Procuraduría deslinda a alcalde de Chilpancingo de atentado contra empresario

La camioneta donde viajaba el líder local de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Pioquinto Damián Huato.
Foto: Ezequiel Flores

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El atentado en contra del empresario Pioquinto Damián Huato, ocurrido el 28 de enero al sur de esta capital, fue realizado por integrantes del grupo delictivo Los Rojos, debido a que afectó las actividades de esta pandilla, aseguró el procurador Iñaky Blanco Cabrera.

No obstante, el fiscal deslindó al alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, de cualquier nexo con la delincuencia y el atentado en contra de Damián Huato, al argumentar que “al momento no existen elementos de prueba y evidencias para acreditar” las acusaciones que ha lanzado el líder de comerciantes en contra del edil priista, al que incluso calificó de “narcoalcalde”.

Blanco Cabrera calificó estos señalamientos como “imputaciones aisladas” y exhortó al empresario a aportar pruebas, al advertir que “el que acusa tiene que demostrarlo”.

En respuesta, Damián Huato lamentó la actitud del titular de la PGJ, debido a que, según este planteamiento, ahora las víctimas tienen la obligación de probar los hechos a pesar de que es facultad exclusiva del Ministerio Público investigar y perseguir delitos a partir de la denuncia correspondiente.

Consultado al respecto, dijo que las declaraciones del procurador reflejan el manto protector de las autoridades sobre Mario Moreno y su hermano Ricardo, quien se desempeña como subdirector de la delegación de Sedesol federal.

“Los hermanos Moreno Arcos son la cabeza de la delincuencia organizada en Chilpancingo, y las autoridades ministeriales se niegan a investigarlos a pesar de que reconocen que el crimen organizado intentó asesinarme”, expresó el dirigente de comerciantes.

El ataque armado en contra de Damián Huato fue dirigido por los jefes de sicarios de los Rojos en Chilpancingo y Zumpango, Alejandro Herrera Estrada, El Chino, y Eder de Jesús Chávez López, El Eder –ambos prófugos–, refieren las declaraciones ministeriales reveladas por el fiscal guerrerense, donde anunció la detención de 12 miembros del grupo criminal, entre los que se encuentran un exagente ministerial y un expolicía estatal.

El funcionario también dio a conocer avances sobre la investigación del caso Pioquinto Damián, quien salió ileso de un atentado registrado la noche del 29 de enero al sur de esta capital, donde fue asesinada la nuera del líder de comerciantes y resultó herido el hijo del empresario.

Damián Huato, junto a su familia y amigos, regresaba del valle de El Ocotito donde se realizó una asamblea popular organizada por los pobladores, quienes decidieron conformar un grupo de autodefensa apoyado por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), en la que el empresario denunció presuntos nexos del alcalde Mario Moreno Arcos y su hermano Ricardo con el grupo delictivo Los Rojos.

Al respecto, el procurador afirmó que los responsables del atentado forman parte de la delincuencia organizada y responsabilizó a los miembros de la pandilla de Los Rojos porque, aseguró, se “perjudicaban los intereses” del grupo criminal relacionados con “el control de los cobros de plaza y los secuestros en la región”.

También dijo que hasta el momento la Procuraduría local ha ejercido acción penal en contra de 14 sicarios de Los Rojos, por los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio y secuestro agravado.

De los imputados, han sido detenidos 12 presuntos responsables, entre los que se encuentran tres mujeres, así como el policía estatal Juan Manuel Avalos Aguilar y el exagente ministerial Julio César Guzmán Camacho, El Guzmán, quien apenas el año pasado fue dado de baja de la corporación, indicó el fiscal.

No obstante, los líderes de esta célula al servicio de Los Rojos, El Chino y El Eder, son considerados como prófugos de la justicia.

Mientras que las imputaciones que hizo el empresario en contra de los hermanos Moreno Arcos han sido desechadas por la PGJ luego de considerar que no existen pruebas o evidencias que fundamenten los presuntos nexos de los políticos priistas con la delincuencia, indicó Blanco Cabrera.