La discrecionalidad (práctica de la administración pública que consiste en hacer las cosas al libre arbitrio y al margen de cualquier reglamento) es muy común entre quienes detentan un cargo oficial. Esto ha sido particularmente claro en el gobierno estatal, los municipios, la universidad pública y otros organismos oficiales que operan con el dinero de los jaliscienses y donde muchas cosas se hacen por capricho, ocurrencias y aun por la arbitrariedad. Los ejemplos abundan.
Durante la asistencia de Myriam Vachez, titular de la Secretaría de Cultura de Jalisco (SCJ), al Congreso local con motivo de la glosa del primer informe de gobierno de Aristóteles Sandoval, se dijo que andaban perdidos 6 millones de pesos del presupuesto de esa dependencia, dinero que habría ido a parar a los gastos del mencionado informe. Interrogada al respecto, la señora Vachez dijo no saber nada al respecto y manifestó que desconocía también si ese dinero habría sido usado en los gastos de propaganda de su jefe.
Esta insatisfactoria respuesta habla de una situación por demás anómala: que la SCJ sería ahora algo así como la caja chica del primer círculo del gobernador Aristóteles Sandoval y que hay también una mano (peluda o lampiña), la cual estaría disponiendo a su arbitrio y para fines ajenos a la promoción de las manifestaciones artísticas e intelectuales del dinero de la mencionada dependencia y sin tener siquiera la cortesía de avisarle a madame Vachez, quien para colmo de males aparecería como alguien que no tiene el control sobre el presupuesto de la secretaría que encabeza.
Otro buen ejemplo de este estilo arbitrario de gobernar sería el presuntamente “exitoso” programa de alcoholimetría de nombre Salvando Vidas, que la administración de Aristóteles Sandoval ha venido presumiendo desde que comenzó a aplicarse, a mediados del pasado mes de noviembre, en la zona metropolitana de Guadalajara, con el propósito de que los automovilistas no manejen en estado de ebriedad y eviten poner en riesgo la integridad física de terceros y la suya propia.
Nadie discute que el fin perseguido por dicho programa (evitar accidentes viales ocasionados por automovilistas ebrios) sea algo loable. Sin embargo, lo que sí debe cuestionarse son los medios (poco racionales, por no decir abusivos) empleados. Por principio de cuentas, el mencionado operativo detiene indiscriminadamente a cualquier automovilista, aun cuando éste no haya cometido ninguna falta. Además de la flagrante y sistemática violación de un derecho constitucional, con ello el gobierno de Aristóteles Sandoval establece tácita y arbitrariamente que todo mundo es sospechoso de manejar en estado de ebriedad hasta que no se demuestre lo contrario.
De este modo (inconstitucional) y según datos oficiales, la autoridad requiere “molestar en su persona y en sus bienes” (contra el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) a más de 50 automovilistas sobrios para poder dar con uno que, según la exagerada medición de los cocos pensantes de la Secretaría de Movilidad, manejaría en estado de ebriedad.
Tal y como el programa de alcoholimetría se viene aplicando en la capital jalisciense, hay otras arbitrariedades que no debieran pasarse por alto. Una de ellas es la de establecer una medida nada científica, según la cual la ingesta de dos cervezas o de dos copas de vino bastaría para considerar que una persona adulta se encuentra en estado de ebriedad, pues a eso equivale más o menos el 0.25 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre, a partir de lo cual un automovilista es sancionado –con reclusión que va de 12 a 36 horas y una multa que oscila entre 9 mil y 13 mil pesos–, aun cuando en la Ciudad de México y en Monterrey, donde el programa de alcoholimetría lleva ya varios años, el criterio de embriaguez sea casi del doble (a partir de 0.40 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre) y las multas sean considerablemente menores.
En otras palabras, mientras que en Guadalajara se califica como ebria –y por lo tanto no apta para manejar un automóvil– a la persona que haya consumido el equivalente a dos cervezas, en el Distrito Federal y en la capital regiomontana el criterio de embriaguez comienza a partir de la cuarta cerveza. ¿Será, acaso, que nuestras adelantadas autoridades estatales han llegado a la “científica” conclusión que los tapatíos se embriagan con más facilidad y con una menor cantidad de alcohol que los habitantes del resto del país? ¿Y ante esta ridiculez qué ha hecho o dicho quien se halla al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco? Nada, pues como “defensor” de los ciudadanos contra los abusos de la autoridad, el señor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián acostumbra hacerse el omiso, cumpliendo muchas veces el papel de cortesano del Ejecutivo estatal.
Pero no sólo en el ámbito estrictamente gubernamental rifan las prácticas discrecionales, caprichosas y arbitrarias, pues también se estilan en la universidad pública de Jalisco y hasta se disfrazan de “promoción de la cultura”. Eso es lo que ocurrió apenas el pasado 20 de febrero, cuando autoridades de la Universidad de Guadalajara discurrieron hacer un “homenaje” en el Paraninfo de esa casa de estudios al escritor Hugo Gutiérrez Vega con motivo de su octogésimo “cumpleaños”.
Hasta ese día no se había presentado cosa semejante: homenajear, a nombre de la UdeG, a una persona destacada a los ojos de las autoridades de esa institución por la hazaña intelectual de cumplir equis número de años. Ni siquiera eminencias de la cultura jalisciense de la talla de Juan Rulfo, Juan José Arreola, Agustín Yáñez, Blas Galindo, Luis Barragán o Juan Soriano fueron homenajeados en ocasión del aniversario redondo de alguno de ellos. Y lo mismo se podría decir de personalidades estrechamente ligadas a la UdeG, pues ni José Guadalupe Zuno ni José Parres Arias ni Amado Ruiz Sánchez ni Jorge Matute Remus ni Ignacio Díaz Morales ni Edmundo Ponce Adame ni Arturo Xavier González ni muchos otros maestros ilustres de la institución recibieron un homenaje oficial por cumplir años.
¿Y por qué en el caso de Gutiérrez Vega sí y sin que siquiera lo aprobara el Consejo General Universitario? Primero, por el cada vez más impúdico estilo discrecional, caprichoso, ocurrente y aun arbitrario con que la nomenklatura de la UdeG acostumbra manejar a la universidad pública de Jalisco. Luego, porque hay personas del mundillo intelectual con las que esa nomenklatura –que desde hacer un cuarto de siglo comanda el exrector Raúl Padilla– ha tratado de establecer una relación clientelar en busca de legitimación e interés político. Premios, homenajes, reconocimientos, coloquios “en honor de” y la repartición a destajo de doctorados Honoris Causa forman parte del repertorio para apapachar y dar masajes al ego de intelectuales más o menos mediáticos.
Los mandarines de la UdeG instituyeron una cátedra con el nombre de Hugo Gutiérrez Vega, a quien han enviado como conferenciante al extranjero y suelen traer a la menor provocación, lo mismo para ser jurado del Premio FIL que para inaugurar los cursos de equis centro universitario y hasta para que venga a soplar las velitas de su birthday cake. Por su parte, el susodicho no se cansa de repartir elogios, desde el suplemento que dirige en conocido diario capitalino, entre quienes lo han querido convertir en el ajonjolí de todos los moles culturosos de la comarca.
Ejemplos simples de la discrecionalidad que se estila en la administración pública de esta parte del mundo.
