OAXACA, Oax. (apro).- El Centro de Derechos Humanos Tepeyac y el obispo emérito de Tehuantepec, Arturo Lona Reyes, demandaron este martes una “acción urgente” para garantizar la seguridad de los integrantes de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio.
En un documento dirigido al presidente de la República, Enrique Peña Nieto; el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el gobernador de la entidad, Gabino Cué Monteagudo, expresaron su “más enérgico rechazo a las acciones de violencia cometidas contra la población indígena zapoteca de Álvaro Obregón”, perteneciente al municipio de Juchitán.
Lona Reyes explicó que esa población se organizó para la reconstitución comunitaria y con ello recuperar su sistema normativo indígena, sin embargo, la respuesta que han recibido, dijo, es la violencia, la omisión y la complicidad gubernamental.
Por ello, demandó “garantizar la seguridad e integridad física del cabildo comunitario y de la población de Álvaro Obregón para el pleno disfrute de sus derechos en el proceso de reconstrucción comunitaria y la defensa legítima de su derecho al territorio”.
De igual manera, pidió respetar el ejercicio del derecho del pueblo indígena a determinar sus estructuras y a elegir la composición de sus instituciones de conformidad con sus propios procedimientos, a partir del reconocimiento del cabildo comunitario elegido en Asamblea General Comunitaria el 8 de diciembre de 2013.
El cura también solicitó activar el Mecanismo Nacional de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, con el objetivo de garantizar la seguridad de los defensores de derechos humanos integrantes de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio.
Además, exigió realizar una investigación imparcial, expedita y apegada a los más altos estándares internacionales de derechos humanos, para sancionar de manera ejemplar a los responsables de las agresiones cometidas el pasado domingo 2 contra la población de Álvaro Obregón y evitar que esos hechos se repitan.
Ese día la Asamblea General de Álvaro Obregón emitió un comunicado en el que responsabilizó a priistas y líderes coceístas, entre ellos Héctor y Gloria Sánchez, de comprar la conciencia de los zapotecas de Álvaro Obregón a cambio de 2 mil pesos.
Los asambleístas zapotecas responsabilizaron a los operadores priistas Obet Fuentes Trujillo y Filiberto López, así como al presidente municipal Saúl Vicente Vásquez, de agredirlos e intentar quemar una patrulla, y de pretender secuestrar al hijo del agente comunitario Odelio López Vicente.
Por separado, Dionisio Zepeda Sánchez, integrante de la Comisión Electoral, denunció la agresión de cinco integrantes de la Asamblea General de Álvaro Obregón (opositores al proyecto eólico de Mareña Renovables), a quienes acusó de utilizar piedras, palos y detonar armas de fuego.
El indígena zapoteca aseguró que cumplieron con la convocatoria emitida por la autoridad municipal que encabeza Saúl Vicente para realizar una elección constitucional y elegir al agente municipal, lo cual –añadió– realizaron de manera pacífica el domingo 2, sin embargo, después de las 2 de la tarde horas escucharon la detonación de armas, y aseguró que cinco personas resultaron lesionadas.
