad de la familia jalisciense Leaño Álvarez del Castillo–, se firmaron aunque de manera simbólica los Convenios de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y todas las entidades federativas.
Los convenios consideran una inversión de 12 mil 438 millones de pesos del gobierno federal y dos mil 98 millones de los estatales.
Ante los reclamos de los dirigentes campesinos, Peña Nieto reconoció: “Es el campo, lamentablemente, y sigue siendo, rostro de atraso, de marginación, de pobreza y de falta de mayores oportunidades”.
Asimismo, subrayó: “Para no caer en especulaciones de ningún tipo ni alimentar las que eventualmente hubiera, hay que dejar muy en claro que el gobierno de la República ni ha propuesto, ni propondrá iniciativa alguna que modifique el régimen de propiedad social que hay en nuestro país”.
En su visita de hoy por Manzanillo, el presidente estuvo acompañado por los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de la Sagarpa, Enrique Martínez y Martínez; el gobernador de Aguscalientes, Carlos Lozano de la Torre, en su calidad de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), y en anfitrión, el gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno, entre otros.
Durante su intervención, el presidente del Congreso Agrario Permanente (CAP), José Durán Vera, refirió que desde la reforma al artículo 27 constitucional en materia ejidal, en México hay un intenso movimiento de la propiedad agraria.
“Sin embargo, quien ha ganado con esta creciente movilidad ha sido el comerciante usurero de la tierra, aquel que sólo la ve como un objeto de compraventa y especulación. Es por ello, que nos oponemos categóricamente a la modificación constitucional o del marco jurídico secundario agrario, para agilizar el proceso de privatización del ejido y la comunidad”, dijo.
El dirigente del Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros, José Jacobo Femat, estimó que la reforma al artículo 27 no ha respondido a las expectativas que en su momento se crearon por parte del gobierno federal.
“Consideramos que el proyecto de nación que se generó a partir de esta reforma es contrario al interés social, al interés político, al interés nacional y esto desafortunadamente ha generado ambientes de violencia, de desestabilización y de desempleo en el país”, aseguró.
El representante añadió que se inhibió la creación de al menos cinco millones de empleos para jóvenes, quienes “por estar excluidos de la nueva política de Estado fueron obligados a abandonar sus familias, sus pueblos o su país. Con ello, se inició la atomización, disgregación de millones de familias”.
De acuerdo con Jacobo Femat, la reforma salinista detuvo el desarrollo social y la dotación de servicios comunitarios a ejidos “que hoy como nunca están sumidos en la marginación, la miseria, el atraso, el desempleo y el hambre”.
Antes, José Durán advirtió que sobre la propiedad social de la tierra “pesa el lacerante riesgo de las concesiones mineras, que para su explotación arrasan con la capa arable y disminuyen la superficie cultivable”.
Y luego de aplaudir la incautación de miles de toneladas de hierro extraídas de la costa michoacana en días pasados, expuso que “ahora le toca al Estado reponer a los dueños de la tierra la pérdida de miles de hectáreas que fueron destruidas en el proceso de extracción del mineral”.
La representante del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas, Isabel Cruz Hernández, destacó que “a espaldas de la sociedad rural y sin consultar a las comunidades indígenas, se han otorgado concesiones mineras y energéticas en 25% del territorio nacional, con una explosiva combinación de depredación ambiental, saqueo de territorios rurales, aparición de grupos paramilitares y conflictos agrarios crecientes” y una total ausencia de salvaguardas sociales y ambientales.
Además, desde 2006, dijo, todo el país y las regiones campesinas en general han estado expuestas a un severo desmantelamiento social, debido a la penetración absoluta del crimen organizado, que “no pudo encontrar mejores condiciones porque frente a la caída de precios de maíz, de café y de otros productos agrícolas, la falta de coberturas y apoyo a la comercialización, el incremento de la pobreza después de las crisis alimentarias del 2007, lo que hubo fue una gran cantidad de tierras para el cultivo de enervantes, como amapola y mariguana”.
El senador Gerardo Sánchez García, dirigente nacional de la CNC, ensalzó la “voluntad” y el “compromiso” del gobierno de Peña Nieto por mejorar las condiciones de este sector, pero también se sumó al diagnóstico desalentador de la vida en el campo.
“Es inmoral e inconcebible que la mortalidad materno-infantil llega a ser hasta diez veces mayor que en las ciudades y la expectativa de vida saludable sea menor en 15 años, en un país de jóvenes cuyo promedio de edad es de 27 años”, destacó.
El campo, agregó, requiere “no sólo una cirugía mayor, sino de emplear toda nuestra energía, talento e imaginación para que cerca de 30% de la población y 60% de los más pobres de los pobres, que viven en el campo, dejen de serlo”.
En su discurso, Peña destacó que la reforma al campo debe entenderse como un gran acuerdo de todos los sectores que representan a este sector –productores e instancias del gobierno– para revisar los distintos ordenamientos y políticas públicas que existen y “recoger la experiencia, lo que no ha funcionado y qué debemos modificar para que nuestro campo sea más productivo”.
El mandatario dijo que su gobierno tiene un firme compromiso con las familias que viven y dependen del campo de nuestro país. “Queremos que vivan con mayor dignidad, con seguridad social, con mejores ingresos; que podamos cambiar y corregir las perversidades que se dan dentro de la cadena productiva; que el campo, en lugar de beneficiar al productor y al consumidor de ciertos o de varios de los productos básicos de nuestro país, a veces solamente favorecen a los comercializadores o especuladores de estos productos”.
El gobierno federal, insistió, “tiene el compromiso de hacer del campo una de sus mayores prioridades, de emprender una reforma al campo entendida como el acuerdo y el consenso necesario que permita hacer ajustes tanto en las políticas públicas, como en distintos ordenamientos legales, que realmente permitan liberar potencial, fortaleza y crecimiento de la actividad del campo”.
Peña Nieto anunció que en 2014 la Sagarpa ejercerá el presupuesto más alto de su historia, que será de 82 mil 900 millones de pesos, 10% superior al de 2013. Luego, instruyó al titular de la Sagarpa que convoque a foros y espacios de diálogo y propuesta con organizaciones campesinas y los mismos propietarios, para conocer su experiencia.
Luego del encuentro con los campesinos, Peña Nieto abanderó el barco atunero Gijón, primero de una flota de siete, propiedad del Grupo Marítimo Industrial, que preside el empresario español Antonio Suárez Gutiérrez.
